Uno de los mayores aciertos de la Cuarta Transformación ha sido comprender que la política no se limita a la administración del poder, sino que implica una comunicación permanente con el pueblo y hoy es más vigente frente a la ola de desinformación que fomenta la derecha en toda América Latina. Andrés Manuel López Obrador construyó un movimiento nacional recorriendo durante años los municipios del país, escuchando a la ciudadanía y explicando, una y otra vez, las razones de sus decisiones y su proyecto. Esa práctica rompió con la vieja política de los acuerdos cupulares y convirtió la plaza pública en el principal espacio de deliberación democrática.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha dado continuidad a ese modelo. Sus giras de fin de semana no sólo sirven para inaugurar obras o poner en marcha programas sociales; son ejercicios de pedagogía política donde se exponen las razones del gobierno frente a los desafíos económicos, sociales e internacionales. Esa comunicación directa ayuda, en parte, a explicar por qué mantiene niveles de aprobación superiores al 70 por ciento y por qué Morena continúa cosechando importantes triunfos electorales.
No obstante, esa forma de hacer política parece perderse conforme se desciende a los ámbitos estatales. En Zacatecas, la bancada de Morena en la Legislatura local ha mostrado una preocupante desconexión con uno de los principios que dieron origen al movimiento: la obligación de informar y rendir cuentas al pueblo.
La designación de Verónica Yvette Hernández como titular de la Auditoría Superior del Estado, cuestionada por amplios sectores debido al evidente conflicto de intereses que representa, constituye un ejemplo ilustrativo. A ello se suman las recientes reformas y decisiones relacionadas con el Issstezac, asuntos que afectan directamente a miles de trabajadores y pensionados. En ambos casos, los diputados de Morena han optado por el silencio y aplicar tácticas legislativas deleznables y que no deberían exigir en un movimiento de izquierda. No han explicado con claridad las razones de sus votos ni han abierto espacios para dialogar con la ciudadanía sobre decisiones que, por su trascendencia, exigen la mayor transparencia posible.
La legitimidad de un movimiento popular no descansa únicamente en los programas sociales ni en la alta aprobación de su liderazgo nacional. También se sostiene en la conducta cotidiana de quienes ejercen cargos públicos bajo sus siglas. Cuando los representantes dejan de explicar sus decisiones, permiten que la sospecha ocupe el lugar de la confianza y terminan reproduciendo los vicios que durante décadas denunciaron del viejo régimen.
La fuerza electoral de Morena sigue descansando, en buena medida, en la credibilidad del proyecto encabezado por Claudia Sheinbaum y en la profunda comunicación que mantiene con la sociedad. Ese capital político, sin embargo, no es inagotable. Si algunos legisladores locales continúan refugiándose bajo el manto de la popularidad presidencial para votar lo que votan, terminarán erosionando el prestigio de un movimiento que se propuso transformar la vida pública desde la ética y la cercanía con el pueblo.
Que ese desgaste aún no se traduzca en derrotas electorales responde más a la pobreza política o moral de una oposición incapaz de renovarse —y que incluso acompaña decisiones tan cuestionables como la designación de la nueva auditora— que a los méritos de quienes hoy ocupan una curul. Pero confiar indefinidamente en la debilidad del adversario sería un grave error. La historia reciente demuestra que ningún proyecto político puede sostenerse sólo con la fuerza de su liderazgo nacional. La transformación también pasa por las Legislaturas locales, y allí parece que no ha llegado.
