Este jueves, la sesión ordinaria de la 65 Legislatura estuvo marcada por la presentación exhortos dirigidos a autoridades estatales y federales, entre ellos uno para que el gobernador designe a la persona titular del organismo Transparencia para el Pueblo; otro para garantizar el abasto de vacunas contra el sarampión y continuar la vigilancia epidemiológica, y uno más para impulsar la creación de un fondo federal que compense a personas cuyos bienes resulten dañados como consecuencia colateral del combate al crimen organizado.
Se aprobó emitir la convocatoria pública con la que se designarán las personas titulares de los órganos internos de control de la Comisión de Derechos Humanos (CDHEZ), la Fiscalía General de Justicia (FGJEZ) y el Tribunal de Justicia Laboral Burocrática (TJLBZ).
Se votó otorgar el reconocimiento María Rodríguez Murillo a la abogada Cristela Isabel Trejo Ortiz por su trayectoria en la defensa de los derechos humanos y la igualdad de género.
Fueron aprobados en segunda lectura los dictámenes de reformas a la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas y a la la Ley Orgánica de la Administración Pública estatal.
La iniciativa presentada por la diputada petista Renata Ávila Valadez plantea exhortar al gobierno federal y al Congreso de la Unión a crear un Fondo Federal de Compensación Patrimonial para personas cuyos vehículos u otros bienes resulten destruidos durante hechos de violencia vinculados al crimen organizado, como bloqueos carreteros. El fondo se financiaría con recursos provenientes de bienes decomisados a grupos delictivos y del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.
Al adherirse a la iniciativa, la panista Karla Estrada señaló que durante los bloqueos e incendios del 22 de febrero se encontraba en Moyahua y que también se registraron personas fallecidas, lo cual —dijo— no fue informado por el gobierno estatal.
José David González propuso exhortar a autoridades federales y estatales a realizar la reparación integral de la carretera federal 54, en el tramo Villa de Cos–Concepción del Oro, debido al deterioro del pavimento y los accidentes registrados en ese corredor
Óscar Novella Macías planteó exhortar a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a elaborar un plan nacional para retirar o reubicar las vías de trenes de carga que atraviesan zonas urbanas, como ocurre en la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe.
María Dolores Trejo propuso crear centros de atención integral para personas con condición del espectro autista; el diputado Jaime Esquivel planteó establecer un programa estatal de monitoreo y protección del maíz nativo; la diputada Ana María Romo propuso incorporar a la Constitución local la declaración “8 de 8” contra las violencias de género; el diputado Pedro Martínez Flores presentó reformas para fortalecer la política pública en materia de salud bucal, y la diputada Lyndiana Bugarín planteó impulsar programas permanentes de emprendimiento juvenil.
En asuntos generales participaron Alfredo Femat con el tema “Callejón de la Tortura”, Lyndiana Bugarín con “Reflexiones” y Ana María Romo con “Reforma electoral”.
Dentro de la correspondencia destacaron escritos que dan cuenta de tensiones en ayuntamientos. La síndica de Villa Hidalgo, Ana Karina Arriaga, informó sobre la falta de convocatoria a sesiones de cabildo desde enero, mientras que la presidencia municipal de Tepechitlán reportó que el 11 de febrero no sesionó el Cabildo por diferencias internas. Ramon Acuña, síndico de Valparaíso, pidió actualización sobre su solicitud para revocar el acuerdo que le retiró la representación legal del Ayuntamiento.
Además, se recibió un exhorto del Congreso de Jalisco para que se establezcan obligaciones en materia de servicios periciales y médicos forenses para identificar restos humanos bajo resguardo de las autoridades, así como otro del Senado de la República para que los congresos estatales armonicen su legislación y fortalezcan el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.
El Gobierno del Estado solicitó la a autorización del Congreso para desincorporar terrenos en los municipios de Jalpa, Juchipila, Miguel Auza, Tlaltenango, Villanueva y Luis Moya, y donarlos al gobierno federal para el programa Vivienda para el Bienestar.
