La Cámara de Diputados aprobó este miércoles en lo general el llamado “plan B” de la presidenta Claudia Sheinbaum, que reforma los artículos constitucionales 115, 116 y 134, para reducir los presupuestos de las legislaturas estatales, el número de regidores en los ayuntamientos y las remuneraciones de consejeros y magistrados electorales.
Después de cuatro horas y media, la minuta del Senado se aprobó sin cambios por 377 votos en favor, de Morena, PT y PVEM y su nuevo aliado MC –pese a que sus legisladores habían criticado el alcance de la reforma- por 102 en contra de PAN y PRI.
En una sesión que se llevó a cabo con rispidez y descalificaciones desde el arranque, el bloque de mayoría defendió la enmienda propuesta por el Ejecutivo, al tiempo que la oposición enfatizó que los ahorros que se esperan serán mínimos, en comparación con los gastos que ha implicado sostener los principales proyectos del actual gobierno.
El petista Amadeo Espinosa Ramos subrayó que la reforma busca instaurar la austeridad republicana “como el principio ético más importante en el ejercicio del poder, que permitirá romper con las estructuras de privilegio que durante décadas distorsionaron el uso de los recursos públicos”.
El legislador enfatizó que los cambios al artículo 116 constitucional obligarían a que las legislaturas estatales no ejerzan fondos mayores a 0.70 por ciento del presupuesto de cada entidad, aunque también señaló que actualmente dicha cifra es de 0.73 por ciento (23 mil 373 millones de pesos, de un total de 3.2 billones). De esa manera, la diferencia sería entre el gasto actual y el esperado con la reforma sería de 0.03 por ciento.
Tal es el caso de Zacatecas, donde la aplicación inmediata de este criterio obligaría a una reducción drástica. Con base en el Presupuesto de Egresos del Estado autorizado para 2026 —42 mil 092 millones de pesos—, el nuevo límite implicaría un techo aproximado de 294.6 millones de pesos para el Poder Legislativo local.
En contraste, las y los diputados zacatecanos ejercen actualmente 537.1 millones de pesos, equivalentes al 1.28 por ciento del gasto estatal total. La diferencia —alrededor de 242.5 millones— representaría un recorte del 45.15 por ciento, lo que demandaría una profunda reingeniería interna: recorte de estructuras administrativas, ajustes salariales, disminución de asesores y revisión de programas operativos.
La Legislatura de Zacatecas tendría que operar con prácticamente la mitad de su presupuesto actual, resume la iniciativa en su exposición de motivos, que enmarca estas medidas como un compromiso con “el uso eficiente del gasto y el cuidado de los recursos públicos”, orientando los ahorros hacia sectores prioritarios.
Los coordinadores de los grupos parlamentarios llegaron al acuerdo de que, en la discusión en lo particular, se fijara un número máximo de cinco oradores por bancada, independientemente del número de reservas que se inscriban. Sin embargo, al final la lista se integra con 60 intervenciones. Una vez que esté lo suficientemente discutida y sea aprobada en lo particular, se enviará a las legislaturas estatales en donde al menos 17 deberán aprobar el Plan B a la reforma electoral.
