Integrantes de la comunidad jurídica en el estado manifestaron su preocupación ante posibles actos de injerencia política, tráfico de influencias y conflictos de interés tanto en el Poder Judicial como en el proceso de designación de la terna para la Auditoría Superior del Estado (ASE). En conferencia de prensa, encabezada por la abogada Azalia Bueno Reyes y el abogado Jorge Rada Luévano, los litigantes dieron a conocer la presentación de diversas denuncias ante órganos de control, al considerar que están en riesgo la independencia institucional y la correcta impartición de justicia.
Durante su intervención, Azalia Bueno Reyes destacó que la postura del gremio jurídico es clara: defender la autonomía del Poder Judicial frente a posibles presiones externas. “Nuestra postura es defender la independencia del Poder Judicial. Hay posibles injerencias de actores externos, que su postura es tener colocación de personas que posiblemente no tienen el perfil para ocupar dichos puestos”, señaló.
La abogada explicó que estas preocupaciones derivan de declaraciones públicas recientes realizadas por diversos actores, lo que ha generado sospechas sobre la intromisión de intereses políticos en decisiones internas del Poder Judicial. En este sentido, informó que ya se interpuso una denuncia ante el órgano interno de control del Poder Judicial del Estado de Zacatecas, con el objetivo de que se investiguen los hechos.
“Es nuestro deber denunciar estos hechos, porque conocemos la existencia de que puede haber una violación a la propia ley. Si sabemos de una irregularidad, debemos hacerla extensiva y no ser parte de esos hechos”, enfatizó.
Entre los riesgos señalados por los abogados se encuentra la posible pérdida de confianza ciudadana en las instituciones encargadas de impartir justicia. “Está en riesgo nuestra institución por posibles presiones informales, influencias familiares para colocar a personas en puestos estratégicos. Si no se investiga, la consecuencia es que la ciudadanía tenga desconfianza del Poder Judicial”, advirtió Bueno Reyes.
Asimismo, se hizo referencia a casos específicos como el de la Secretaría Ejecutiva, donde se cuestiona si la persona designada cumple con el perfil requerido. Según indicaron, el objetivo de la denuncia es que se revise si dicha designación se realizó conforme a los criterios legales y sin intervención indebida.
Por su parte, el abogado Jorge Rada Luévano amplió la denuncia hacia el ámbito legislativo, al señalar un presunto conflicto de interés en el proceso de designación de la terna para la Auditoría Superior del Estado. Informó que también se presentó una denuncia ante el órgano interno de control de la Legislatura, así como ante la Junta de Coordinación Política y la Comisión de Vigilancia.
En este contexto, Rada Luévano se mostró abiertamente en contra del eventual nombramiento de Verónica Yvette Hernández como titular de la Auditoría Superior del Estado, al considerar que su perfil encuadra en un posible conflicto de interés, dado su desempeño previo dentro de la administración pública estatal en el mismo periodo. “Hay una evidencia de conflicto de interés en esa designación, al participar una secretaria de Estado en un órgano fiscalizador dentro del mismo periodo de administración. Es un evidente conflicto de interés”, afirmó.
El abogado subrayó que este tipo de situaciones contravienen la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, al tratarse de conductas consideradas graves que pueden comprometer la imparcialidad en la fiscalización de los recursos públicos. “No necesitamos ser expertos en derecho administrativo para saber que una persona que desempeñó una función como secretaria no debería pasar inmediatamente a encabezar la Auditoría en el mismo periodo”, puntualizó.
Además, denunció otros posibles casos de irregularidades, como la designación de una jueza con vínculos familiares con integrantes del Poder Legislativo, lo que, dijo, también debe ser investigado para evitar prácticas de nepotismo.
En otro tema, Rada Luévano refirió que ha promovido diversos recursos legales, a los que denominó litigios estratégicos, en contra del alcalde de la capital, Miguel Varela Pinedo, al cuestionar su conducta en el ejercicio del cargo. “Hay una sesión pública, hay una entrevista, donde el actor al que usted refiere aceptó públicamente que iba crudo y horas después tenía una sesión con cabildo” señaló, al considerar que este tipo de acciones afectan la función pública y el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos.
Los abogados insistieron en que su postura no responde a intereses personales o políticos, sino a la defensa del orden legal e institucional. “Estos no son temas personales, son inminentemente profesionales. Nuestro trabajo es defender la legalidad y los derechos de nuestros clientes”, explicó Rada Luévano.
Durante la conferencia también se abordaron otros casos que, a decir de los litigantes, evidencian fallas en el cumplimiento de la ley, como situaciones de presunto hostigamiento laboral en la administración pública y conductas indebidas de funcionarios en funciones. En estos casos, señalaron la falta de actuación oportuna por parte de las autoridades competentes, pese a la existencia de pruebas.
Finalmente, hicieron un llamado a fortalecer la cultura de la denuncia dentro del gremio jurídico y la sociedad en general, al considerar que guardar silencio frente a posibles actos de corrupción equivale a ser parte de ellos. “Si no denunciamos, seríamos parte de la corrupción. Hay que alzar la voz para que esto se modifique”, concluyeron.
