Aunque confirmó la recepción de solicitudes de detención provisional con fines de extradición contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios y ex trabajadores de esa entidad, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sostuvo ayer que el gobierno de Estados Unidos no anexó elementos de prueba suficientes en la documentación remitida, por lo que corresponderá a la Fiscalía General de la República (FGR) evaluar la viabilidad jurídica de esas solicitudes conforme al marco legal mexicano.
La cancillería informó en un comunicado, además, que enviará un extrañamiento a la embajada de Estados Unidos en México por la forma en que se hizo pública la información relacionada con dichas solicitudes, al señalar que los tratados bilaterales vigentes en materia de extradición contienen disposiciones específicas sobre la confidencialidad de este tipo de procedimientos.
La dependencia precisó que las solicitudes fueron recibidas el 28 de abril a las 18 horas y que, tras una revisión jurídica realizada bajo la Ley de Extradición Internacional y en el marco del Tratado de Extradición Bilateral, concluyó que la documentación enviada por la representación diplomática estadunidense “no cuenta con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad de las personas de las cuales se solicita la detención provisional con fines de extradición”.
No obstante, la SRE indicó que, conforme al procedimiento establecido en la legislación mexicana, la documentación fue turnada a la FGR, instancia que deberá determinar si existen elementos de prueba válidos bajo el sistema jurídico nacional y si procede dar curso a las solicitudes de captura provisional.
Aunque Relaciones Exteriores no mencionó nombres en su comunicado, la confirmación de que recibió solicitudes de extradición se dio horas después de que el caso fuera dado a conocer públicamente por el Departamento de Justicia y por la embajada estadunidenses.
