La crisis financiera del ISSSTEZAC ha llegado a un punto en el que las soluciones extraordinarias parecen inevitables. Entre ellas se encuentra la desincorporación de diversos bienes del instituto para que pasen a manos del Gobierno del Estado y, con ello, compensar los adeudos que el propio organismo mantiene con la Secretaría de Finanzas.
En apariencia, la medida tiene lógica. Si un organismo público mantiene una deuda con otro ente gubernamental, la transferencia de activos puede representar un mecanismo para sanear las finanzas sin recurrir a mayor endeudamiento o afectar de inmediato las prestaciones de los trabajadores. Sin embargo, el verdadero debate no debe centrarse únicamente en la operación patrimonial, sino en lo que ocurrirá después.
Si esta estrategia no viene acompañada de una profunda reingeniería financiera que reduzca el gasto, fortalezca los ingresos y garantice la viabilidad del sistema de pensiones, el resultado será apenas un movimiento contable. En los hechos, el gobierno estaría trasladando recursos de un bolsillo a otro para justificar la cancelación de una deuda, sin resolver las causas estructurales que llevaron al ISSSTEZAC a esta situación.
La historia reciente de Zacatecas demuestra que este tipo de esquemas pueden tener resultados positivos cuando existe una visión de largo plazo. Un ejemplo fue la negociación alcanzada por la Universidad Autónoma de Zacatecas durante la rectoría de Rogelio Cárdenas Hernández, cuando la institución entregó diversos inmuebles al entonces ISSSTE para liquidar un importante pasivo. Aquella operación permitió sanear parte de las finanzas universitarias y, al mismo tiempo, abrir paso a proyectos estratégicos como el Campus BUAZ Siglo XXI. Pero la misma Benemérita Universidad hoy muestra que pese al esfuerzo del pasado, los errores continuaron y hoy de nueva cuenta esta universidad está en terribles condiciones de deuda con el ISSSTE.
No obstante, también es cierto que el contexto político actual obliga a mantener una vigilancia permanente. La transferencia de bienes públicos no puede convertirse en el preludio de futuras privatizaciones, ventas a precios inferiores a su valor real o beneficios para intereses particulares. El patrimonio del ISSSTEZAC pertenece, en esencia, a miles de trabajadores que durante décadas aportaron recursos para construir un sistema de seguridad social. Su destino no puede decidirse únicamente con criterios administrativos.
Las inquietudes que hoy expresan diversos sectores de la sociedad no son producto de la casualidad. Surgen de una larga historia nacional y estatal en la que numerosos bienes públicos terminaron favoreciendo intereses privados mediante decisiones poco transparentes. Esa experiencia explica la desconfianza ciudadana y hace indispensable que cualquier desincorporación se realice con absoluta publicidad, avalúos independientes, supervisión legislativa y mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
Las figuras de poder económico y político que históricamente han gravitado alrededor de las decisiones gubernamentales alimentan esa percepción de riesgo. Precisamente por ello, el mejor antídoto no son los discursos oficiales, sino la transparencia absoluta de cada operación y la participación de la sociedad en su vigilancia.
La izquierda democrática ha sostenido durante décadas que los bienes públicos deben administrarse con eficiencia, pero también con responsabilidad social. No basta con vender patrimonio para cubrir déficits temporales; es indispensable garantizar que los recursos obtenidos fortalezcan verdaderamente al instituto y no abran la puerta a nuevas crisis financieras o a la burda corrupción de venderlo a interés privados.
La venta o transferencia de bienes del ISSSTEZAC puede ser el inicio de su rescate o el primer capítulo de su desmantelamiento. La diferencia dependerá de que prevalezcan la transparencia, la rendición de cuentas y el compromiso de proteger un patrimonio construido con el esfuerzo de generaciones de trabajadores zacatecanos.
