Ante las auditorías forenses que enfrentarán los ayuntamientos de Fresnillo y Zacatecas, luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) los incluyera en su programa de fiscalización por presuntas irregularidades de alto riesgo en el uso de recursos federales, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Zacatecas consideró que el proceso responde al interés de actores del partido gobernante por preservar el poder rumbo a 2027.
“Qué bueno que vayan y nos revisen, ojalá así revisen Guadalupe, ojalá sí revisen Villanueva, ojalá así revisen los municipios que ellos gobiernan, porque la gente tiene muy claro el desastre que tienen en su administración. Nosotros asumimos la responsabilidad, particularmente en el caso de Fresnillo, donde somos gobierno, de atender, de entregar toda la información”, expresó Carlos Peña Badillo, dirigente estatal del PRI y diputado local.
Previamente, al abordar señalamientos por parte de Movimiento Ciudadano (MC) sobre presuntos descuentos salariales a trabajadores del Ayuntamiento de Río Grande y la propuesta de abrir un buzón de quejas, Peña Badillo calificó la acusación como una maniobra mediática al señalar que no se han presentado denuncias formales contra el alcalde Mario Córdova. Reprochó que desde MC se ha “palomeado” a alcaldes relacionados con delitos graves.
El dirigente priísta reiteró su respaldo a las protestas que desde hace más de tres semanas ha emprendido el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) Sección 39, y que este martes incluyeron bloqueos en carreteras. “Es lamentable que de héroes de la pandemia hoy sean los villanos de las carreteras”, expresó, al reprochar al secretario general de Gobierno por, dijo, distraerse en recorridos por colonias de la capital en lugar de atender el conflicto.
Sobre el secuestro y asesinato de los ingenieros Ignacio Salazar y Ángel Hernández en Sinaloa, el dirigente acusó a Morena de diseñar políticas públicas fallidas para combatir la inseguridad y señaló que los picos de inseguridad comenzaron en 2018, de manera abrupta.
Por su parte, el delegado estatal del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, José Marco Antonio Olvera Acevedo criticó la propuesta de Morena en torno a la jornada laboral de 40 horas, al señalar que mantener los seis días de trabajo y permitir hasta 12 horas extra favorece que los empleadores sigan ahorrando contrataciones de personal con jornadas extendidas, trasladando el costo al tiempo y a la vida de las y los trabajadores.
No obstante, al responder una pregunta sobre el impacto de la reforma en pequeñas y medianas empresas, el delegado explicó que es difícil trasladar a la realidad la jornada de 40 horas y acusó que se trata de una “bandera populista que resulta rentable electoralmente” para el partido guinda. Añadió que el PRI propone apoyos fiscales a las empresas para evitar la pérdida de empleos y rechazó que la reducción se aplique de manera gradual hasta 2030.
La diputada local Isadora Santiváñez Ríos informó que está trabajando con colectivas feministas con la meta de obtener en marzo el dictamen de la ley contra la violencia vicaria, y adelantó que impulsará una propuesta para establecer la separación inmediata del cargo de agresores que ejerzan violencia contra mujeres que participan en la política.
