Zacatecas no puede observar con distancia la escalada de violencia y persecución emprendida por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Estados Unidos. Para una entidad donde prácticamente todos mantenemos vínculos cotidianos con el vecino país del norte, cada operativo, cada detención arbitraria y, sobre todo, cada muerte de un migrante representa una herida compartida a ambos lados de la frontera.
Tras el asesinato de otro mexicano durante un operativo del ICE, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el Gobierno de México prepara medidas jurídicas que irán más allá de las notas diplomáticas y de las denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La postura responde a una realidad que golpea con especial fuerza a estados binacionales como Zacatecas, cuya historia económica, social y cultural está profundamente ligada a la migración hacia Estados Unidos.
Durante décadas, las comunidades zacatecanas han construido un auténtico territorio binacional. Municipios como Jerez, Nochistlán, Jalpa, Fresnillo, Valparaíso, Río Grande, Sombrerete o Miguel Auza mantienen una relación permanente con ciudades estadounidenses donde radican miles de paisanos. Las remesas sostienen economías familiares, financian proyectos comunitarios y constituyen uno de los pilares del desarrollo estatal. Detrás de cada transferencia bancaria existe una historia de trabajo, sacrificio y contribución tanto para México como para la economía estadounidense.
Sin embargo, esa aportación contrasta con la política de criminalización impulsada durante la administración de Donald Trump. La persecución indiscriminada, las redadas y el uso desproporcionado de la fuerza colocan a miles de familias zacatecanas en una situación de incertidumbre permanente. La dificultad para exigir responsabilidades al gobierno estadounidense mediante los mecanismos internacionales es evidente: Washington ha construido durante décadas un entramado jurídico que limita la posibilidad de que tribunales internacionales emitan resoluciones vinculantes en materia de derechos humanos.
Ello no significa que México deba renunciar a la defensa de sus connacionales. Por el contrario, corresponde fortalecer todas las vías legales, diplomáticas y de acompañamiento consular disponibles, así como respaldar a las organizaciones civiles que documentan abusos y brindan asistencia jurídica a las personas migrantes. La protección de los derechos humanos no puede depender de la nacionalidad ni del estatus migratorio.
Para Zacatecas, este debate trasciende la política exterior. Se trata de defender a integrantes de nuestras propias familias. Prácticamente todos los municipios del estado tienen hijos, hermanos, padres o abuelos que viven y trabajan en Estados Unidos. La relación binacional ha definido la identidad zacatecana por generaciones y ha permitido el desarrollo de ambas naciones.
Hoy, frente a un contexto de creciente hostilidad, la sociedad zacatecana debe cerrar filas en solidaridad con su comunidad migrante. Defender la dignidad, la vida y los derechos de quienes han contribuido durante décadas al crecimiento económico y social de Estados Unidos no sólo es una obligación del Estado mexicano; es también un compromiso histórico de un Zacatecas cuya realidad se construye, desde hace más de un siglo, a ambos lados de la frontera.
