Ciudad de México. Tras casi 40 años de vigencia de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, el gobierno federal presentó este miércoles una iniciativa para actualizarla, argumentando que el país enfrenta desafíos ambientales inéditos como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación de océanos y costas.
En la habitual rueda de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena Ibarra, dijo presentó la propuesta y dijo que será enviada próximamente al Congreso con el propósito de «fortalecer las capacidades del Estado mexicano para proteger, cuidar, conservar, restaurar el medio ambiente y los recursos naturales».
Bárcena sostuvo que la nueva ley es resultado de «una nueva relación entre el desarrollo, el bienestar, la prosperidad y la naturaleza y sobre todo una relación que se basa en la justicia ambiental». Explicó que durante décadas prevaleció un modelo de desarrollo que privilegiaba «la rentabilidad inmediata» y desconocía el bienestar de las comunidades y la protección del patrimonio natural, frente a lo cual el gobierno impulsa ahora una política ecológica y ambiental humanista que coloca en el centro a las personas, las comunidades y los pueblos indígenas y afrodescendientes.
La secretaria señaló tres razones para justificar la nueva legislación. La primera es que el planeta enfrenta desafíos ambientales que no existían cuando se promulgó la ley vigente, en 1988, entre ellos el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación de océanos y costas. La segunda es que la nueva ley incorpora herramientas inéditas para atender esos retos, como un programa de restauración ecológica y disposiciones sobre cambio climático, temas ausentes en la legislación anterior, además de que otorga mayor certeza jurídica a comunidades e inversiones. La tercera razón, dijo, es que la ley integra avances científicos y tecnológicos —como los relacionados con la economía circular— en combinación con los saberes ancestrales de los pueblos indígenas, y refuerza la prevención y la restauración con participación ciudadana.
Bárcena detalló que la ley se fundamenta en diez principios, entre ellos que el patrimonio natural es «el fundamento de la vida, la prosperidad y el bienestar»; que no puede haber justicia social sin justicia ambiental; y que se prioriza la prevención de daños ambientales por encima de la reparación, sin descartar esta última. Dijo que la legislación vigente no contemplaba los conceptos de restauración, reparación ni remediación, que ahora se incorporan.
Entre los beneficios para la población, la funcionaria mencionó la garantía de un medio ambiente sano para proteger la salud de la niñez, en cumplimiento del artículo cuarto constitucional; el acceso a la información y a la justicia ambiental; la respuesta al cambio climático y a la pérdida de biodiversidad; el fomento al reciclaje; y la protección de especies emblemáticas como el lobo mexicano, el cóndor y la ballena azul. Precisó que la iniciativa se vincula con la Ley de Bienestar Animal, que la dependencia trabaja por instrucciones de la presidenta.
Bárcena añadió que, más que punitiva, la ley busca ser «propositiva», al exigir que quienes impulsen grandes proyectos realicen una evaluación estratégica ambiental previa y evitar que los proyectos se fragmenten para eludir su análisis integral en una región.
