En un contexto bilateral marcado por tensiones migratorias, reclamos diplomáticos por violaciones a los derechos humanos y persistentes preocupaciones en materia de seguridad, la visita de la cónsul general de Estados Unidos en Monterrey, Melissa Bishop, a Zacatecas transcurrió sin incidentes notorios, pero con significativas omisiones sobre los principales pendientes entre México y su vecino del norte.
Durante su estancia, la diplomática se reunió con ex participantes zacatecanos en programas de intercambio, así como con autoridades estatales y municipales. En esos encuentros reiteró el interés de Washington en fortalecer los lazos en los ámbitos laboral, económico, académico, cultural y deportivo. También sostuvo reuniones con el gobernador David Monreal y el alcalde de la capital zacatecana, en las que se abordaron asuntos de seguridad y cooperación institucional.
En su mensaje público, Bishop enfatizó que, a pesar del actual contexto político, los mexicanos “son bienvenidos” en Estados Unidos, siempre que cumplan con los requisitos legales. Destacó asimismo la relevancia de los programas de movilidad temporal, que permiten a trabajadores mexicanos laborar de manera regulada en territorio estadounidense por periodos de hasta siete meses.
La cónsul resaltó el valor de los intercambios educativos y culturales como instrumentos para robustecer la relación bilateral y reconoció al joven zacatecano Sergio Moya, participante en el Programa de Intercambio de Diplomacia Deportiva. Estas actividades, señaló, se enmarcan en la iniciativa “Freedom 250”, con la que el gobierno estadounidense conmemora los 250 años de su independencia.
Sin embargo, ese discurso diplomático contrastó con la ausencia de cualquier pronunciamiento público sobre los asuntos más sensibles de la agenda bilateral. Destaca, en primer lugar, el reclamo del gobierno mexicano por la muerte de al menos 15 connacionales bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Pese a las notas diplomáticas enviadas, Washington no ha ofrecido respuestas concretas sobre estos casos.
Recientemente, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que este tema no ha sido abordado de manera directa en sus conversaciones con su homólogo estadounidense, Donald Trump, aunque insistió en la necesidad de proteger los derechos humanos de los mexicanos en el exterior y exigió investigaciones al respecto.
Otro pendiente que no fue mencionado durante la visita es el tráfico ilícito de armas desde Estados Unidos hacia México, incluido el estado de Zacatecas. De acuerdo con datos de la Secretaría de la Defensa Nacional, cerca del 78 por ciento de las armas aseguradas en el país proviene del vecino del norte, entre ellas armamento de alto poder como rifles calibre .50, utilizados frecuentemente por el crimen organizado. Este flujo ha sido señalado en reportes internacionales como un factor que alimenta la violencia en México, lo que ha llevado al gobierno federal a demandar explicaciones y mayor control por parte de Washington.
Pese a este panorama, la agenda pública de la visita se centró en resaltar los aspectos positivos de la relación bilateral y en promover los programas de intercambio y cooperación cultural, sin tocar de manera directa los conflictos estructurales que marcan actualmente las relaciones entre ambos países.
De esta forma, la estancia de la representante estadounidense en Zacatecas evidenció una estrategia diplomática orientada a los vínculos sociales, educativos y culturales, mientras los temas más delicados —migración, derechos humanos y combate al tráfico de armas y estupefacientes — permanecieron fuera del discurso público, aunque la presidenta Sheinbaum ha continuado insistiendo en la protección de los connacionales y en la investigación de las muertes en custodia del ICE.
La visita también remitió a un episodio anterior, cuando en octubre de 2022 el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el acuerdo suscrito por el gobierno de David Monreal con el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, carecía de validez, ya que la política exterior es facultad exclusiva del Ejecutivo federal.
En su conferencia matutina, López Obrador aclaró que no se haría “un escándalo” por el asunto, descartó injerencia del embajador y subrayó la necesidad de mantener buenas relaciones con Washington. “No vamos a pelearnos, tenemos que actuar con criterio”, afirmó, al tiempo que ratificó la confianza en el enlace diplomático con Estados Unidos y diferenció el caso de operaciones como Rápido y Furioso durante el gobierno de Felipe Calderón.
En aquella ocasión el mandatario mencionó que, a pesar de la controversia, el gabinete de seguridad mexicano sostendría reuniones con sus homólogos estadounidenses para tratar temas de cooperación en seguridad. El acuerdo de Monreal contemplaba colaboración con agencias como el FBI, la DEA, la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia (INL) y la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID).
La visita de Melissa Bishop revive el debate sobre los límites de la cooperación bilateral en seguridad y los mecanismos institucionales que rigen las relaciones entre México y Estados Unidos.
