Integrantes de la organización Ciudadanía Participativa de Zacatecas manifestaron la necesidad de un Plan de Manejo para la ciudad, documento que muchos gobiernos han prometido en su discurso, pero que en realidad no se ha hecho nada para concretarlo a pesar de su importancia para mejorar las condiciones de vida de la población.
Un Plan de Manejo es un instrumento necesario para el ordenamiento territorial y sostenibilidad del Centro Histórico y se focaliza en el uso de suelo, la infraestructura y la movilidad.
En ese sentido, Francisco Valerio Quintero, integrante de esta organización, dijo que en Zacatecas se requiere este Plan de Manejo y “su necesidad quedó claramente evidenciada con el tema del segundo piso en el boulevard Adolfo López Mateos”.
Si hubiese existido este documento, y que su contenido fuera un compromiso de Estado en favor de los ciudadanos, entonces hubiese sido un eje rector para determinar también la pertinencia o no del viaducto elevado.
Refirió que Ciudadanía Participativa de Zacatecas podría elaborar una iniciativa o proyecto de Plan de Manejo, pero insistió en que es una obligación de las autoridades a nivel municipal y estatal.
Por otra parte, Valerio Quintero manifestó que el gobierno del estado y la Legislatura aún deben explicar, por obligación legal, política y moral, todo lo relacionado con el fideicomiso que se creó para desviar recursos que se pretendían destinar a ese proyecto del segundo piso.
Contrario a ello, dijo que las autoridades del gobierno estatal han mantenido un hermetismo total sobre el ejercicio de los recursos para ese proyecto y sobre el finiquito que ha demandado la empresa.
Comentó que es probable que en el contrato se estableció una garantía para las partes implicadas, y si el proyecto se suspendía por causas imputables al gobierno del estado, tendría que pagar una cuota seguramente equivalente al 100 por ciento de las utilidades que la empresa esperaba obtener con la construcción del viaducto elevado.
No obstante, Valerio Quintero señaló que ahora la empresa pretende obtener las utilidades sin haber movilizado recursos ni pagado impuestos al respecto, lo que significa que “evidentemente hay un manejo turbio” de parte del gobierno del estado, sin ninguna transparencia.
