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miércoles, 25 junio, 2025
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Claudia Sheinbaum ante la rebeldía de los obispos

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Hasta bien entrado el siglo XIX, la religión de Estado era la católica. A partir del desenlace de la Guerra de Reforma, Juárez promulgó las denominadas Leyes de Reforma, un conjunto de decretos emitidos entre 1859 y 1863 que tuvieron como objetivo consumar el proceso de separación de la Iglesia y el Estado. Dichos eventos configuran el perfil del Estado moderno mexicano basado en una laicidad que ha venido evolucionando.

Ha corrido mucha agua bajo el puente de la historia de México. Importantes sectores del clero han conspirado contra el Estado. Sólo así entendemos el surgimiento de importantes facciones disidentes, como el sinarquismo, Yunque, los Tecos, el Muro y una larga fauna católica de ultraderecha. El actual gobierno deberá tener cuidado, sobre todo ante los brotes de la derecha radical, sea de Verástegui, apoyado por Trump, o de otras formaciones. La ecuación es clara: en México la ultraderecha ha tenido su principal bastión en los católicos ultraconservadores.

Como pocas veces en la historia moderna de México, se observa hoy una oposición real de significativos sectores de la Iglesia católica contra el gobierno de la 4T. El obispo de Apatzingán, Cristóbal Ascencio García, aseguró en la catedral de la diócesis que, tras el triunfo de Claudia Sheinbaum Pardo, es inminente la llegada del comunismo a México. Desde el púlpito, clérigos y obispos ejercen indebidamente el proselitismo. La presidenta de México, ante la Iglesia, está frente a un terreno minado de intereses y revanchas.

Desde el inicio del gobierno de López Obrador, los obispos miraron con desconfianza su apertura a los sectores evangélicos. En especial, cuando les prometió televisión abierta y habilitó el apoyo de la Iglesia para distribuir la Cartilla moral, de Alfonso Reyes. Incluso los obispos cuestionaron la iniciativa, apelaron aplicar la laicidad del Estado.

Sin embargo, el detonante fue el asesinato de los jesuitas en la sierra Tarahumara en 2022. Los obispos pasaron abiertamente a ser una oposición eclesiástica. Apoyaron las marchas de oposición, publicaron cartas contra el gobierno, apoyando al INE de Córdova y a la Suprema Corte. Criticaron la política migratoria y la estrategia de seguridad. Reprocharon a AMLO recurrir al pasado para justificar sus errores. Le increparon polarizar al país con sus señalamientos. En síntesis, los obispos mexicanos conformaron el bloque religioso opositor que disputó las elecciones de 2024.

En pleno proceso electoral los obispos de Guanajuato, violando la normativa, sea en homilías o talleres de formación, abiertamente llamaron a no votar por Morena. Hoy varios sacerdotes están bajo los tribunales, señalados de intervenir en las elecciones. En septiembre pasado, en uno más de los comunicados del episcopado, advirtieron que la propuesta de reforma impulsada por el Ejecutivo no responde a una revisión integral del sistema judicial, ni garantiza una mejor y más cualificada impartición de justicia; más aún, afecta la autonomía del Poder Judicial y pone en entredicho la división de poderes. Desde entonces algunos obispos no han dejado de apoyar a la oposición contra la reforma judicial, contraviniendo lo que mandata la Constitución en el artículo 130, que prohíbe a la Iglesia criticar o cuestionar las políticas públicas del Estado. Llama la atención, la laxitud de las autoridades. Sheinbaum, de ascendencia judía, se ha declarado no religiosa que desde la laicidad respeta todas las creencias y sus iglesias. Ante la beligerancia de la jerarquía católica, la presidenta ha tendido la mano al episcopado para llevar una relación más atemperada, basada en mayor comunicación e intercambio de posturas. El presidente de la CEM, Ramón Castro, percibió en la presidenta mayor voluntad conciliatoria. La cúpula que dirige la CEM sabe que se rompió el monopolio social que tenía la Iglesia católica. Con la irrupción de los ciudadanos sin religión y el incremento de los evangélicos, ahora está configurada una sociedad más plural y secular.

