La crisis actual del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac) obedece a la negligencia y opacidad de administraciones anteriores, así como a las reformas a la ley en las que se incluyeron prestaciones como el aguinaldo de 60 días para pensionados y jubilados.
De acuerdo con un análisis realizado por la dirección del Issstezac, a cargo de Ignacio Sánchez González, los estados financieros y las valuaciones actuariales realizadas por despachos externos y órganos fiscalizadores no reflejan un saneamiento integral en el periodo 2010-2016. Por el contrario, los registros mostraron un crecimiento sostenido en el déficit actuarial y una presión creciente en el flujo de efectivo para el pago de nómina de pensionados.
Si bien se implementaron modificaciones normativas por la nueva Ley en 2015, los análisis técnicos posteriores han demostrado que estas medidas fueron de carácter recaudatorio temporal y no estructurales. En consecuencia, los pasivos contingentes no disminuyeron, lo que derivó en la crisis de liquidez que el Instituto enfrenta en la actualidad.
Además, refiere que la reforma representó otra afectación a las finanzas del Issstezac, ya que se contemplaron nuevas prestaciones como el reconocimiento del aguinaldo de 60 días a los pensionados sin quedar establecida su fuente de financiamiento y la pensión por vejez que se otorga a los derechohabientes de 60 años y por lo menos 15 años cotizados, lo que presionó las finanzas de la institución impidiendo el pretendido fortalecimiento financiero por el incremento de cuotas.
De acuerdo con el Informe Específico de la Auditoría Superior del Estado sobre la Revisión al instituto, del período 15 de septiembre 2010 al 31 de enero 2020 se otorgó por aguinaldo un importe de 548 millones de pesos.
“Durante la gestión mencionada, el instituto fue utilizado para el pago de favores políticos y la contratación de personal sin perfil técnico, aumentando la carga financiera de manera irresponsable, a la llegada de la administración de Miguel Alonso Reyes, el Issstezac operaba con una plantilla de mil 183 trabajadores, sin embargo, la dirección general en turno procedió a la contratación de 28 personas denominadas ‘de confianza’, quienes fueron colocadas en mandos medios y cargos de decisión sin reunir el perfil técnico ni la experiencia necesaria para la gestión de un sistema de seguridad social”.
Señala que, si el instituto hubiera sido «saneado», hoy no se estaría ante la falta de pago de aguinaldos y pensiones que afecta a miles de jubilados, ya que nunca se fortaleció de manera significativa el Fondo de Pensiones, con la prohibición de que únicamente se podía utilizar para pagar pensiones.
Por tanto, los registros históricos del Fideicomiso del Issstezac demuestran que el periodo 2010-2016 marcó el inicio de la descapitalización más severa del Instituto. Mientras que en 2013 se contaba con una reserva histórica en el fideicomiso fondo de pensiones de 281.5 millones de pesos, para el cierre de dicha administración en 2016, el fondo se redujo a 63.7 millones.
“Esta caída del 77.5% en las reservas líquidas evidencia que, lejos de generar viabilidad, se optó por un modelo de gasto corriente financiado por el patrimonio de los trabajadores, agotando los recursos que debieron garantizar las pensiones a largo plazo”.
Asimismo, el Instituto transitó de generar un superávit a un déficit anual de más de 203 millones de pesos. Los estados financieros del periodo 2010-2016 desmienten cualquier afirmación de saneamiento. Los datos reflejan que, lejos de consolidar la viabilidad del Instituto, se incurrió en un déficit operativo creciente que pasó de un superávit en 2011 a una pérdida anual de 203.1 millones de pesos en 2015.
Además, fue en 2011 que el Cobaez dejó de cubrir sus obligaciones dando origen al adeudo en un primer momento, ejercicios 2011 a 2018 por un importe total de 503 millones de pesos, por retenciones de cuotas y prestaciones, aportaciones patronales, así como los accesorios generados (intereses, recargos, actualizaciones y multas).
“Más allá de las cifras, la auditoría de seguimiento (2010-2020) confirma que durante el sexenio de Miguel Alonso se consolidaron prácticas que comprometieron la integridad del fondo. Entre las observaciones más delicadas destacan la omisión en el cobro de cuotas y aportaciones patronales, el pago de compensaciones discrecionales a altos mandos y la falta de transparencia en el manejo de las áreas comerciales. Estos hallazgos demuestran que el supuesto ‘saneamiento’ fue una simulación mientras el patrimonio real se erosionaba por falta de control interno”.
En este contexto, el informe expone que la prioridad de la actual administración del Issstezac, es actuar bajo los principios de transparencia y rendición de cuentas y hacer un manejo de la información financiera riguroso y estar apegado a la realidad de los estados financieros, evitando interpretaciones que no coincidan con la suficiencia presupuestaria real del organismo.
