El costo del Poder Legislativo en Zacatecas, medido en términos de carga por ciudadano, supera ampliamente al del ámbito federal. Mientras que cada habitante en México aporta en promedio 70.6 pesos anuales para sostener la Cámara de Diputados, en la entidad zacatecana el Congreso local representa un gasto cercano a los 331 pesos por persona, es decir, más de cuatro veces superior.
El contraste se desprende de un análisis que cruza el presupuesto público con los datos poblacionales del último censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). A nivel nacional, la Cámara de Diputados ejerce un presupuesto anual aproximado de 8 mil 900 millones de pesos, distribuidos entre 500 legisladores. Esto implica un costo institucional de 17.8 millones de pesos por diputado.
En Zacatecas, el Congreso estatal cuenta con un presupuesto de 537 millones de pesos para 30 diputados, lo que arroja un costo similar por legislador: 17.9 millones de pesos al año. No obstante, la diferencia sustancial radica en la población que financia este gasto.
Con 126 millones 14 mil 24 habitantes en el país, el costo legislativo federal se diluye entre una base poblacional amplia. En cambio, en Zacatecas, con apenas un millón 622 mil 138 habitantes, el mismo nivel de gasto por diputado se traduce en una carga mucho más elevada para cada ciudadano.
El resultado es un desequilibrio estructural: aunque el costo por legislador es prácticamente idéntico entre ambos niveles de gobierno, el impacto por habitante en Zacatecas es significativamente mayor.
A esta disparidad se suma otra incongruencia relevante en materia de percepciones. De acuerdo con registros de la Plataforma Nacional de Transparencia, un diputado local de Zacatecas percibe al menos 98 mil 535 pesos mensuales, mientras que un diputado federal —que representa a una población considerablemente mayor— recibe en promedio 79 mil 849 pesos netos al mes. La diferencia salarial refuerza el contraste entre ambos niveles legislativos, donde el menor ámbito de representación no necesariamente se traduce en menores ingresos.
Otra comparación en la que los legisladores locales salen desfavorecidos es la relación entre representantes y población. Mientras que un diputado federal representa en promedio a 253 mil habitantes, un diputado de Zacatecas lo hace apenas para cerca de 54 mil personas. Esta brecha evidencia una sobrerrepresentación relativa en el ámbito local, que contribuye a elevar el costo por ciudadano.
Este escenario adquiere relevancia en el contexto de la reciente reforma constitucional aprobada en el Senado de la República, que obligará a las legislaturas locales a reducir su presupuesto hasta un máximo de 0.7 por ciento del gasto total de cada entidad. Para Zacatecas, la medida implicará un recorte del 45 por ciento de los recursos asignados al Poder Legislativo.
La reducción plantea un reto inmediato para la cámara de diputados local, que deberá ajustar su operación a un presupuesto considerablemente menor, lo que podría traducirse en recortes a estructuras administrativas, servicios parlamentarios y recursos de apoyo legislativo.
Especialistas señalan que, más allá de la austeridad, el nuevo marco constitucional abre la discusión sobre la eficiencia del gasto legislativo y la necesidad de replantear el tamaño del pleno y el funcionamiento de las legislaturas locales.
En este contexto, el caso de Zacatecas ilustra con claridad cómo el diseño institucional puede generar cargas desproporcionadas para la población. La comparación con el ámbito federal no sólo evidencia la magnitud del gasto por ciudadano, sino que también coloca en el centro del debate la urgencia de lograr un uso más racional, transparente y equitativo de los recursos públicos.