Sin embargo, en la actual circunstancia se impone una inercia contestaria de miembros de la Iglesia católica que rechazan cualquier pacto, tregua o acercamiento con la 4T. Prefieren continuar con una actitud combativa y hasta provocadora. En La Jornada (25/11/24) denunciaba que el domingo, cobijados por ceremonias por la paz, obispos aprovecharon para criticar a la 4T y su reforma judicial. Las misas de ese domingo acrecentaron las críticas contra de la reforma judicial y, abiertamente, obispos y sacerdotes sobre todo del Bajío tuvieron expresiones de rechazo, llamando a la población a una movilización contra el proceso.

En la Basílica de Guadalupe se incluyó la petición por los integrantes del Poder Judicial y sus familias, para que pongan a Dios en el centro de sus preocupaciones. En Morelia, Michoacán, el sacerdote que inició el acto religioso también pidió por los integrantes del Poder Judicial de la Federación y por las consecuencias que conlleva la reforma judicial que vulnera los derechos y la carrera judicial, para que el espíritu obre en la paz de nuestra nación.

El gobierno de Sheinbaum enfrenta un galimatías. No basta acordar con las cúpulas de la CEM. La diversidad es tan grande que deberá tener especial atención geográficamente en el Bajío. Deberá estar atenta a congregaciones conservadoras, como los Legionarios de Cristo y el Opus Dei. La Iglesia alberga en su seno un histórico conservadurismo radical al asecho. Les recuerdo: la ultraderecha en México será católica o no será.

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Fuerza migrante

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La historia del capitalismo, por tanto, de Estados Unidos, se destaca por desplazamientos de personas que dejan sus países de origen para intentar encontrar mejores condiciones de vida en aquellas naciones en que las necesidades de acumulación de capital les ofrece oportunidad de encontrar trabajo. La migración hacia Estados Unidos se debe principalmente a la demanda y oferta de empleos en los que muchos migrantes se ocupan en los puestos más precarios, pero, aun así, encuentran salarios muy superiores a los que podrían obtener en sus países de origen.

Estados Unidos es, desde antes de llamarse así, un territorio conformado por migrantes. Los primeros llegaron caminando desde Asia por el estrecho de Bering. Siglos después desde Europa, por mar, arribaron ingleses, españoles, esclavos africanos, holandeses, irlandeses y franceses, a quienes con el paso de los siglos se sumaron personas provenientes de todo el mundo; a partir del siglo XX mexicanos, centro y sudamericanos en búsqueda de un llamado sueño americano que en demasiados casos se convierte en pesadilla.

Estados Unidos es resultado de múltiples y polifacéticas etapas migratorias. Después de la llegada de sus primeros habitantes y de los europeos que aniquilaron a través del genocidio a la población indígena, después de la ocupación del suelo mexicano perdido con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, a finales del siglo XIX y principios del XX, el territorio estadunidense comenzó a recibir a desplazados de la Revolución Industrial europea. En la década de 1970 se inició un gran éxodo de sudamericanos, centroamericanos y caribeños, pero principalmente de mexicanos –que también somos norteamericanos–, debido a la precarización del trabajo, a un mercado laboral trasnacional afianzado en Estados Unidos y, por supuesto, a la extensa frontera que compartimos con nuestros vecinos del norte.

A finales de la década de 1970 fue implantado a escala mundial –para elevar las ganancias de empresas y causar el decaimiento del estado del bienestar– el modelo económico neoliberal. En México se incrementaron la pobreza y la marginación, el trabajo se precarizó causando que una parte de la población encontrara en la migración el epicentro del capitalismo, Estados Unidos, la única opción para intentar salir de la pobreza extrema. La migración se convirtió en un fenómeno cuya principal causa fue la falta de trabajo remunerado resultante de aquel proceso de reinvención del capital que aumentó la acumulación a través de la precarización laboral al eliminar prestaciones y seguridad social.

