La semana pasada se dieron a conocer los resultados del Latinobarómetro, informe que además cumple 30 años de monitorear la democracia en América Latina. El recorrido de la información que ha arrojado dicho monitoreo, de 1995 a 2025-2026, establece, entre otras interesantes premisas, que en nuestra región la democracia liberal nunca terminó de instalarse del todo; no hemos superado (aún) actitudes proautoritarias incompatibles con tal modelo de gobierno.
Pero esto no obedece solo a una idiosincrática terquedad, sino también, y sobre todo, a la incapacidad que hemos tenido en el subcontinente para consolidar instituciones y sistemas efectivos, que funcionen como deberían hacerlo en el ideal del modelo democrático liberal. Acudamos a la literalidad del documento: “Los ciudadanos identifican correctamente las iliberalidades, desigualdades de derechos en los gobiernos que los rigen, que se alejan de la democracia prometida”. Así lo demuestran los datos: el 52 por ciento de los latinoamericanos dice que no le importaría que llegara al poder un gobierno no democrático si resuelve los problemas, ocho puntos más que en 2002.
Cifra por cifra, esta tesis se sostiene. A la pregunta “¿Cuánto ha hecho el Estado por usted y su familia en los últimos tres años?”, apenas un 26 por ciento respondió que mucho o algo, frente a un arrollador 73 por ciento que considera que poco o nada; esta última cifra ha aumentado 10 puntos porcentuales desde 2011. Llama la atención que en México no ha habido variación: en 2011, un 34 por ciento respondió mucho o algo, frente a un 35 por ciento en 2025-2026.
Cuando acudimos al desglose por servicio público, la cifra cobra aún más sentido. En materia de salud, el promedio de satisfacción con los hospitales públicos en la región pasó de 46 por ciento en 2009 a apenas 28 por ciento en 2026 (en el caso mexicano se situó en 36 por ciento); en educación, de 54 por ciento a 40 por ciento (México se ubicó en 49 por ciento); en seguridad y justicia, la satisfacción con la policía pasó de 35 por ciento a 30 por ciento, y con el sistema judicial, de 33 por ciento a 22 por ciento (México obtuvo en 2026 un 22 por ciento y un 27 por ciento, respectivamente).
Para finalizar la danza de porcentajes, cabe destacar que la caída se acentuó a partir de 2015, lo que, desde el análisis, permite inferir que coincide con la inauguración de la ola populista que ha venido experimentándose en la región. Destaca, sobre todo, que El Salvador encabeza la satisfacción en los cuatro rubros, alcanzando hasta un 76 por ciento en educación y un 75 por ciento en relación con la policía. Para los salvadoreños, en una escala del 1 (nada eficiente) al 10 (totalmente eficiente), su Estado alcanza una puntuación de 6.8, frente al promedio regional de 4.7 y al 5.0 del Estado mexicano. El país centroamericano también encabeza los rankings en progreso en la reducción de la corrupción y en la confianza en el buen uso de los impuestos.
El Salvador es, así, un caso paradigmático en el que vale la pena detenerse: de un apoyo a la democracia de 79 por ciento en 1998, cayó, con una ruta zigzagueante, hasta 28 por ciento en 2018. Al año siguiente resultó electo el actual presidente, Nayib Bukele, y el ascenso fue inmediato: para 2020 el apoyo ya era de 46 por ciento, y en este estudio alcanza 48 por ciento.
No por ello dicho país es un referente a imitar, sino la confirmación de una advertencia que tampoco es nueva en nuestro subcontinente: el caudillaje como método de gobierno. Para el propio informe, El Salvador ha dejado de ser una democracia y se ha convertido en la dictadura más joven de la región; ahí están las reformas que permiten la reelección indefinida y las alarmantes violaciones a los derechos de los detenidos.
Además, su apoyo a la democracia (48 por ciento) sigue por debajo del promedio regional (52 por ciento) y la confianza en su gobierno supera, con mucho, al respaldo que se otorga al sistema democrático. Es, pues, la expresión misma del caudillaje: por sobre las instituciones imperecederas, la fe en el voluntarismo y capacidad del “amado líder” (Diego Fonseca dixit).
Cabe precisar que, a pesar de todo lo anterior, hay insumos para el optimismo: el 65 por ciento de los latinoamericanos sigue considerando la democracia como el mejor sistema de gobierno, con todo y sus problemas, y un 74 por ciento afirma que sin elecciones no puede haber democracia.
Lo que podemos apreciar en 30 años de monitoreo es que una democracia, por más liberal que sea y por más derechos que otorgue, si estos no se traducen en un Estado de bienestar que garantice servicios de calidad y condiciones de vida digna, difícilmente se sostendrá en el necesario respaldo popular que requiere para sobrevivir, abriendo la puerta a regímenes que, en aras de la eficacia, sacrifiquen la libertad, haciendo con ello retroceder la historia política de la humanidad y condenándonos a repetirla.
@CarlosETorres_
