El reto de sancionar la violencia política contra las mujeres en razón de género a través de redes sociales fue uno de los puntos discutidos en el Foro Naranja, organizado por la Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales Locales de los Estados Unidos Mexicanos (Ammel), en el que participó la magistrada Gloria Esparza Rodarte, presidenta del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas (Trijez).
Durante la primera parte del foro convocado por el Tribunal Electoral del Estado de Durango, Esparza Rodarte expuso un caso resuelto por el tribunal zacatecano en el que, ante la dificultad de identificar plenamente a los responsables de publicaciones en Facebook, se aplicó la jurisprudencia 8/2023 para revertir la carga de la prueba al denunciado, quien no logró desvirtuar su responsabilidad como administrador del perfil desde el cual se emitieron mensajes que constituyeron violencia política en razón de género.
La queja fue presentada por dos mujeres —una regidora y una candidata a regidora— quienes denunciaron publicaciones difundidas en redes sociales que, a su juicio, vulneraban su derecho a participar en política sin violencia. Aunque el señalado alegó que las expresiones estaban amparadas por la libertad de expresión y que no se encontraba en el municipio cuando se realizaron las publicaciones, reconoció como propios el correo electrónico y el número telefónico vinculados a la cuenta.
Con base en esos elementos, el Trijez determinó la existencia de violencia política en razón de género, calificó la falta como grave ordinaria, impuso una multa y ordenó medidas reparación y no repetición, entre ellas la inscripción de los responsables en el Registro Nacional y Estatal de Personas Sancionadas en la materia, la publicación de un extracto de la sentencia y la obligación de tomar un curso en perspectiva de género. También se solicitó la colaboración de Facebook para suspender los perfiles involucrados; uno ya había sido cancelado y el otro fue dado de baja.
La magistrada subrayó que el anonimato no puede ser un mecanismo para evadir responsabilidad y lamentó que, pese a los esfuerzos institucionales, no fue posible identificar plenamente a todas las personas administradoras de los perfiles, por lo que el tribunal emitió también una sentencia declarativa respecto de quienes no pudieron ser localizados.
Durante el foro, las magistraturas coincidieron en que, aunque Facebook es una de las plataformas que más facilita información para identificar a presuntos agresores, persiste la dificultad para ubicar a las personas detrás de perfiles o medios digitales anónimos
En la primera ponencia del foro, la magistrada Laura Hortensia Llamas Hernández, presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, compartió un caso en el que se acreditó violencia política simbólica y psicológica contra una diputada local frente a la que un compañero golpeó la mesa para silenciarla durante una reunión, por lo que se impuso multa, disculpa pública y capacitación obligatoria.