Mucho es lo que se quejan en Estados Unidos de los migrantes, parecen no reconocer que la fuerza de trabajo a bajo costo que requirió ese modelo depredador fue satisfecha con ellos a quienes se contrató a cambio de bajísimos sueldos, sin derechos laborales ni seguridad social. Las precariedades, ausencia de condiciones de desarrollo, las vulnerabilidades, la pobreza extrema, y todo aquello que orille a poblaciones a huir de sus lugares de origen con rumbo a Estados Unidos son construcciones sociales intencionales; fueron agravadas adrede por grandes corporaciones en colusión con autoridades a través de distintas estrategias de desestabilización política y social para satisfacer las necesidades y los intereses del capital financiero especulativo.

Para buena parte de la opinología ilustrada el análisis económico relacionado con la migración laboral mexicana a Estados Unidos se centra en los posibles beneficios de las remesas para los países y regiones de origen, a pesar de que la contribución económica más relevante de los migrantes se realiza dentro de Estados Unidos.

Los casi 38 millones de mexicanos que viven ahí generan 338 mil millones de dólares al año, lo que equivale al producto interior bruto de Colombia. Por cada 131 empleos creados en filiales estadunidenses en México, se generan 333 empleos adicionales en Estados Unidos. En 2022 los migrantes sin documentos pagaron por impuestos alrededor de 97 mil millones de dólares. Más de 55 por ciento de las empresas emergentes estadunidenses valoradas en mil millones de dólares fueron fundadas por migrantes, quienes han impulsado avances tecnológicos que generan aún más riquezas. Los migrantes son parte integral y fundamental del crecimiento económico del país que se llama de las libertades y llama como sueño a su manera de vivir, pero que amenaza a los migrantes y sus países de origen a pesar de que, sin ellos, ni nosotros de este lado de la frontera, su economía se derrumbaría con las consecuencias sociales que ello implicaría.

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Presupuesto para el Campo, presupuesto para el Futuro

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En la Cámara de Diputados estamos a punto de aprobar el presupuesto de egresos de la federación para 2025, una herramienta fundamental para definir la distribución de los recursos destinados al bienestar de las y los mexicanos. Como legisladores federales, tenemos la responsabilidad de garantizar que este presupuesto no solo contemple las necesidades de los sectores urbanos, sino que también preste especial atención a uno de los segmentos más desprotegidos y olvidados: el sector rural.

En el campo mexicano se concentra una gran parte del rezago, la pobreza, las desigualdades y la marginación que enfrentan muchas comunidades. Es allí donde las brechas en el acceso a servicios básicos, empleo, educación y desarrollo son más profundas, y donde los recursos destinados a mejorar la calidad de vida de la población suelen ser insuficientes. Por ello, la inclusión de políticas y programas que favorezcan a este sector debe ser una prioridad en el análisis y discusión del presupuesto de 2025.

Es fundamental que el presupuesto contemple rubros importantes para el desarrollo del campo y la protección de los derechos de los ejidos y comunidades. La tierra debe ser para quienes la trabajan, es decir, para las familias rurales; sin embargo, los ejidos y comunidades a menudo son vulnerables a la especulación, la voracidad de grandes empresas y el despojo. Es esencial garantizar la certeza jurídica de estas tierras, impulsando políticas que favorezcan su correcta administración y protección, y promoviendo su uso sustentable para las generaciones venideras.

En cuanto al uso de nuevas tecnologías, la tecnificación del riego se presenta como un área clave. En un país donde gran parte de la producción agrícola depende de las lluvias, es crucial adoptar tecnologías que permitan un uso más eficiente del agua. La instalación de infraestructura moderna para el aprovechamiento adecuado de los recursos hídricos no solo incrementará la productividad, sino que también contribuirá a mitigar la creciente escasez de agua. Al mismo tiempo, esto favorecerá la conservación del suelo y del agua, elementos vitales para la sostenibilidad del medio ambiente y la seguridad alimentaria del país.

