Marco Antonio Torres Inguanzo, docente de la Unidad Académica de Desarrollo y Gestión Pública de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), afirmó que la crisis financiera de la institución no obedece a malas administraciones, sino a una “autofagia” en la que se debe destinar recursos propios para cumplir con las políticas federales.
“El problema estructural no es un tema de mala administración de las universidades públicas estatales. Aunque haya problemas de mala administración, esta no es la causa fundamental de la crisis estructural. El problema consiste en que el gasto de ampliación de la matrícula está soportado en una estructura financiera anómica”, expresó.
Según explicó, ello significa que, en lugar de financiarse por parte del estado, se hace con recursos de la seguridad social de los profesores, es decir, ha habido un crecimiento de matrícula autofágico.
La causa por la cual se recurrió a ello, dijo Torres Inguanzo, es porque hay presión social y del propio Estado para incrementar la matrícula de estudiantes, pero sin que este haga aportaciones para ello.
En el caso de la BUAZ, refirió que se han implementado varias medidas para aumentar la matrícula, entre ellas el programa de Cero Rechazo, pero esto se acompaña por una desinversión en la educación superior.
Recordó que la Ley General de Educación establece que se debe destinar el 8 por ciento del Producto Interno Bruto a la educación, pero ello no ocurre y solo en el 2015 se alcanzó un 4 por ciento, mientras que ahora solo es el 2.7 por ciento.
Por tanto, Torres Inguanzo dijo que esta situación ha generado que haya crecimiento en las universidades, pero no con recurso que haya sido aportado por el Estado, sino con recursos de la seguridad social de los trabajadores.
Como consecuencia, en el caso de la BUAZ la deuda con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) aumenta 40 millones de pesos cada mes, por lo que se requiere eliminar la autofagia financiera y que el Estado cumpla con su responsabilidad y que el gobierno estatal aporte el 50 por ciento del presupuesto que le corresponde.
