El Observatorio de Ciberviolencias de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ) acumula 31 expedientes de agresiones digitales en contra de estudiantes, docentes y trabajadoras universitarias desde su creación, a mediados de 2025, informaron Adriana Rivero Garza y Verónica Aguilar Vázquez.
Rivero Garza explicó que los casos únicamente han quedado documentados, lo que atribuyó a la falta de una regulación que establezca procedimientos para atender y sancionar la violencia digital. Aunque se hicieron del conocimiento de las autoridades universitarias, de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ) y de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), ninguno ha podido seguir un cauce legal.
La instancia se conformó a partir de las violencias en contra de universitarias a raíz del proceso electoral universitario en 2025 y las manifestaciones que consiguieron la rescisión laboral del exrector Rubén Ibarra Reyes, por el delito de abuso sexual infantil agravado.
Aguilar Vázquez señaló que en un inicio se minimizó el problema bajo el argumento de que ocurría en la virtualidad y que ahí no podía causarse daño. Sin embargo, señaló que las agresiones estaban dirigidas a compañeras que alzaban la voz o hacían algún señalamiento, por lo que el Observatorio las identifica como un mecanismo para callar, intimidar y generar miedo.
En cuanto a los agresores, indicó que en los expedientes hay perfiles identificados de universitarios, aunque otros operan desde el anonimato, con páginas o perfiles cuyos titulares no han podido identificarse. No obstante, al estar enfocados en el contexto universitario, consideró probable que también sean personas del interior de la institución.
La abogada y activista subrayó que la Ley Orgánica de la BUAZ sí permitiría abrir procesos administrativos contra actividades que generen conflictos o malestar entre universitarios. Añadió que ya han planteado el problema a las autoridades para que establezcan procedimientos para atender y sancionar estas violencias.