El cambio climático es uno de los mayores retos que enfrenta el sector rural, y sus efectos ya se están haciendo sentir en la agricultura y ganadería. Las sequías prolongadas, las lluvias erráticas y el aumento de las temperaturas ponen en riesgo la seguridad alimentaria del país y los medios de vida de millones de mexicanos. Por ello, es indispensable que el presupuesto de 2025 contemple recursos para acciones de adaptación y mitigación frente al calentamiento global, que no solo aseguren la viabilidad del sector, sino que también fortalezcan la resiliencia de las comunidades rurales ante los impactos del cambio climático.

Además, es necesario que el presupuesto contemple fondos de garantía, mismos que garantizan que las y los campesinos no se queden atrás cuando enfrenten dificultades, permitiéndoles recuperar su capacidad productiva y seguir contribuyendo a la economía nacional.

Al aprobar el presupuesto, debemos priorizar un campo más justo, equitativo y sostenible, donde los derechos de los ejidos y comunidades sean respetados, el uso de los recursos naturales sea eficiente y responsable, y el futuro de las generaciones venideras esté asegurado.

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Elecciones inéditas

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Será un proceso inédito. Los profesores, personal manual y administrativo de las dos secciones del SNTE en Zacatecas se aprestan a votar para elegir a sus dirigencias sindicales. Las elecciones, programadas para el 13 de diciembre tendrán como novedad el que cada uno de los sindicalizados votarán por primera vez mediante el sufragio universal, directo y secreto depositándolo en urnas por la planilla con los cargos sindicales que les llenen el ojo.

Superada la etapa de la validación de los padrones, a las respectivas contiendas se han inscrito los candidatos que encabezan y demás integrantes de las planillas en cada una de las secciones. Algunos de ellos ilustres desconocidos para el grueso de los agremiados. Van sus nombres por si los tienen de vecinos, laboran o cobran en sus centros de trabajo o son parte de su Delegación o zona escolar. O bien, si saben de ellos por ser grillos y haber participado en algunas movilizaciones o luchas sindicales abanderando algunas demandas de los afiliados.

Por la Sección 58 que reúne en su padrón a 5, 500 integrantes se inscribieron cinco planillas encabezadas por: Marcelino Rodarte (el más mediático a raíz de su lucha contra la reforma de la nueva aprobada reforma del ISSSTEZAC y otras luchas), Leopoldo Rodríguez, Indolfo Juárez, Guillermo Varela y Adrián Velázquez.

Por su parte en la Sección 34, la más numerosa, pues rebasa los 32 mil miembros; se registraron seis planillas representadas por: Aida Ruíz Flores Delgadillo, que al haberse desempeñado los ocho anti estatutarios años de la gestión de Soralla Bañuelos es la candidata de la oficialidad y de la propia Soralla; Jerónimo Sarmiento, Rosendo Arturo González (el más conocido y toreado y con mayores tablas por ser este el tercer intento que busca dirigir a la Secc.); Antonio Jacobo, siendo este el más institucional pues lo mismo ha estado en varios comités seccionales como en la Secretaría de Educación del estado, Miguel Marchant y quien representa al todavía existente aunque ya muy mermado MDMZ: el tabasquense y maestro multigrado la mayor parte de su ejercicio sindical, Filiberto Soto, a quien llaman el “profe Fili”.

Varios de estos candidatos también tendrán una participación inédita pues al ser poco conocidos y con poca presencia entre los agremiados, están destinados a jugar un papel testimonial. Con todo y esto, ya tendrán que platicarles a sus nietos.

Además de que los sindicalizados se estrenaran con el voto personal, directo, universal y secreto acorde con los nuevos estatutos, pero también mandatado así por la reformada Ley del Trabajo, será también nuevo el método para elegir a los representantes. Por primera vez no se elegirán en un Congreso. Se acabaron las sesiones maratónicas y desgastantes y los arbitrarios recesos en los que en plenas madrugadas iban a levantar de sus habitaciones a los delegados ya previamente maiceados con promesas de préstamos, créditos hipotecarios promociones, cargos y de otro tipo. Desvelados, cansados y atarantados los levantaban para que reanudados los trabajos y en el pleno del congreso a mano alzada con “mayoría visible” votaban por el “candidato y planilla de unidad” que ya les habían ordenado.

