Hay una llamativa tensión actual en México que no es ajena a las democracias modernas: gobiernos legítimamente constituidos vía elecciones, que enfrentan el desafío de gobernar sociedades complejísimas con problemáticas que rebasan las capacidades institucionales; lo cual provoca el desencanto ciudadano cuando se mide el desempeño real contra la esperanza depositada en las urnas. Tampoco es un fenómeno que pueda llamarse novedoso en nuestro país. La eficacia de los gobiernos ha sido siempre, en el mejor de los casos, parcial en nuestra historia. En tanto unos lograron estabilidad política, imposibilitaron la formación de una democracia liberal digna de llamarse como tal (gobiernos posrevolucionarios); otros lograron estabilidad financiera, a costa de acrecentar la brecha de desigualdad de por sí patente en nuestro subcontinente (gobiernos del período neoliberal). Los gobiernos que, en principio han gozado de la legitimidad que les proporciona la elección que les da origen, han tropezado al momento de gestionar la esperanza que han provocado, al toparse de frente con fenómenos cuya complejidad implica equilibrar la voluntad con la capacidad.
Lo anterior permite entender el desafío por el que atraviesa nuestro país en materia política e institucional, pero también puede explicar por qué, desde 2018, las encuestas muestran un apoyo histórico amplio a la persona que ocupa la Presidencia de la República, y, en cambio, una realidad distinta en cuanto a la satisfacción con los aspectos que más han importado a la ciudadanía: seguridad, economía, salud o corrupción. Coexisten, pues, la legitimidad de origen y la legitimidad funcional. Pero, y es justo decirlo, es un fenómeno casi exclusivo de la presidenta actual y el expresidente surgidos de la coalición hoy gobernante, y no así de los gobiernos locales, aun cuando se trate de la misma filiación política. Sirva solo un ejemplo para sustentar lo anterior: la gestión de la actual Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, que, según diversas encuestas, ha comenzado a sufrir el descontento de su electorado con las obras que se están realizando en la capital del país y aun más con los resultados en materia de movilidad. Prevalece pues la tensión entre las dos fuentes de legitimidad, electoral y de desempeño, que, a su vez, podría verse reflejada en las próximas elecciones; o no, dada la circunstancia por la que atraviesan las oposiciones en nuestro país.
El desafío, sin embargo, prevalece, aún con la notable excepción hecha en los casos ya citados de Claudia Sheinbaum y su antecesor. Los gobiernos locales parecen ser hoy el espacio de normalidad en lo que hace al impacto del desempeño de gobiernos legítimamente constituidos vía triunfo electoral. Aún más, el reto de gobernar con eficacia, luego de una exitosa campaña política, tiene hoy la inherente necesidad de una estrategia de comunicación tan efectiva como fluida frente a las ingobernables redes sociales, las fake news, y la simplicidad que exige toda narrativa política: cosa fácil para ganar una elección, mucho más difícil a la hora de ejercer el poder.
No hay que obviar que, mientras que la tarea de gobernar se ha vuelto cada vez más compleja, la de hacer campaña se ha simplificado al grado tal que hay un abismo entre ganar y gobernar. Acotar esa diferencia con responsabilidad, seriedad y altura de miras, es un compromiso que la clase política debe asumir pronto si pretende reglas justas en su propio juego del poder.
@CarlosETorres_
