Este martes en sesión ordinaria de la LXV Legislatura, al presentar un exhorto para el gobierno federal en contra del coyotaje, el diputado Jaime Manuel Esquivel Hurtado (Morena) describió ser testigo de que en los centros de acopio de frijol de Cañitas y de la Boquilla de Arriba (Río Grande), fueron los intermediarios quienes se beneficiaron del programa Precios de Garantía, con una ganancia de 18 pesos por kilo y accediendo al límite original de 15 toneladas por productor.
El representante del distrito 17 con cabecera en Río Grande propuso que se verifiquen vía satélite las parcelas efectivamente sembradas, en lugar de que solo se solicite la georreferenciación a quienes se inscriben al programa. El exhorto pide actuar a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) para fortalecer los centros de acopio para el ciclo primavera-verano 2026. Más de una decena de diputados presentes suscribieron el exhorto y se aprobó como de urgente u obvia resolución, a propuesta del morenista Jesús Padilla Estrada.
Establecer el voto como obligación ciudadana con sanción a través de servicio comunitario o cursos de formación cívica, fue la propuesta del emecista Marco Vinicio Flores Guerrero. Además, la iniciativa bajaría la edad para votar en Zacatecas de los 18 a los 16 años, argumentando que a esa edad los jóvenes ya tienen obligaciones legales como trabajar y pagar impuestos. Los procedimientos electorales podrían ser iniciados por cualquier ciudadano y se crearía con ese propósito una Escuela Judicial Electoral y una Defensoría Pública Electoral gratuita.
Bajaría en un 6.5 por ciento el financiamiento público ordinario a los partidos locales (del 65 al 58.5 por ciento de UMAs multiplicadas por el padrón electoral) y se establecería la obligación de gobernar en coalición real, con gabinete plural y agenda compartida para las alianzas que lleguen al triunfo electoral, de aprobarse la iniciativa suscrita por dos diputaciones. A petición del diputado Saúl Cordero (Morena), presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, la iniciativa también fue turnada a esta comisión y no solo a la de Puntos Constitucionales.
Con el argumento de impedir que un partido que llegue al 3 por ciento de la votación se quede sin representación en el Congreso estatal, el diputado Eleuterio Ramos Leal (PRD) propuso reformar la Constitución local y la Ley Electoral del Estado. El perredista planteó asignar una diputación de representación proporcional a la mejor candidatura perdedora en los distritos uninominales de partidos que obtengan al menos el 3 por ciento de la votación válida emitida; el resto de las curules plurinominales se repartiría como hasta ahora (cociente natural y resto mayor). La iniciativa fue suscrita por la petista Renata Ávila Valadez y la bancada emecista.
María Dolores Trejo Calzada (Morena) propuso regular el uso, mantenimiento y acceso a la infraestructura cultural del estado (teatros, museos, auditorios y centros culturales) obligando a las autoridades a presupuestar su conservación y a ceder el uso preferente a artistas locales al menor costo posible. En su exposición de motivos advirtió que estos recintos se han convertido en «monumentos a la negligencia y el olvido».
A petición de Marco Vinicio Flores, presidente de la Comisión de Parlamento abierto, la iniciativa para la participación ciudadana en la Reforma Político Electoral fue regresada a comisiones para su “perfeccionamiento y consenso”.
La colectiva Madres Protectoras de Infancias acompañó desde el área de Galerías del Congreso local, la lectura de dictámenes aprobados en materia de violencia contra las mujeres en una jornada emotiva para diputadas y activistas.
Renata Ávila Valadez (PT) dio lectura a la reforma la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del estado para incorporar la violencia patrimonial como modalidad y obliga al gobierno estatal a acompañar a las mujeres en trámites de regularización de propiedad y sucesión patrimonial. También reordena y renombra otras formas de violencia para armonizarse con la ley federal; la violencia vicaria pasa a llamarse «violencia a través de interpósita persona» y la violencia obstétrica se nombra «violencia ginecológica y obstétrica». La petista pidió a la Coordinación General Jurídica que no demore la publicación de los decretos en el Periódico Oficial del Estado.
Isadora Santiváñez Ríos (PRI) leyó la reforma al Código Penal y al Código Familiar para ampliar la definición de violencia vicaria e incorporar agravantes, y obligar a la FGJEZ a capacitar a todo su personal en derechos humanos de las mujeres, protocolos de atención a víctimas y correcta integración de carpetas de investigación. La diputada habló desde su propia experiencia como víctima: relató que cuando sus hijos fueron sustraídos y acudió a denunciar, la Fiscalía le respondió que «si ya le regresaron a sus hijos, pues ya no hay delito que perseguir». El juez reconoció posteriormente que la sustracción fue para lastimarla, pero no hubo vinculación a proceso porque quien se los llevó era el padre. «Ahí entendí algo con absoluta claridad: el problema está en la raíz, el problema está aquí en esta legislatura», dijo. También agradeció la presencia de los colectivos 50 más 1 y de integrantes de la Comisión de Paridad entre los Géneros del IEEZ.
Tras constituirse como colegio electoral en la misma sesión, la LXV Legislatura designó (con 24 votos a favor) a José Luis Nájera Lara como titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ) por un periodo de tres años; con 20 votos, a María del Carmen Medina Arteaga como titular del Órgano Interno de Control de la Comisión de Derechos Humanos (CDHEZ) por cuatro años, y con 19 votos a Tania Alejandra Hernández Aguilar como titular del Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia Laboral Burocrática (TJLBZ) por tres años. La toma de protesta se realizó a continuación, en sesión solemne este mismo martes.
En asuntos generales participaron María Dolores Trejo con el tema «Apostilla»; el diputado Jesús Padilla Estrada con «El frijol y sus consecuencias»; la diputada Maribel Villalpando con «Eficiencia educativa», y la diputada Ana María Romo Fonseca con una solicitud de informe al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU.