Cuando había problemas para conformar la “planilla de unidad” o porque existía el riesgo de que los opositores e alzaran con la victoria y les arrebataran el botín seccional, entonces repentinamente mediante el clásico charrazo el charro del CEN del SNTE procedía al cambio de sede y acarreo de los delegados. Una vez ya solitos y en secreto, clandestinamente pues, sin oposición ni estorbos en una encerrona, a veces en lugares alejados de la sede original se imponía a al nuevo líder sindical. Así se las gastaban los charros. Ahora todas las maniobras a las que recurren lo hacen mediante el papeleo y las trabas burocráticas que les ponen a los opositores.

En estas elecciones resultará básico para poder alzarse con el triunfo que, quienes encabezan las planillas sean conocidos, tengan presencia y sean aceptados por las bases magisteriales. Quien no cumpla con estas condiciones, ni yendo a bailar a Chalma, ni ofreciéndole mandas al Santo niñito de Atocha gana. 

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Aprueban diputados locales Ley de Ingresos para el 2025

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También se aprobaron las leyes de ingresos de diversos municipios. Foto: Poder Legislativo de Zacatecas

La 65 Legislatura aprobó la noche de este 4 de diciembre reformas fiscales y administrativas, además de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2025. En esta última, se contempla una proyección de ingresos por 40 mil 122 millones 468 mil 266 pesos, con un incremento en el impuesto sobre nómina de 3 a 3.5 por ciento y estímulos fiscales para nuevas empresas. 

También se aprobaron las leyes de ingresos de los municipios de Pinos, Miguel Auza, Ojocaliente, Noria de Ángeles, Villa Hidalgo, Tepetongo, General Francisco R. Murguía, Cañitas de Felipe Pescador, Trinidad García de la Cadena, Cuauhtémoc, Melchor Ocampo y Moyahua de Estrada, además de modificaciones al Reglamento General del Poder Legislativo.

El diputado Alfredo Femat expuso las reformas al Código Fiscal, la Ley de Hacienda y la Ley de Firma Electrónica. Señaló que estas modificaciones buscan modernizar el marco normativo estatal, destacando que “la Miscelánea Fiscal garantiza un marco eficiente y adaptado a las dinámicas económicas actuales”. Entre los cambios, se incluyen requisitos para el uso de firmas electrónicas avanzadas y la derogación de tarifas específicas en permisos relacionados con bebidas alcohólicas.

Ruth Calderón presentó el dictamen de la Ley de Ingresos para 2025. Indicó que el aumento en el impuesto sobre nómina “de 3 a 3.5 por ciento, es una medida razonable para mantener la estabilidad fiscal y promover la inversión”. Subrayó que las nuevas empresas podrán acceder a estímulos fiscales del 100 por ciento.

La diputada Ana María Romo Fonseca participó en la lectura de las leyes de ingresos municipales. Destacó los ajustes en cuotas y tarifas, como un incremento de hasta 10 por ciento en servicios básicos y de 5 a 8 por ciento en el impuesto predial, además de bonificaciones para sectores vulnerables. “Estos cambios buscan equilibrar las necesidades de recaudación con las capacidades económicas de los habitantes”, puntualizó.

José Luis González Orozco presentó las reformas al Reglamento General del Poder Legislativo, enfocadas en redefinir las competencias parlamentarias y administrativas. Expresó que las disposiciones aprobadas permitirán separar de manera más clara las funciones políticas de las administrativas, fortaleciendo la transparencia en la gestión.

En asuntos generales, la diputada Renata Ávila invitó a participar el próximo miércoles 11 de diciembre en un foro sobre derechos humanos organizado por la comunidad LGBTQ+ y el viernes 21 de diciembre en un bazar navideño con artesanas y emprendedoras feministas. 

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Continúan entregas de calentadores solares en el Ayuntamiento de Guadalupe

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Hasta 16 familias de la Quinta San Jerónimo fueron beneficiadas Foto: Ayuntamiento de Guadalupe

Como parte del programa “Bienestar para el Hogar” que lleva a cabo Gobierno del Estado en conjunto con el Ayuntamiento de Guadalupe, se llevó a cabo la entrega de 16 calentadores solares a familias de la Quinta San Jerónimo, en el Fraccionamiento Las Quintas en dicho municipio. 

