Ginebra. Expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en derechos humanos instaron ayer a la comunidad internacional a actuar con rapidez para evitar que Cuba se convierta en una “Gaza silenciosa”, como consecuencia de las sanciones impuestas por Estados Unidos, en momentos en que el gobierno del presidente Donald Trump reforzó su bloqueo e impuso nuevas medidas coercitivas a cinco entidades de la isla y a ocho personas que, aseguró, sin presentar pruebas, ayudan a La Habana a adquirir armas y mantener relaciones con ejércitos extranjeros.
Washington recrudeció en enero el bloqueo económico que mantiene contra la isla desde 1962, con un cerco petrolero y otras medidas coercitivas que han agravado la situación económica y provocado una grave escasez de alimentos, medicinas y frecuentes apagones en todo el país.
“Las consecuencias humanitarias ya se convirtieron en una crisis en toda regla, que amenaza los derechos a la salud, la vida, la alimentación y al desarrollo”, advirtieron los expertos de la ONU.
Para millones de cubanos, conseguir agua y comida, desplazarse de un lugar a otro e incluso dormir se ha convertido en un desafío cotidiano. La energía, el transporte, el riego y los servicios básicos están fallando; esta situación afecta de manera desproporcionada a mujeres, niños, personas mayores y otros grupos vulnerables.
“Los alimentos nunca deben utilizarse como instrumento de presión política. Las medidas que privan deliberadamente a una población de los medios para sobrevivir atentan contra las garantías más básicas del derecho a la vida y menoscaban la esencia de la dignidad humana”, afirmaron en un comunicado.
“El gobierno de Estados Unidos debe poner fin a todas las amenazas y actos hostiles contra la soberanía de Cuba y revocar todas las medidas que ha impuesto a la isla y que son contrarias al derecho internacional”, enfatizaron.
Entre los expertos de la ONU figuran George Katrougalos, especialista independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, y Zaina Jallad, relatora especial sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos.
“El Consejo de Seguridad y la Asamblea General deberían abordar urgentemente estas amenazas como una cuestión de paz y seguridad internacionales”, añadieron los expertos, entre ellos, Sofía Monsalve Suárez, relatora especial sobre el derecho a la alimentación, y Surya Derva, especialista en derecho al desarrollo, así como el Grupo de Trabajo para los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales.
Por su parte, Marco Rubio, secretario de Estado estadunidense, justificó las nuevas sanciones al asegurar, sin pruebas, que Cuba “patrocina el terrorismo, espía a Estados Unidos, arma a radicales violentos de izquierda, difunde una ideología marxista perniciosa y sirve de base para Rusia, China e Irán a sólo 145 kilómetros de nuestras costas. Washington no tolerará que un Estado canalla albergue operaciones militares, de inteligencia y terroristas hostiles en nuestras fronteras”, añadió el funcionario de familia cubana.
Las penalizaciones anunciadas ayer por la Casa Blanca se dirigen contra filiales del conglomerado militar cubano Gaesa –que ya cuenta con sanciones anteriores–, un holding militar y una empresa de reparación de aeronaves castrenses.
Entre las personas mencionadas están Álvaro López Miera, ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, el jefe del Estado Mayor, Roberto Legra Sotolongo, y los agregados militares de Cuba en Rusia y China, entre otros.
Por su parte, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, reiteró los peligros de la actual “doctrina militar de dominación estadunidense, que promueve la imposición de la paz mediante la fuerza y una desenfrenada carrera armamentista”, a propósito del 81 aniversario del lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima por parte de Washington.
En su cuenta de X, Rodríguez reafirmó “el firme e invariable compromiso de Cuba con el desarme nuclear general y completo”.
