La posible revisión y eventual cancelación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como la profunda crisis financiera que enfrenta el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac), representan dos de los principales focos de preocupación económica y social para el país y la entidad, advirtió la doctora Imelda Ortiz Medina, docente de la Unidad Académica de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ).
En el caso del T-MEC, la académica recordó que este acuerdo comercial tiene su origen en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), conocido en inglés como NAFTA, que entró en vigor en 1994 y funcionó de manera relativamente estable durante más de dos décadas. Sin embargo, explicó que el panorama cambió durante el primer periodo presidencial de Donald Trump, cuando Estados Unidos exigió nuevas condiciones para su permanencia, lo que derivó en la renegociación del acuerdo y en la entrada en vigor del T-MEC en 2020.
Entre los cambios más relevantes del nuevo tratado, Ortiz Medina destacó la incorporación del comercio digital, el endurecimiento de las reglas de origen en la industria automotriz, que pasaron de 62.5 a 75 por ciento, así como disposiciones más estrictas en materia de derechos laborales y protección ambiental. El acuerdo, precisó, tiene una vigencia de 16 años, con revisiones programadas cada seis años, siendo 2026 la fecha de la primera evaluación formal.
La economista subrayó que este proceso de revisión ha generado una fuerte incertidumbre económica, ya que se discutirá si el tratado se extiende hasta 2042 o si, por el contrario, se inicia un periodo de revisión permanente durante los 10 años restantes, hasta su extinción definitiva en 2036. En el escenario más adverso, advirtió, México enfrentaría consecuencias inmediatas y severas.
De no firmarse o renovarse el acuerdo, los sectores exportadores más afectados serían la industria automotriz, la electrónica y la agricultura. En particular, señaló que Estados Unidos busca reforzar aún más las reglas de origen en el sector automotriz, incluyendo componentes clave como las baterías eléctricas, con el objetivo de evitar que países como China se beneficien del tratado. La principal preocupación del gobierno estadounidense, explicó, es que empresas chinas ensamblen vehículos en México para luego exportarlos a su mercado.
En el sector agrícola, la disputa se centra principalmente en el maíz amarillo transgénico, cuya importación Estados Unidos busca mantener. Además, productos como el aguacate, las fresas y el jitomate podrían enfrentar aranceles compensatorios, lo que encarecería sus precios y afectaría seriamente las exportaciones mexicanas. A ello se sumarían impactos en sectores como el tequila, la industria del acero y aluminio, así como en la producción de minerales como zinc y plomo.
Ortiz Medina advirtió que incluso algunos proyectos estratégicos en Zacatecas podrían verse comprometidos. Tal es el caso de inversiones en la zona de Mazapil–Concha del Oro, particularmente en la mina Camino Rojo, que podrían suspenderse ante la falta de un acuerdo comercial. Asimismo, empresas dedicadas a la fabricación de arneses y autopartes tendrían que sustituir a proveedores chinos para evitar la imposición de aranceles de hasta 25 por ciento.
En términos generales, la académica alertó que la salida o cancelación del T-MEC provocaría una caída drástica de las exportaciones y de la inversión extranjera directa, lo que se traduciría en una disminución del Producto Interno Bruto, del ingreso nacional y, en consecuencia, en una pérdida significativa de empleos.
Por otro lado, la doctora Ortiz Medina abordó la crisis estructural que enfrenta el Issstezac, la cual, afirmó, va más allá del desvío de recursos cometido por administraciones estatales anteriores que utilizaron al instituto como caja chica. Explicó que el problema responde a cambios profundos en la pirámide poblacional, un fenómeno que no es exclusivo de Zacatecas ni de México, sino de alcance global.
Detalló que los sistemas de pensiones solidarias se diseñaron bajo el supuesto de que diez trabajadores activos sostendrían la pensión de un jubilado, un esquema que hoy resulta inviable, especialmente en una entidad donde la informalidad laboral alcanza hasta el 60 por ciento. A ello se suma el aumento en la esperanza de vida, que ha duplicado el tiempo promedio de pago de pensiones, elevando de manera considerable los costos.
Ante este panorama, la especialista consideró insostenibles las pensiones doradas y los salarios elevados, por lo que urgió a establecer pensiones topadas, vender activos e inmuebles del instituto y recuperar los adeudos de los municipios. Propuso crear un fondo de inversión que genere rendimientos y avanzar hacia un modelo híbrido de pensiones, con aportaciones tanto del gobierno como de los trabajadores, basado en criterios de justicia, viabilidad y equidad. Si se desea que el pastel alcance para todos, las rebanadas deben ser más delgadas, concluyó.