El acalde de Guadalupe, Pepe Saldívar, señaló que existe un compromiso por parte de las autoridades estatales y municipales para establecer acciones que contribuyan en el mejoramiento de la calidad de vida de las familias zacatecanas “y en este caso de las y los guadalupenses, quienes se ven beneficiados con estos calentadores solares”.

Explicó que los calentadores entregados, los cuales son de 15 tubos y con capacidad de 175 litros, significan un apoyo sustancial para la economía de las familias y confirmó que en esta primera etapa se estarán entregando un total de 300 apoyos de este tipo.

“Seguiremos entregando de manera directa los apoyos sociales, sin intermediarios y siempre contando con el apoyo del Señor Gobernador y el bonito equipo que estamos formando de manera interinstitucional”, subrayó.

Bennelly Hernández Ruedas, secretaria de Desarrollo Social del Estado, agradeció y reconoció el trabajo arduo que realiza el Ayuntamiento en todas las colonias.

“Estoy muy contenta de que sea en Guadalupe donde ahorita se están entregando estos apoyos que forman parte de un proyecto tan importante y ambicioso”, mencionó.

A esta entrega de manera también acudieron los diputados locales Susana Barragán y Saúl Cordero.

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Capacitan a servidores públicos en temas de prevención del delito

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Estas actividades se realizan en el marco de la Semana de la Paz. Foto: Godezac

En el marco del Año de la Paz y con el propósito de ampliar los conocimientos que permitan un trabajo más efectivo al interior de las comunidades en materia de prevención del delito, personal del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (Ilanud) ofreció un curso sobre Lineamientos Metodológicos para el Quehacer Comunitario.

Este curso, promovido por el Gobierno del Estado, permitirá que el personal gubernamental cuente con los conocimientos necesarios para brindar una mejor atención a la ciudadanía.

Carlos Alberto Alessandro y María Luciana Casal, coordinadores de prevención del delito del Ilanud, ofrecieron asesoría técnica y capacitación en el trabajo socio comunitario e implementación de metodologías y buenas prácticas que fomenten la participación comunitaria para reducir factores de riesgo, detonantes de conductas violentas en comunidades complejas.

Durante esta capacitación, que forma parte de las actividades programadas dentro de la Semana de la Paz, los expositores compartieron herramientas para llevar a cabo estas intervenciones comunitarias en polígonos prioritarios, que presentan factores de riesgo que son detonantes de conductas violentas, particularmente en las juventudes.

El curso estuvo dirigido a personal de la Subsecretaría de Prevención Social del Delito, Comisión Local de Búsqueda de Personas, Sistema para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), Defensoría Pública y personal de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ).

Personal del Ilanud y de la Subsecretaría de Prevención Social del Delito sostuvieron una reunión de trabajo, en la que la Subsecretaria Diana Saucedo Nava habló sobre la metodología aplicada para el funcionamiento de las Redes de Mujeres Constructoras de Paz (Mucpaz) y Juventudes Constructoras de Paz (Jucpaz), en escuelas y polígonos prioritarios.

Destacó la realización de las Jornadas de Paz, que se llevan a cabo con la participación de 21 dependencias gubernamentales, a través de las cuales se implementan acciones en materia de cultura de paz.

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Zacatecas: sexto lugar con mayor aumento en valor agregado bruto

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En el valor agregado bruto de este sector, tuvo 4.8% de variación Foto: La Jornada Zacatecas

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presentó los resultados de las Mediciones de la Economía Informal Trimestral por Entidad Federativa (MEITEF), donde dio a conocer que Zacatecas ocupó el sexto lugar con mayor aumento anual en el valor agregado bruto del sector informal, con un crecimiento del 13.3% entre el segundo trimestre de 2023 y el mismo periodo de 2024. 

