Luego de ser criticada por haber firmado la autorización para la desincorporación del Hotel Parador y tras haber argumentado presión por parte de la Mesa Directiva del Instituto, la Sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) fijó una postura en defensa del patrimonio del Issstezac, al sostener que rematar los bienes del organismo no resolverá la crisis financiera de fondo y, en su lugar, planteó una ruta alternativa basada en estudios técnicos, transparencia y rendición de cuentas.
Este pronunciamiento llega apenas dos días después de que la LXV Legislatura aprobara -con 15 votos a favor y 14 en contra- la desincorporación del Hotel Parador para ser transferido al Gobierno del Estado como dación en pago por un adeudo de aproximadamente 315 millones de pesos; en una sesión que estuvo marcada por intensas protestas de jubilados, un cambio repentino de sede y duros cuestionamientos de la oposición.
En conferencia de prensa, el líder de la Sección 58 del SNTE, Marcelino Rodarte, leyó el posicionamiento dirigido a las autoridades, sindicatos y a la sociedad zacatecana, en el que advierten que deshacerse de los activos es una decisión de enorme trascendencia que no puede tomarse a la ligera. Argumenta que la venta de inmuebles solo dará liquidez temporal, pero dejará intactos los problemas estructurales que arrastra el Instituto. Recordaron, además, que las reformas de 2015 y 2024 ya aumentaron las cuotas y endurecieron los requisitos de jubilación, cargando la mano a los trabajadores sin que hasta ahora se garantice la viabilidad del sistema.
Para el magisterio, la venta del patrimonio compromete el esfuerzo de décadas de los trabajadores y hereda el problema a las próximas generaciones. Además, señalaron que sigue pendiente aclarar los presuntos actos de corrupción y las malas decisiones administrativas que hundieron al Issstezac, por lo que exigieron cuentas claras antes de pedir nuevos sacrificios a los derechohabientes.
Frente a este panorama, el SNTE hizo un llamado al Gobierno del Estado para dejar atrás los «parches» temporales y abrir mesas de diálogo con especialistas, actuarios y académicos. También convocó a gremios hermanos como el SITTEZ y el SUTSEMOP a unirse en un frente común, bajo la premisa de que lo que está en juego es el futuro de la seguridad social en el estado.
Por otra parte, la Sección 58 puso sobre la mesa una agenda de cinco puntos clave para cambiar el rumbo del Instituto:
Primero, exigen una auditoría financiera y de desempeño completamente independiente. A la par, consideran urgente actualizar el estudio actuarial a través de una institución académica autónoma. La ruta también incluye la instalación de una mesa permanente de diálogo entre autoridades y afectados, revisar a fondo si el Estado y los entes públicos están cumpliendo con sus aportaciones, y blindar la transparencia de la Junta Directiva.
Por último, advirtieron que mantendrán la lupa sobre las sesiones de la Junta Directiva y que, si es necesario, recurrirán a los tribunales para proteger los derechos laborales.
«No se rescata una institución vendiendo su patrimonio; se rescata recuperando la confianza, corrigiendo las causas que originaron la crisis y haciendo valer plenamente el Estado de Derecho», concluye el desplegado compartido por el sindicato, remarcando que darán la batalla con argumentos técnicos y legales.
