El incremento en la esperanza de vida es, sin duda, uno de los mayores triunfos de la humanidad; sin embargo, ha planteado una paradoja estructural para el fin primordial del Estado: el bienestar.
Vivimos más años, pero la arquitectura financiera y social diseñada para sostenernos durante la vejez, eso a lo que llamamos pensiones, no ha evolucionado al mismo ritmo. La duda ya no es si viviremos más, sino en qué condiciones lo haremos.
La seguridad social tiene un fin fundamental: proteger a la población contra riesgos; sus primeros esbozos se encuentran en la Sagrada Escritura, que estableció un régimen que garantizaba protección comunitaria para las viudas del pueblo hebreo; sí, una pensión.
Actualmente existen fundamentos teóricos y normativos que permiten comprender su esencia. Acudo a Carmelo Mesa-Lago, prominente académico de la seguridad social que ha estructurado principios normativos, de los que tomo algunos como brújula para su valoración.
1. Universalidad frente a la Informalidad y la longevidad
La UNIVERSALIDAD tiene dos vertientes: subjetiva (cobertura de todas las personas) y objetiva (protección contra todos los riesgos). En un mundo donde la población adulta mayor crece aceleradamente, la universalidad se convierte en un imperativo ético y social.
No obstante, la realidad de muchos sistemas en economías en desarrollo es la fragmentación, es decir, sistemas distintos con diferentes esquemas de cobertura y protección, agudizados por la persistencia de la informalidad laboral que actúa como una barrera infranqueable con impacto futuro.
2. La Solidaridad: El Nexo Intergeneracional en Tensión
La SOLIDARIDAD sostiene que los miembros de la sociedad contribuyen según su capacidad y reciben según su necesidad. En los sistemas de reparto, esto se traduce en solidaridad intergeneracional: los trabajadores activos financian las pensiones de los jubilados.
Las reformas de cuentas individuales erosionaron este terreno al individualizar el riesgo. Ante el aumento de la longevidad, el riesgo de «sobrevivir con los ahorros» se agudiza, pues las pensiones se calculan sobre una esperanza de vida que puede crecer, condenando al anciano a la pobreza en sus últimos años.
Rescatar la solidaridad se vuelve un imperativo categórico, es decir, de aceptación universal que, por lógica de bienestar, redistribuya no solo ingresos, sino los riesgos asociados al envejecimiento.
3. Equidad y Unidad contra la Fragmentación
La EQUIDAD busca que individuos en condiciones similares reciban beneficios similares, evitando privilegios injustificados.
La existencia de regímenes especiales (militares, servidores públicos, universidades) consume una cantidad desproporcionada de recursos públicos, jugando en contra del régimen general (IMSS). La longevidad agudiza esta inequidad; ciertos sectores se jubilan jóvenes con beneficios generosos mientras la población general debe trabajar más años por pensiones menores, rompiendo así la cohesión social.
La UNIDAD busca uniformar las reglas de los sistemas para evitar la duplicidad de costos y la disparidad de beneficios; pero cuando estos nacieron fragmentados, es difícil corregir.
En una perspectiva futura, la unificación de sistemas dispersos es esencial para garantizar que el «vivir más» no sea un privilegio de clase, sino un derecho garantizado bajo reglas claras y justas para todos.
4. Sostenibilidad: El Desafío Actuarial
Vivir más implica que el periodo de desacumulación (tiempo que se cobra la pensión) se extiende; mientras, el periodo de acumulación (vida laboral) es estático o se reduce por la entrada tardía de jóvenes al mercado laboral. Esto presiona la SOSTENIBILIDAD FINANCIERA.
Un sistema sin equilibrio actuarial es una promesa rota.
La eficiencia administrativa también juega un papel crucial. En sistemas de cuentas individuales, las altas comisiones devoran parte del capital acumulado; en sistemas públicos, la burocracia y la mala gestión de reservas pueden evaporar los fondos.
5. Responsabilidad Estatal y la Perspectiva Multipilar
El Estado mantiene una RESPONSABILIDAD indelegable para garantizar la seguridad social, independientemente de si el sistema es público o mixto.
La realidad obliga a pensar en la transición hacia sistemas que permitan vivir más, pero vivir bien. Los “sistemas multipilar” emergen como alternativa; de ellos hablaremos después, pero basta decir por el momento, que tampoco son posibles sin la voluntad y concesión de todos los involucrados.
No se trata de una política de pensiones, sino de la política en las pensiones.
«Vivir más» es un logro, pero «vivir mejor» es un desafío de ingeniería social y voluntad política. La perspectiva de las pensiones no debe reducirse a un cálculo contable; debe ser una reflexión sobre los valores que definen a una sociedad.
Los sistemas de pensiones se deben repensar para blindar la UNIVERSALIDAD y que nadie quede atrás, rescatar la SOLIDARIDAD para proteger a los más vulnerables, y asegurar la SOSTENIBILIDAD para que las generaciones futuras no reciban solo una carga, sino un derecho.
La vejez no es una «carga demográfica», sino una etapa de vida que requiere un contrato social renovado, donde el esfuerzo de una vida de trabajo se traduzca en una pensión que honre la dignidad humana.
