La rendición de cuentas y los derechos humanos son agendas que muestran una convergencia cada vez más sólida en sus objetivos y desafíos. Los expertos en ambos temas no han dejado de coincidir en la incidencia recíproca entre una y otra. Así, se reconoce que la corrupción es una de las causas con mayor impacto en la imposibilidad de garantizar los derechos fundamentales, por distintas razones: desde el desvío de recursos públicos hasta la captura de las instituciones. A su vez, existen desarrollos jurídicos que reconocen que vivir en un ambiente libre de corrupción no solo es una aspiración legítima, sino un derecho humano reconocido a nivel internacional. En México ya aparecen algunas normas, como la Constitución de la Ciudad de México, y a partir de esta, algunos criterios jurisprudenciales que reconocen ese derecho convencional como uno propiamente fundamental.
Esto es importante, además, si consideramos el cada vez más vigente debate sobre la captura del Estado, término al que ya hemos hecho referencia en estas páginas. No podría ser de otro modo: si las instituciones encargadas de proteger la dignidad humana son vulneradas por la opacidad o por la captura de intereses ajenos a lo público, su esencia y legitimidad se diluyen hasta convertirlas en parte toral del problema, no de la solución.
Por lo mismo, la discusión sobre la rendición de cuentas no puede seguir circunscribiéndose a una visión meramente punitiva, ya que no ha demostrado ser la respuesta a la hora de hablar de impactos. La impunidad no quedará resuelta con las mismas estrategias que hasta ahora nos han llevado a ella. La apuesta debe centrarse en otro punto: la integridad pública, el paradigma del buen gobierno y la buena administración.
Este es, precisamente, uno de los desafíos más claros que el Sistema Nacional Anticorrupción tiene enfrente a una década de existencia. De otra forma, el riesgo es que, en palabras de la propia secretaria Raquel Buenrostro, el sistema esté condenado a la irrelevancia si no se revitaliza con urgencia. El diagnóstico es severo, pero honesto. El diseño original fue ambicioso y bien intencionado; sin embargo, la falta de voluntad política, la ausencia de liderazgos audaces y el celo burocrático de instituciones que prefirieron resguardar sus competencias antes que coordinarse terminaron por desgastar una apuesta que todavía no ha acabado de nacer. Hay, no obstante, señales de que el impulso puede venir desde lo local: desde experiencias como las de Jalisco y Aguascalientes, donde los sistemas estatales anticorrupción han entendido la oportunidad de articular ambas agendas a través de políticas públicas que parten de conceptos como el ya mencionado de integridad pública.
A ellos bien cabría sumar el paradigma del buen gobierno y el derecho a una buena administración pública, que emergen no como fórmulas decorativas, sino como los puentes conceptuales que México necesita para relanzar sus instituciones y políticas anticorrupción. No se trata de crear más burocracia ni de multiplicar trámites que se agoten en sí mismos, sino de dotar a los órganos de fiscalización de una perspectiva estratégica que entienda la función pública en su dimensión más profunda: servir a la ciudadanía. Una auditoría, una recomendación, un procedimiento administrativo no son fines en sí mismos; son instrumentos al servicio de la dignidad humana. Entenderlos así es lo que transforma la fiscalización en política pública con impacto real.
@CarlosETorres_
