El anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre un plan integral de apoyo al cine nacional —que incluye un incentivo fiscal de hasta 30 por ciento del ISR a proyectos realizados en México— marca un punto de inflexión para el desarrollo del séptimo arte en nuestro país. No se trata únicamente de una medida económica; es una definición política: entender al cine como industria estratégica, pero también como derecho cultural y herramienta crítica de la sociedad.
Desde la Época de Oro hasta las nuevas generaciones formadas en el Centro de Capacitación Cinematográfica y respaldadas por el Instituto Mexicano de Cinematografía, el cine mexicano ha demostrado que, cuando existe apoyo público sostenido, florecen tanto la calidad artística como la proyección internacional. El fortalecimiento presupuestal, la ampliación de matrícula y la actualización de infraestructura no son concesiones: son inversiones en talento nacional.
El incentivo anunciado —con tope de 40 millones de pesos por proyecto y un requisito de 70 por ciento de proveeduría nacional— tiene un doble acierto. Por un lado, busca atraer producciones internacionales; por otro, impide que éstas operen como enclaves aislados que sólo utilizan locaciones y se marchan. La exigencia de contratación de personal mexicano en todos los oficios cinematográficos promueve transferencia de conocimiento, empleos calificados y encadenamientos productivos. Es una política que articula soberanía cultural con desarrollo económico.
El respaldo expresado por la actriz, productora y directora Salma Hayek Pinault no es menor: cuando una figura de su trayectoria afirma que “a partir de este apoyo no tenemos comparación”, subraya algo esencial. México posee diversidad ecológica, patrimonio histórico y capital humano suficientes para convertirse en un polo audiovisual global. Pero ese potencial requiere Estado.
Ahora bien, el impulso público no debe confundirse con tutela ideológica. Un Estado progresista no financia propaganda; financia pluralidad. La nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual deberá blindar la libertad creativa, garantizar criterios técnicos transparentes y evitar cualquier tentación de condicionar apoyos a simpatías políticas. El cine es, por naturaleza, crítico, incómodo y explorador de contradicciones sociales. Precisamente por eso merece apoyo público: porque amplía el debate democrático.
Impulsar el séptimo arte desde el Estado no significa dirigir su contenido, sino asegurar que existan las condiciones materiales para que más voces filmen, narren y cuestionen. La cultura no es gasto superfluo; es infraestructura simbólica. Y en tiempos de polarización y plataformas globales dominantes, fortalecer el cine nacional es también defender la diversidad de miradas, la memoria colectiva y la capacidad de contarnos a nosotros mismos.
Si la política pública logra combinar inversión robusta, reglas claras y respeto irrestricto a la libertad artística, Zacatecas podría intentar insertarse en esta nueva oportunidad no solo en atraer producciones sino contribuir a consolidar una industria soberana y un cine crítico a la altura de su historia y su pueblo.