Durango lideró con un aumento del 23.4%, mientras que Tabasco tuvo la mayor disminución, con un -4.1%. Respecto a la participación en esta variación nacional, Zacatecas se ubicó en la novena posición con menor participación, con un 0.13%. Tabasco tuvo la menor participación, con -0.1%, mientras que el Estado de México destacó con la mayor, con un 1.06%

En cuanto al valor agregado bruto de la economía informal, el estado tuvo una variación anual del 4.8%, por debajo del promedio nacional de 5.4%. Quintana Roo presentó el mayor aumento, con un 11.2%, mientras que Tabasco registró la mayor caída, con un -2.2%. En términos de contribución a la variación anual nacional, Zacatecas fue el décimo estado con menor impacto, aportando 0.05. Tabasco tuvo la menor contribución con -0.04, y el Estado de México, la mayor, con 0.68.

Zacatecas también figuró como el quinto estado con mayor disminución en el valor agregado bruto de otras modalidades de la informalidad, con una caída del -2.7% en el mismo periodo. Chihuahua presentó la mayor disminución, con un -4.85%, mientras que el Estado de México tuvo el mayor aumento, con un 5.1%. En este indicador, la entidad aportó -0.03, situándose en el octavo lugar de los estados con menor contribución. Chihuahua fue el que menos aportó, con -0.18, mientras que la Ciudad de México tuvo la mayor aportación, con 0.54.

En cuanto a puestos de trabajo remunerados en la economía informal, Zacatecas ocupó el séptimo lugar con mayor disminución, con un -1.6%. Sonora lideró las caídas, con un -5%, y Nuevo León tuvo el mayor aumento, con un 8.5%. Zacatecas contribuyó con -0.02 en este ámbito, siendo el séptimo estado con menor contribución. La menor contribución fue de Sonora, con -0.15, y la mayor, de la Ciudad de México, con 0.32.

En el sector informal, Zacatecas se posicionó en el lugar 12 entre los estados con mayor disminución de puestos de trabajo remunerados, con una reducción del 2%. Tabasco presentó la mayor caída, con un -5.9%, mientras que Durango tuvo el mayor aumento, con un 22.7%. Zacatecas aportó 0.02, siendo el undécimo estado con menor contribución. El Estado de México tuvo la menor contribución, con -0.35, y Nuevo León, la mayor, con 0.6.

En otras modalidades de la informalidad, la entidad fue el sexto lugar con mayor disminución en puestos de trabajo remunerados, con un -2.8%. Chihuahua registró la mayor disminución, con un -5.7%, y Chiapas el mayor aumento, con un 6.8%. Zacatecas aportó -0.04 en esta categoría, ocupando el octavo lugar con menor contribución. Sonora tuvo la menor contribución, con -0.18, y la Ciudad de México, la mayor, con 0.33.

En cuanto a las remuneraciones a precios corrientes en la economía informal, el estado ocupó el cuarto lugar con menor aumento, con un 5.9%. Tabasco tuvo el menor aumento, con un 3.6%, y Chiapas el mayor, con un 19%. Zacatecas contribuyó con 0.08, siendo el cuarto estado con menor aportación. Baja California Sur tuvo la menor contribución, con 0.04, y la Ciudad de México, la mayor, con 1.23.

En el sector informal, Zacatecas fue el octavo estado con menor aumento en remuneraciones a precios corrientes, con un 11.3%. Tabasco tuvo el menor aumento, con un 3.6%, y Durango el mayor, con un 39.5%. Zacatecas aportó 0.12 en este ámbito, siendo el cuarto estado con menor contribución. Morelos tuvo la menor aportación, con 0.08, y la Ciudad de México, la mayor, con 1.66.

Finalmente, en otras modalidades de la informalidad, Zacatecas ocupó el noveno lugar con menor aumento en remuneraciones a precios corrientes, con un 3.5%. Tamaulipas tuvo el menor incremento, con un 0.7%, mientras que Chiapas lideró con un aumento del 17.6%. La entidad contribuyó con 0.05, ocupando el sexto lugar con menor aportación. Baja California Sur tuvo la menor contribución, con 0.03, y la Ciudad de México, la mayor, con 0.98.

