Este 17 de febrero, 2 mil 792 agremiados al Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (SPAUAZ) acudirán a las urnas para definir si estalla la huelga en la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas o si se acepta el ofrecimiento salarial presentado por la Rectoría, consistente en un incremento de 4 por ciento, frente a la exigencia sindical de 15 por ciento.
El plebiscito marcará el punto decisivo de una negociación que, como en años anteriores, se desarrolla en un contexto financiero adverso para la institución. La universidad enfrenta un presupuesto federal considerado insuficiente por la administración central y arrastra una deuda superior a los 3 mil millones de pesos con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), lo que limita su margen de maniobra presupuestal.
La dirigencia sindical ha sostenido que el incremento de 4 por ciento resulta insuficiente ante la pérdida del poder adquisitivo del salario académico y las presiones inflacionarias acumuladas. En contraste, la Rectoría ha argumentado que su propuesta se encuentra en los márgenes autorizados por la federación para las universidades públicas estatales y que un aumento mayor comprometería la viabilidad financiera de la institución.
La consulta se llevará a cabo mediante voto directo y secreto, en una jornada que será observada con atención por la comunidad universitaria y por el gobierno estatal, debido a las implicaciones académicas y administrativas que tendría un eventual paro de labores.
La negociación ocurre además en medio de un deterioro sostenido de la imagen pública de la máxima casa de estudios zacatecana. En los últimos años, la institución ha sido señalada por el manejo de recursos públicos, la asignación de plazas cuestionadas y la falta de sanciones en casos vinculados con la llamada Estafa Maestra. A ello se suma la declaración de culpabilidad por abuso sexual a una menor dictada contra el ex rector Rubén Ibarra, hecho que profundizó la crisis de credibilidad institucional.
En este escenario, el resultado del plebiscito no sólo definirá el rumbo inmediato de la relación laboral entre autoridades y académicos, sino que también pondrá a prueba la capacidad de la universidad para procesar sus conflictos internos en medio de restricciones presupuestales y cuestionamientos públicos.
