Luego de la resolución que dictaminó como inconstitucional algunos artículos de la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac), José Antonio Cid Trejo, abogado de la Sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), informó que ahora impugnará el incremento a las cuotas de los trabajadores en activo de 12 a 16 por ciento de su salario.
Refirió que la reforma a la ley estableció un incremento gradual de las aportaciones de los trabajadores en activo hasta llegar al 16 por ciento, que este año ya va en 15 por ciento, por lo que también en este tema ya fue impugnado.
“Vamos a llevar a la Corte este incremento y otros artículos que también afectan a los trabajadores activos y pensionados, pero nos vamos a centrar en el incremento que sufrieron en lo que respecta a sus aportaciones al instituto”, dijo.
Al respecto, convocó a los trabajadores en activo a que se mantengan atentos porque si la Corte declara invalidez de los artículos correspondientes, entonces se rompe la barrera de los plazos para que cualquier persona recurra a un amparo.
Cid Trejo detalló que este procedimiento tiene el objetivo de que los trabajadores aporten solamente el 12 por ciento de su salario y no el 16 como lo plantea la reforma a la ley, pero habrá que esperar la resolución de las demandas ya iniciadas.
Sobre la resolución de este lunes, a favor de los pensionados que mantendrán un aguinaldo de 60 días, consideró que la postura de los magistrados fue acertada porque no solo protegió a los pensionados de la reducción del aguinaldo, sino que también protegieron a los trabajadores en activo que empezaron a cotizar antes del 10 de agosto del 2024.
Manifestó que era importante reconocer el aguinaldo de 60 días, pero de nada servía si el instituto no tuviese recursos para pagarlo, de manera que la SCJN abordó la situación y determinó que los entes públicos cubran las deudas en caso de que el Issstezac lo requiera.
Por tanto, Cid Trejo indicó que la intención es restituir los derechos que fueron atacados a los derechohabientes, a pesar de que ellos eran los menos responsables y no tenían porqué asumir las consecuencias de los malos manejos del instituto.