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Según Inegi, Zacatecas cuenta con mayor disminución en empleos remunerados

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Los resultados corresponden al segundo trimestre de 2024 Foto: La Jornada Zacatecas

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presentó los resultados de las Mediciones Trimestrales de los Puestos de Trabajo y sus Remuneraciones por Entidad Federativa (MTPTREF) correspondientes al segundo trimestre de 2024, donde informó que Zacatecas se ubicó en el séptimo lugar con mayor disminución de puestos de trabajo remunerados respecto al mismo periodo de 2023, con una reducción del 0.3%. Sonora registró la mayor disminución, con una caída de 1.7% y Chiapas con 6.2% el mayor aumento.

En términos de contribución anual al indicador nacional en este ámbito, el estado reportó un 0.0%, al igual que otros tres estados, entre ellos Tlaxcala. La menor contribución fue la de Chihuahua, con -0.08%, mientras que Nuevo León lideró con una aportación de 0.26%.

En cuanto a las remuneraciones de los asalariados, la entidad registró una variación positiva de 7.2%, ligeramente por debajo del promedio nacional, que fue del 7.7%, ubicándolo en el lugar 19 entre todos los estados. Coahuila tuvo el menor incremento, con 3.4%, y Chiapas registró el mayor, con un aumento de 14.7%.

En ese sentido, la entidad contribuyó con 0.07% al indicador nacional de remuneraciones, colocándose en el séptimo lugar entre los estados con menor contribución. Tlaxcala tuvo la menor aportación, con 0.05%, mientras que la Ciudad de México destacó como la mayor contribuyente, con 1.45%.

En cuanto a lo nacional, en el segundo trimestre de 2024, se registraron alrededor de 40.2 millones de puestos de trabajo remunerados en las actividades económicas del país, lo que significó un incremento anual del 1.4%.

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Encienden implantes cocleares que permiten escuchar a niños con problemas de audición

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Este año se han realizado 10 procedimientos quirúrgicos de este tipo. Foto: Godezac

Abrieron los ojos tan grandes como pudieron, el asombro no cabía en ellas y ellos, volteaban la cabeza hacia uno y otro lado, buscando el acompañamiento de papá y mamá ante una sensación que desconocían. Eso fue lo que vivieron siete niños y niñas que escucharon por primera vez.

Al experimentar el sonido, algún pequeño soltó el llanto; otro se sorprendió más, mientras que Oyuki, de 4 años de edad, tomó el micrófono, lo acercó a su boca e intentó expresarse. Cuando tocó el turno de Derian, su hermanita tomó la tableta y grabó el proceso de encendido del implante coclear en primer plano.

Después de pasar con la doctora que los ha acompañado en este proceso, las niñas y los niños fueron a jugar con globos y pelotas, entre ellos Camila, uno de los casos de éxito, que tras seis meses de terapia post-implante muestra mejoras significativas en su integración y que hoy decidió tomar el micrófono para decir papá, mamá.

Como testigo del momento, el gobernador David Monreal Ávila indicó que Zacatecas se ha colocado a la vanguardia en cirugías de implantes cocleares en beneficio de niños con discapacidad auditiva. Hoy, 32 niñas y niños más se encuentran en lista de espera, con la esperanza de escuchar, por lo que se comprometió a continuar el programa.

Destacó que en el presente año se realizaron 10 procedimientos quirúrgicos de este tipo, pero el objetivo va más allá pues se busca la integración plena de los niños y niñas a sus familias.

Carmen Olmos Zavala, directora general del Gabinete Audiológico CYKS, informó que, con disciplina y terapia diaria, los niños podrían dominar entre 50 y 100 palabras en un año tras recibir el implante.

La presidenta honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Sara Hernández, señaló que este es un proyecto muy ambicioso, donde todos suman, donde todos cuentan, por lo que agradeció a Jerónimo Medina, representante de Minera Fresnillo PLC, que aportó 4 millones 144 mil pesos como parte de su proyecto de impacto social, distribuidos entre Minera Fresnillo, Minera Saucito y Minera Juanicipio. Los costos incluyen 3 millones 493 mil pesos más IVA para los implantes y 854 mil pesos para las cirugías.

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