En el marco de la anunciada reforma electoral, organizaciones migrantes presentaron ante el Instituto Nacional Electoral (INE) la exigencia de credencialización permanente con doble dirección, como parte de un paquete de 18 propuestas impulsadas por la Confederación de Federaciones Mexicanas en América del Norte (Colefom), que agrupa a más de 160 federaciones, clubes y organizaciones de personas migrantes en Estados Unidos.
Durante el foro Participación sin fronteras: construyendo el futuro del voto desde el extranjero, realizado en la sede del INE en la Ciudad de México, se registraron cerca de 30 participaciones entre ellas las de la diputada local migrante Dolores Trejo Calzada y la titular del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior, Tatiana Clouthier.
México cuenta con la segunda diáspora más grande del mundo, sólo detrás de la India, con presencia en más de 120 países, subrayaron varios ponentes durante el foro al respaldar la propuesta de 15 diputaciones migrantes que plantea el Colefom. Frente a ello, ejemplificaron que Francia cuenta con 11 diputaciones y 12 senadurías para sus ciudadanos en el exterior.
Efraín Jiménez, coordinador general del Colefom, señaló que notarios en el país continúan reteniendo hasta 30 por ciento del ISR a migrantes que venden bienes inmuebles, bajo el argumento de que residen en el extranjero, una situación que, relató, él mismo había enfrentado apenas días antes.
El punto abonó a la discusión sobre la credencial con doble dirección (que incluya el domicilio en el extranjero y el de origen en México), que serviría para vincular administrativamente a las personas migrantes con su sección y distrito electoral mexicano, sin que ello implique exponer sus datos personales, pues se advirtió que existe la posibilidad de ocultar el domicilio en la credencial por razones de seguridad.
Una de las quejas más reiteradas fue la ausencia de un padrón permanente de votantes migrantes, identificada como el principal cuello de botella del voto desde el extranjero. Obligar a las personas migrantes a reinscribirse en cada proceso electoral provoca exclusión, desinformación y abandono del trámite, señalaron. El académico Javier Medina explicó que este modelo parte del supuesto equivocado de que la población migrante es inestable o “nómada”, cuando en realidad los vínculos territoriales y residenciales son duraderos.
Al plantear que el INE debe revisar con rigor la idoneidad de las candidaturas migrantes, Jorge García advirtió contra los llamados representantes “cachirulos”, señalando que el criterio de seis meses de residencia para una candidatura resulta una burla para quienes han vivido 20 o 30 años fuera del país, se han involucrado en organizaciones comunitarias y conocen de primera mano las necesidades de las personas migrantes.
Tatiana Clouthier planteó sus reservas sobre la realización de campañas electorales en el extranjero, al recordar las Convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y Consulares. En respuesta, el académico Daniel Tacher ejemplificó que en República Dominica y otros países se realizan encuentros informativos y actividades de promoción política con comunidades migrantes, sin que ello implique violaciones a la soberanía de los países receptores.
Recordando que en el pasado proceso electoral 10 mil personas migrantes se formaron para votar de manera presencial en 20 consulados sin poder ejercer su derecho, las y los representantes insistieron en afinar múltiples pendientes rumbo a 2027, y subrayaron que, en el contexto de mayor persecución y temor que enfrentan actualmente las personas mexicanas sin estatus migratorio regular en Estados Unidos, son las organizaciones migrantes quienes elevan la voz en protestas y otros espacios de participación en defensa de sus comunidades.
