La Subsecretaría de Transporte Público de Zacatecas informó que en el estado operan 58 empresas autorizadas para prestar el servicio de grúas, con un total de 93 concesiones registradas, y que las tarifas de referencia corresponden a un tabulador acordado con los concesionarios desde 2016, aunque éste no fue publicado en el Periódico Oficial del Estado.
En entrevista con este medio, el subsecretario de Transporte Público, Javier Reyes Romo, explicó que las tarifas son fijadas por el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría General de Gobierno, y que la dependencia utiliza como referencia el documento elaborado hace casi una década.
El tabulador contempla un cobro de 650 pesos por arrastre en operativos de alcoholímetro; 350 pesos por arrastre derivado de una infracción en la zona conurbada; y mil 300 pesos por arrastre en accidentes sin maniobras en la zona conurbada.
En accidentes que requieren maniobras, establece un cobro inicial de mil 300 pesos por arrastre, además de 700 pesos por cada hora adicional de maniobra. También fija tarifas diarias de 60 pesos por pensión de vehículos tipo sedán, 100 pesos para camiones urbanos y 30 pesos para motocicletas. Asimismo, considera cobros de 300 pesos por almacenamiento, 350 pesos por custodia y 250 pesos por banderazo.
«Sí hay un tabulador que se realizó en el 2016, pero no se publicó en el Periódico Oficial; por lo tanto, no se formalizó ni se oficializó. Pero sí se presentó, se acordó con los concesionarios de grúas», señaló el funcionario.
Reyes Romo señaló que, como parte de la revisión anunciada por el Gobierno del Estado en marzo, se verificaron las unidades, el pago de derechos de concesión, las pólizas de seguro y sus condiciones físicas.
Precisó que en la entidad existen 93 concesiones de grúas distribuidas entre 58 empresas autorizadas.
Sobre los cobros realizados en carreteras federales, explicó que la Subsecretaría únicamente regula las concesiones estatales dentro del municipio para el que fueron otorgadas, mientras que en vías federales la coordinación de los servicios de arrastre corresponde a la Guardia Nacional y a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), las cuales, dijo, manejan un esquema tarifario distinto.
Añadió que la dependencia exige a los concesionarios colocar en sus corralones una manta visible con las tarifas aplicables para que los usuarios puedan conocer los costos de los servicios.
Múltiples inconformidades por cobros excesivos fueron referidas por el diputado Martín Álvarez Casio al presentar en 2025 una iniciativa para regular los servicios de grúas y corralones en Zacatecas.
Entre los casos recientes se encuentra la denuncia pública de la abogada Gabriela Ruiz por una factura de 73 mil pesos, por el arrastre y resguardo de un tractocamión en un corralón de Grúas Márquez, en Fresnillo. Explicó que el vehículo permaneció bajo resguardo mientras se realizaban trámites ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ) y la Guardia Nacional para obtener su liberación.
Ruiz señaló además que, al acudir a realizar el pago, inicialmente se negaron a entregarle un comprobante porque el propietario del vehículo, de nacionalidad extranjera, no contaba con constancia de situación fiscal mexicana. Añadió que impugnará el cobro y que, durante sus gestiones, personal de la Guardia Nacional le comentó que existen otras inconformidades por servicios de grúas en ese municipio.
