El 21 de noviembre de 1945, en la ciudad de Núremberg, el fiscal estadounidense Robert H. Jackson abrió los juicios contra los jerarcas del nazismo con una frase que aún resuena: el privilegio de inaugurar el primer juicio por crímenes contra la paz imponía una “grave responsabilidad”. Aquella responsabilidad no era solo castigar a los vencidos, sino someter el poder a la razón.
Jackson advirtió que la justicia no podía limitarse a castigar “pequeños delitos de personas pequeñas”. Debía alcanzar a quienes, desde el vértice del Estado, ponían en marcha males que devastaban naciones enteras. Esa fue la piedra angular del orden jurídico internacional que emergió tras la Segunda Guerra Mundial: ningún gobernante, por poderoso que sea, está por encima del derecho.
Ocho décadas después, esa promesa enfrenta una prueba crítica. Bajo el liderazgo de Donald Trump y en abierta sintonía con la estrategia del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, Estados Unidos ha respaldado acciones que numerosos juristas y organismos internacionales consideran violatorias del derecho internacional humanitario. El apoyo irrestricto a operaciones militares desproporcionadas que han causado un genocidio en tierras palestinas, el debilitamiento de mecanismos multilaterales y la descalificación sistemática de tribunales internacionales erosionan el edificio normativo que nació precisamente para impedir la repetición de los crímenes juzgados en los llamados Juicios de Núremberg.
Jackson sostuvo que iniciar una guerra de agresión era “el crimen supremo internacional”, porque contenía en sí mismo todos los demás males. Hoy, cuando en voz de Trump se relativiza el uso de la fuerza, se normalizan criminales bloqueos colectivos y se desacreditan instancias como la Corte Penal Internacional o la ONU, el mensaje que se envía al mundo es peligroso: que el poder puede nuevamente sustraerse al juicio de la ley.
La gran lección de Núremberg no fue la victoria militar, sino la renuncia a la venganza en favor de la justicia. Si las potencias que diseñaron ese sistema ahora lo desmantelan cuando les resulta incómodo, el precedente no será jurídico, sino político: la ley valdrá solo para los adversarios.
El mundo observa. Como advirtió Jackson, la historia juzgará no solo los veredictos, sino la coherencia moral de quienes invocan el derecho mientras lo vulneran. Si la civilización ha de sobrevivir —ayer frente al nazismo, hoy frente a nuevas formas de autoritarismo y guerra permanente promovida por el presidente estadounidense— el principio debe ser el mismo: el poder sin límites es la antesala de la barbarie; el derecho internacional es la última frontera de la humanidad frente a su propia destrucción.
Ante esta lección histórica, a nosotros como mexicanos, zacatecanos y ciudadanos del mundo, nos corresponde asumir una responsabilidad ética y política. Millones de compatriotas radicados en Estados Unidos tienen en sus manos una herramienta poderosa: el voto. Y por ello necesitamos hacer labor de convencimiento para que participen en las elecciones intermedias del vecino país. No es injerencismo, es un llamado a ejercer plenamente sus derechos cívicos para influir en el rumbo de la nación donde viven y trabajan. Donald Trump y su socio criminal Netanyahu han vulnerado principios del derecho internacional y debilitado el orden multilateral y la vía legítima para ponerle un alto es la democracia misma. Así como en Núremberg se apostó por la justicia y no por la fuerza, hoy la respuesta debe ser más ciudadanía, más conciencia y más participación en las urnas por parte de los paisanos radicados y nacionalizados en los EUA.
