En un contexto global cada vez más interconectado y competitivo, la soberanía energética se ha convertido en una piedra angular para la estabilidad económica y la seguridad nacional de México. En una reciente entrevista, la doctora Imelda Ortiz Medina docente investigadora de la Unidad Académica de Economía proporcionó una visión integral sobre la importancia de esta soberanía y el progreso del país en este ámbito.
La soberanía energética no es solo una cuestión de autonomía en la producción y uso de recursos energéticos; es también una afirmación de independencia y seguridad para cualquier nación. En palabras de Ortiz Medina, «Dejar la provisión de un recurso vital como la energía en manos de terceros equivale a entregar el futuro de la nación». Esta perspectiva subraya la importancia de mantener la soberanía energética como una prioridad en las políticas de Estado.
En los últimos años, México ha emprendido una serie de reformas y políticas destinadas a alcanzar la soberanía energética. Ortiz Medina destaca que el país ha avanzado significativamente en este sentido, aunque el proceso es complejo y gradual. Entre las medidas clave, se encuentra la reforma eléctrica que busca recuperar el control estatal sobre los recursos energéticos. Esta reforma incluye la renovación de 10 centrales hidroeléctricas y la eliminación de subsidios a empresas privadas de electricidad, lo que marca un paso importante hacia el fortalecimiento del sector energético nacional.
En el ámbito económico, el país ha reducido su dependencia de las importaciones de hidrocarburos, logrando un superávit en la balanza comercial en este rubro. La modernización de refinerías y la adquisición de activos estratégicos, como la refinería Pemex-Deer Park en Houston, son ejemplos claros de esta estrategia.
En el ámbito social, la doctora señaló que México se encuentra entre los países con mayor desigualdad a nivel global. Indicó que el 10% de la población controla el 78% de los hogares, lo que se traduce en un acceso limitado a la electricidad, gasolina y energías limpias por parte de la mayoría de los hogares. Esta desigualdad también afecta la capacidad de muchas personas para adquirir tecnologías como paneles solares, que podrían mejorar su acceso a fuentes de energía más sostenibles. Subrayo que, para alcanzar una verdadera soberanía energética, es crucial reducir las brechas de desigualdad económica, permitiendo así un acceso universal a las energías tanto a nivel individual como colectivo.
Desde una perspectiva ambiental, la nación mexicana se ha comprometido a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y fomentar el uso de energías limpias. La prohibición del fracking y el impulso de tecnologías como la energía solar, eólica y geotérmica son pasos importantes en esta dirección. Además, se promueve una cultura de ahorro energético y respeto por el medio ambiente, involucrando a la sociedad en la protección de los recursos naturales.
Sobre si México está tomando las decisiones correctas para asegurar una independencia energética sostenible a largo plazo, Ortiz Medina es optimista pero también crítica. Aprecia los esfuerzos actuales, que incluyen la recuperación del control estatal sobre la energía, la disminución de la importación de hidrocarburos, y la promoción de energías limpias. Sin embargo, subraya que el proceso debe ser más agresivo y sistemático.
“Construir una soberanía energética efectiva no es algo que se logre de la noche a la mañana”, afirma la doctora. “Es necesario implementar políticas públicas integrales que no solo se centren en la generación de energías limpias, sino que también consideren la conservación del medio ambiente y la preservación cultural de los pueblos”. Este enfoque transversal es vital para garantizar que los avances en el sector energético no comprometan el bienestar de las comunidades y la biodiversidad.
La soberanía energética es esencial para la estabilidad económica y la seguridad nacional de México. A medida que el país avanza hacia un modelo más autónomo y sostenible, es crucial mantener un equilibrio entre el desarrollo energético, la justicia social y la protección ambiental. Las decisiones tomadas hoy no solo definirán el futuro energético de México, sino también su capacidad para enfrentar desafíos globales y asegurar un desarrollo equitativo y duradero.
