“No es lo mismo liderazgos femeninos que liderazgos feministas”, advirtió Enna Maldonado Longoria durante el ciclo de conferencias “El papel de la mujer en la vida universitaria”, organizado por el Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (SPAUAZ) con motivo del 8M. Verónica Aguilar Vázquez señaló que el reto es seguir abriendo espacios de decisión para ellas, aun cuando no siempre quienes llegan asumen la agenda de los derechos de las mujeres.
Maldonado Longoria explicó que históricamente en la BUAZ los liderazgos de mujeres han sido principalmente académicos y no políticos, y que muchas de las mujeres que ocupan cargos administrativos lo hacen por cercanía con grupos de poder o afinidades políticas, lo que limita que desde esos espacios se impulsen transformaciones institucionales.
Señaló que no fue sino hasta 2016 cuando se planteó por primera vez la posibilidad de introducir el principio de paridad en la elección de la rectoría, intento que no prosperó. Un segundo esfuerzo se realizó en 2020, pero tampoco se concretó.
La universitaria también cuestionó el reduccionismo de explicar la crisis en la BUAZ únicamente como un problema financiero. Indicó que la casa de estudios enfrenta también una crisis de legitimidad ideológico-política y una pérdida de hegemonía, así como rezagos en distintos campos del conocimiento, entre ellos los estudios de género.
Enfatizó que el desafío no es sostener artificialmente la legitimidad perdida, sino construir una nueva legitimidad que responda a la inclusión social y a las demandas de democratización interna de la comunidad universitaria.
Por su parte, Aguilar Vázquez señaló que de acuerdo con datos de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), solo 11 rectorías de universidades públicas en el país están encabezadas por mujeres, lo que representa alrededor del 32 por ciento. Agregó que, de los cerca de tres mil sindicatos existentes en México, únicamente alrededor de 460 están dirigidos por mujeres, lo que equivale al 14 por ciento.
Lamentó que, pese a las políticas institucionales de “cero tolerancia”, ninguno de los agresores denunciados haya sido sancionado, lo que evidencia una contradicción entre el discurso y la práctica.
Recordó que el año pasado se registró un auge de la violencia mediática y digital contra universitarias, que incluyó una campaña de difamación y acecho en redes sociales. En su caso, recibió amenazas de muerte. Pese a que existían elementos para identificar a los responsables, los agresores siguen impunes, apuntó.
“Siguen saliendo cojos de formación”, advirtió Aguilar Vázquez al referirse a estudiantes de carreras como Derecho y Psicología, cuya preparación, dijo, carece de un enfoque sólido en derechos humanos y perspectiva de género. Lamentó que, con nociones desactualizadas, muchos terminan trabajando como abogados, psicólogos o victimólogos, atendiendo a personas que han sido víctimas de violencia o interviniendo con quienes la ejercen, lo que termina trasladando ese rezago a las instituciones públicas.
