San José Iturbide, Gto. El juez penal de San José Iturbide, Carlos Berdón Juárez dictó auto de formal prisión al ex alcalde panista de Doctor Mora, Rubén Darío Piña Martínez al encontrar elementos para procesarlo por un peculado de dos millones 829 mil pesos.
Después de permanecer 10 días encerrado en los separos de la policía de San José Iturbide, el ex presidente municipal fue trasladado al Centro de Readaptación Social (Cereso) de San Miguel de Allende.
El ex edil de la administración (2006-2009) no alcanzó la libertad bajo fianza porque el monto de dinero del que presuntamente dispuso, encuadra como delito grave dentro del peculado.
El artículo 248 del Código Penal establece que comete peculado el “servidor público que disponga de un bien que hubiere recibido en razón de su cargo, se le impondrá de dos a diez años de prisión y de veinte a cien días multa”.
El siete de octubre del año 2010, el Congreso interpuso la denuncia penal 28/2010 al detectar que en el año 2007, el gobierno de Doctor Mora gastó dos millones 829 mil pesos para comprar material eléctrico y bienes muebles inexistentes.
El Poder Legislativo ha puesto seis denuncias penales contra quien resulte responsable por presuntos quebrantos superiores a los siete millones 337 mil pesos en agravio de la administración de Doctor Mora (2006-2009).
El 20 de septiembre del año 2008 denunció un daño patrimonial por 392 mil pesos por la supuesta entrega de apoyos que no fueron comprobados, en el periodo de julio a diciembre del año 2006. La denuncia penal 20/2008 fue consignada, reportó la Unidad de Transparencia del Congreso.
Derivado de una auditoría practicada por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) se detectó que en el periodo de enero a junio del 2008 se realizaron gastos improcedentes por más de un millón 387 mil pesos para la organización de la feria. La denuncia presentada el 21 de diciembre del 2010 fue archivada.
En la misma revisión del OFS, resultó que para la organización de la feria se hicieron gastos improcedentes por más de dos millones 387 mil pesos, en este caso la denuncia si fue consignada.
El 10 de diciembre del 2010, la PGJE recibió una denuncia por gatos irregulares de tres mil 724 pesos realizados en el año 2008, la querella fue consignada.
Por último, según información proporcionada a La Jornada por la Unidad de Transparencia del Poder Legislativo, el 16 de diciembre del 2010 se interpuso una denuncia por anticipos no amortizados que ascendían a los 335 mil pesos. Esta querella fue archivada.
En los últimos seis años, el Congreso presentó 150 querellas por quebrantos al gobierno estatal y a varios ayuntamientos, del total de los casos la Procuraduría de Justicia archivo y reservó el 58 por ciento y sólo consignó el 16 por ciento.
Del 100 por ciento de las denuncias, 54 fueron archivadas, 13 están reservadas, 53 están en trámite de investigación, 24 están consignadas ante un juez y seis más están incompletas, acumuladas o no son del fuero común. La información dada por el Poder Legislativo no detalla si en los casos consignados hay sentencias condenatorias.
