Si existe un indicador que debería ocupar un lugar central en la evaluación de cualquier gobierno es el empleo. No sólo porque representa una fuente de ingresos para las familias, sino porque el trabajo digno, formal y suficientemente remunerado constituye una de las principales vías para reducir la desigualdad, ampliar derechos sociales y construir una economía con mayor capacidad de bienestar.
Para los gobiernos progresistas y de izquierda, esta responsabilidad es todavía mayor. La transformación social no puede limitarse a la ampliación de programas sociales o a la construcción de infraestructura. Debe traducirse también en oportunidades laborales estables, con salarios dignos, seguridad social y condiciones que permitan a las familias vivir con mayor certidumbre.
Por ello resultan preocupantes los datos recientes sobre el mercado laboral de Zacatecas. La población ocupada se ubicó en alrededor de 680 mil personas, unas 8 mil menos que en 2025. A ello se suma que 42 por ciento de la población enfrenta condiciones críticas de ocupación y que la informalidad laboral alcanza 61.2 por ciento.
Más allá de las cifras, lo que estos indicadores revelan es un problema estructural: una parte importante de quienes trabajan en Zacatecas lo hace en condiciones precarias, con jornadas excesivas, bajos ingresos o sin acceso pleno a las prestaciones vinculadas con el empleo formal.
El desafío, por tanto, no consiste simplemente en crear más puestos de trabajo, sino en generar empleos formales, productivos y bien remunerados. De poco sirve presumir la llegada de inversiones si éstas no se traducen en mejores salarios, estabilidad laboral y oportunidades para los trabajadores zacatecanos.
Zacatecas necesita revisar con seriedad su estrategia económica. Es indispensable fortalecer la promoción de inversiones, pero también vincularla con cadenas productivas locales, formación de capital humano, innovación, infraestructura y políticas salariales que permitan que una mayor parte del valor generado permanezca en el estado.
También debe aprovecharse el enorme potencial de sectores como la minería, la agroindustria, el turismo, las energías renovables, la logística y las nuevas industrias tecnológicas. Pero el criterio no puede ser únicamente cuánto capital llega, sino cuántos empleos formales genera, cuánto pagan y qué posibilidades de desarrollo profesional ofrecen.
Quizá para la actual administración estatal el margen de maniobra sea ya limitado, cuando el sexenio entra en su etapa final. Pero sería un error considerar que el problema puede heredarse sin más al siguiente gobierno.
El empleo tendrá que convertirse en uno de los grandes temas de la próxima elección por la gubernatura. Quienes aspiren a gobernar Zacatecas deberán presentar propuestas concretas, medibles y financieramente viables para revertir la informalidad, elevar los salarios y recuperar el dinamismo de la ocupación.
Porque gobernar desde una perspectiva progresista significa, precisamente, ampliar derechos y oportunidades. Y entre ellos, uno de los más importantes es el derecho a encontrar un trabajo que permita vivir con dignidad.
Zacatecas necesita retomar el rumbo. Y buena parte de ese rumbo se definirá en la capacidad de pasar de una economía que simplemente ocupa a su población a una economía que emplea, remunera y ofrece futuro.
