Este miércoles 15 de abril, el gobernador David Monreal Ávila designó al Dr. Miguel Ángel Ovalle Flores como titular de Transparencia para el Pueblo de Zacatecas, nueva instancia administrativa desconcentrada de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
El titular de esta dependencia, Ernesto González Romo, celebró el nombramiento al señalar que se trata de un perfil “técnico, serio y profesional”, con la encomienda de fortalecer el acceso a la información en la entidad.
Ovalle es doctor en Estudios Contemporáneos por la Universidad Autónoma de Zacatecas y cuenta con formación en comunicación.
Su trayectoria profesional inició en medios de comunicación, posteriormente, desarrolló gran parte de su carrera en el Poder Legislativo del Estado, principalmente en el área de comunicación social, donde laboró cerca de una década y ocupó durante tres años la titularidad.
También ha sido asesor de diputados locales y federales en materia de comunicación, y recientemente participó como autor en el libro Estudios del Constitucionalismo Zacatecano, con un análisis sobre la evolución del Poder Legislativo local.
En entrevista, el nuevo funcionario sostuvo que su principal encomienda será garantizar el derecho de acceso a la información. “Haremos valer el derecho humano de acceso a la información pública”, afirmó, y añadió que será fundamental fomentar una cultura de transparencia tanto en la ciudadanía como en los sujetos obligados.
Reconoció que el nuevo organismo operará con diferencias sustanciales respecto al extinto Instituto Zacatecano de Transparencia (IZAI), particularmente en cuanto a estructura y presupuesto. Mientras el instituto contaba con alrededor de 40 trabajadores y un presupuesto cercano a los 40 millones de pesos, la nueva instancia funcionará con menos personal y recursos limitados, en el marco de la reforma de simplificación orgánica.
Pese a ello, aseguró que el objetivo es construir una institución funcional y no meramente formal. “No vamos a instaurar un organismo de adorno; vamos a hacer que funcione”, señaló. Explicó que, a diferencia del modelo anterior, ahora distintas autoridades asumirán funciones de garantía en sus respectivos ámbitos, mientras que Transparencia para el Pueblo atenderá principalmente a ayuntamientos, organismos descentralizados y dependencias del Poder Ejecutivo.
La designación ocurre luego de un periodo prolongado sin titular en el organismo, lo que generó señalamientos sobre posibles afectaciones al derecho de acceso a la información y riesgos de opacidad.
De acuerdo con los artículos transitorios de la ley estatal, el Ejecutivo tenía como fecha límite el 6 de noviembre de 2025 para realizar el nombramiento; sin embargo, éste se concretó hasta el 15 de abril de 2026, es decir, más de cinco meses después del plazo legal.
Con la llegada de Ovalle, se busca dar paso a una nueva etapa en materia de transparencia, en medio de ajustes derivados del rediseño del sistema a nivel nacional y local.
