El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó ayer que toda la corrupción que facilite el crimen organizado “será investigada y procesada en todos los casos en que aplique la jurisdicción de Estados Unidos”, luego de que hizo público que autoridades federales estadunidenses presentaron cargos penales contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otras nueve personas.
En una declaración difundida por su oficina titulada “Rendición de cuentas para nuestros pueblos”, Johnson sostuvo que combatir la corrupción y la actividad criminal trasnacional es una prioridad compartida entre México y Estados Unidos, y remarcó que ambos países se han comprometido a fortalecer la transparencia, hacer cumplir las leyes anticorrupción y defender el estado de derecho. “Hay algo claro: la corrupción que facilita el crimen organizado y perjudica a ambos países será investigada y procesada”, expresó.
Con esta declaración, Johnson fue el primero en hacer públicas en México las acusaciones contra Rocha y el resto de señalados.
Si bien no mencionó directamente los nombres de los acusados, dijo que la embajada tomó nota de la presentación de los cargos penales y difundió un comunicado del Departamento de Justicia sobre el tema, en el que se detallaron las imputaciones contra Rocha Moya, cuyo visado estadunidense fue cancelado hace más de un año, según publicó el domingo el diario Los Angeles Times.
Amago previo del diplomático en Sinaloa
Tan sólo seis días atrás, el 23 de abril, Johnson había advertido precisamente en Sinaloa que la corrupción y la extorsión representan obstáculos directos para la inversión y el desarrollo en América del Norte.
En la ceremonia de colocación de la primera piedra del complejo Pacífico Mexinol, en Topolobampo, encabezada por Rocha Moya, el embajador sostuvo que “la inversión sigue a la certeza y se aleja de la corrupción”.
Las acusaciones contra el gobernador se dan 10 días después de la muerte de dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) en un accidente en Chihuahua, y en un contexto en el que dos de los líderes de facciones del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, se encuentran detenidos en Estados Unidos, donde han llegado a acuerdos de colaboración con las autoridades estadunidenses mientras enfrentan procesos judiciales.
En una carta atribuida a El Mayo y difundida tras su secuestro y captura en Estados Unidos, el 25 de julio de 2024, Zambada aseguró que acudiría ese día al rancho Huertas del Pedregal para sostener una reunión en la que –según su versión– estaría presente Rocha Moya, además del ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa Héctor Melesio Cuén Ojeda y Joaquín Guzmán López.
De acuerdo con investigaciones de la Fiscalía General de la República, en ese lugar Cuén Ojeda fue asesinado y posteriormente su cuerpo fue abandonado para simular un intento de asalto. En el mismo sitio, Zambada habría sido sometido y trasladado contra su voluntad a Nuevo México, donde quedó bajo custodia de autoridades federales estadunidenses. Ese mismo día, Guzmán López se entregó al gobierno de aquel país.
Rocha Moya negó haber acudido a aquella reunión y rechazó cualquier vínculo con el narcotráfico.
