Productores de frijol de diversas comunidades del estado alzaron la voz para denunciar irregularidades en la operación de los centros de acopio, retrasos en pagos, precios insuficientes y posibles prácticas de favoritismo en la asignación de apoyos, durante una manifestación en la que advirtieron que permanecerán hasta ser atendidos por las autoridades correspondientes.
Fernando Galván, quien encabezó la intervención inicial, explicó que el movimiento está integrado por pequeños productores provenientes de comunidades como Pozo de Gamboa, La Encantada, Fresnillo, Río de Medina, Las Boquillas, San Pablo, entre otras. Señaló que el origen de la inconformidad radica en el cierre y manejo desigual de los centros de acopio.
“Una vez más, nosotros… somos productores de aquí de Pozo de Gamboa, de La Encantada, de Fresnillo… y la molestia es que prácticamente nos cerraron los centros de acopio”, expresó. Subrayó que todos los integrantes del movimiento son pequeños productores que buscan colocar volúmenes modestos de su cosecha.
Detalló que existía un acuerdo con autoridades, entre ellas Alejandro Pérez y Eduardo Yves, para permitir la participación de al menos 100 productores con un máximo de cinco toneladas cada uno, lo que representaría alrededor de 500 toneladas dentro de un esquema general de cuatro mil toneladas autorizadas y anunciadas por Leonel Cota Montaño y María Luisa Albores González.
No obstante, denunció que dicho acuerdo no se ha respetado: “Se había autorizado para 100 productores… y prácticamente se ha recibido el 15% del acuerdo”. Aseguró que, mientras algunos grupos tienen acceso a los centros de acopio, otros son desplazados, lo que genera un ambiente de desigualdad y tensión.
En ese sentido, criticó que los espacios abiertos por los propios productores son ocupados posteriormente por otros grupos: “Abrimos los centros de acopio… y luego llegan otros y se los abren a ellos”. Esta situación, dijo, refleja una falta de control y transparencia en la operación del programa. ”Entonces que a nosotros también nos abran otro centro de acopio. Y si le abren a Narro, que se lo abran también, pero que digan para no pelearnos”.
Galván también advirtió sobre el riesgo de que el programa sea utilizado con fines político-electorales. “Hay información de que el programa se lo están entregando al gobernador y lo pueden utilizar con tintes políticos… eso es lo que nos preocupa”, afirmó, al señalar que actualmente se elaboran listas de beneficiarios en otras regiones, presuntamente con intervención de funcionarios.
Aunado a ello, expresó su preocupación por la limitada capacidad del programa frente al volumen total de producción y cuestionó la falta de voluntad de algunos municipios y autoridades para respaldar al sector. En ese sentido, señaló: “Ahora, los presidentes municipales, ¿por qué no pueden comprar, por ejemplo, 100 toneladas? Por ejemplo, el de Sombrerete… y el de Río Grande, ¿no pueden comprar 150 toneladas a 20 pesos? ¿Cómo es posible que personas que no son frijoleras sí lo hagan? (…) Y la bolsa de los diputados, los diputados ganan 350 mil pesos. ¿No pueden hacer una bolsa los 30 diputados para comprar, por ejemplo, a 50 productores? Claro que pueden. O sea, sí hay cómo ayudar a los productores, pero no quieren”.
Uno de los temas más sensibles es el adeudo a productores que entregaron su frijol desde diciembre de 2025. De acuerdo con los manifestantes, al menos 45 campesinos no han recibido pago. “Ya tienen vueltas y vueltas y no les han pagado”, reclamó Galván, al mencionar que el compromiso de liquidación se ha pospuesto reiteradamente.
En este contexto, Miguel Ángel Salas, productor de Fresnillo, confirmó que el adeudo persiste para decenas de personas. “Nos deben desde el 5 de diciembre… nos traen semana con semana que el lunes, que el jueves, y hasta la fecha no hay respuesta”, denunció. Añadió que esta situación impide cubrir gastos básicos como diésel, fertilizantes y créditos.
Por su parte, José Luis Hernández, del ejido Pozo de Gamboa, evidenció que en su comunidad ni siquiera ha iniciado la recepción del grano. “El centro de acopio está cerrado… no han recibido ni un grano”, señaló, al tiempo que acusó falta de atención por parte de las autoridades, particularmente del funcionario encargado.
En la misma línea, Ismael Castruita, representante de productores de La Boquilla de Arriba, denunció que los centros de acopio se abren de manera selectiva. “Nomás los abren para una o dos, tres personas… que son puros líderes”, afirmó, lo que, dijo, contradice el carácter federal del programa.
Otro de los puntos de inconformidad es el precio de garantía establecido en 16 pesos por kilogramo, el cual consideran insuficiente para cubrir los costos de producción. Galván explicó que, según datos de FIRA, el costo por hectárea asciende a 14.75 pesos, sin contemplar gastos adicionales como cribado, transporte y maniobras.
“Prácticamente nos está quedando el frijol a 13 pesos… no salen los gastos de operación”, sostuvo. En ese sentido, calificó el precio como una medida insuficiente para atender la crisis del sector: “Es una mejoralita media… ni siquiera es una mejoral completa”.
Castruita coincidió en que el precio no beneficia a los productores y propuso un ajuste: “Mínimo a unos 22 o 23 pesos… para solventar nuestros gastos”.
Además, los productores denunciaron la posible intervención de funcionarios en la asignación de beneficios, señalando que algunos estarían acaparando el acopio a precios más altos, dejando fuera a los pequeños productores. “Ellos quieren meter el precio a 27 pesos… y a nosotros nos quieren dejar con los 16”, acusaron.
Finalmente, los manifestantes reiteraron que su exigencia principal es un trato equitativo, transparencia en la operación del programa, pago inmediato de adeudos y condiciones justas para la comercialización de su cosecha.
