El arresto del presidente municipal de Tequila, Jalisco, no es un hecho aislado. Es la confirmación pública de algo que en muchas regiones del país se sabe desde hace tiempo: hay municipios donde el poder formal ya no gobierna, donde la autoridad administrativa ha sido desplazada —o cooptada— por la delincuencia organizada.
No se trata solamente de un alcalde detenido. Se trata de un síntoma. De una señal clara de que en ciertos territorios el Estado ha perdido capacidad de control real, aunque conserve el control discursivo.
Cuando a la presidenta Claudia Sheinbaum le preguntaron en la mañanera si se estaba investigando a más presidentes municipales, respondió que solo donde hubiera denuncias. La declaración, más que tranquilizar, inquieta. Porque en municipios donde el crimen organizado tiene presencia estructural, denunciar no es sencillo. Denunciar puede significar poner en riesgo la vida.
Si la acción del Estado depende exclusivamente de la denuncia formal, ¿qué ocurre en los lugares donde el miedo paraliza? ¿Dónde la extorsión es sistemática y el silencio es mecanismo de supervivencia? En esos espacios, la impunidad se convierte en regla y el Estado termina siendo un parapeto: una figura que aparenta presencia institucional mientras el poder real se ejerce por otras vías.
Pero sería cómodo quedarnos únicamente en la crítica al gobierno. La pregunta también debe mirarnos de frente como sociedad.
¿Qué estamos haciendo con nuestros jóvenes?
¿Por qué tantos terminan viendo en la delincuencia una alternativa viable?
¿Qué está pasando en las escuelas?
¿Qué está pasando en los hogares?
No todo se explica por la pobreza. Tampoco todo es responsabilidad exclusiva del Estado. Hay una crisis de referentes, de límites, de formación ética. Hay jóvenes que crecen viendo que el dinero rápido otorga poder, respeto y visibilidad. Y cuando el éxito se mide solo en lo material, el camino más corto empieza a parecer el más atractivo.
También hay que preguntarnos qué tipo de educación estamos ofreciendo. No solo en términos académicos, sino formativos. ¿Se está enseñando responsabilidad, legalidad, respeto a la vida? ¿O solo se están cubriendo planes de estudio desconectados de la realidad que viven los estudiantes?
Y en casa, ¿qué papel estamos jugando los padres? Educar no es delegar completamente en la escuela. La autoridad moral empieza en el hogar. Los límites, el ejemplo, la disciplina, el acompañamiento no pueden sustituirse con dispositivos electrónicos ni con dinero.
Claro que el Estado tiene la obligación principal de garantizar seguridad y justicia. Claro que la infiltración criminal en municipios es grave y debe combatirse con inteligencia y firmeza. Pero también es cierto que ningún gobierno puede reconstruir el tejido social si desde abajo no hay una corresponsabilidad colectiva.
La mayoría de los mexicanos hemos venido experimentando cada vez más cerca las extorsiones, las amenazas y las presiones económicas disfrazadas de “cuotas”. Lo preocupante no es solo que ocurra, sino que se haya normalizado.
Si queremos recuperar el control territorial, no basta con detener alcaldes. Se necesita reconstruir comunidad. Recuperar la autoridad moral. Volver a darle prestigio a la legalidad. Hacer que el joven que hoy duda entre estudiar o delinquir encuentre más incentivos reales en el camino correcto.
La pregunta no es solo quién gobierna en los palacios municipales.
La pregunta es qué tipo de sociedad estamos construyendo desde nuestras casas.
Por ultimo
La reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas, mediante la reforma al artículo 61 de la Ley Federal del Trabajo, representa una de las pocas iniciativas con orientación social real dentro de la actual agenda legislativa. Esperemos que se concrete.
