Durante 2025, la organización Ciudadanía Participativa adquirió relevancia pública no por su tamaño, sino por haber articulado y sostenido el principal frente de oposición política y jurídica contra la construcción del segundo piso en el boulevard metropolitano de Zacatecas.
Uno de sus voceros más visibles, el exacadémico Juan Francisco Valerio Quintero describió a Ciudadanía Participativa como “un núcleo de ciudadanos pequeños pero activos”, que asumió una postura crítica frente a una decisión gubernamental presentada como inevitable.
Sostuvo que la oposición al segundo piso fue descalificada desde el poder bajo el argumento de que se trataba de una “politización” del tema, cuando —afirmó— la discusión era necesariamente política al involucrar decisiones sobre el interés general, el uso del dinero público y la definición del bien común.
El conflicto se detonó en diciembre de 2023, cuando el gobierno estatal anunció la construcción de un viaducto elevado de 3.4 kilómetros, con un costo estimado de 3 mil 652 millones de pesos. De acuerdo con Valerio Quintero, nunca se dio a conocer el sustento técnico del proyecto ni se justificó su carácter prioritario frente a otras necesidades sociales como salud, educación, campo o pago de adeudos laborales.
Desde su análisis, la intervención de Ciudadanía Participativa no se expresó como una movilización masiva, pero tuvo éxito a través de algunas estrategias clave. Entre ellas, Valerio destacó la presentación de un amparo respaldado por promotores y creadores culturales, en el que se advirtió la posible afectación a la condición de Zacatecas como ciudad patrimonio. Señaló que esta acción motivó una reflexión relevante por parte de los juzgadores y fue uno de los factores que incidieron en el curso del proceso judicial.
El académico subrayó que la resolución derivada de ese amparo colocó el derecho de acceso a la cultura por encima del derecho a la movilidad, al considerar que el viaducto elevado no estaba acreditado como una solución efectiva ni como una necesidad social prioritaria.
Durante el conflicto, añadió, la autoridad evitó someter el proyecto a evaluación entre pares. En foros convocados por colegios de ingenieros civiles, arquitectos y especialistas en urbanismo, tránsito e impacto ambiental, no se registraron opiniones favorables al viaducto elevado, señaló.
“La sociedad civil cuenta con mejores técnicos que los funcionarios, y lo reitero, nuestro reclamo apuntaba a la urgencia de diagnosticar las necesidades sociales, de ordenarlas en función de su impacto sobre la calidad de vida de los ciudadanos, así como la obligación a cargo del Estado de garantizar el empleo racional de los recursos públicos”, indicó al señalar que desde Ciudadanía Participativa se impulsó continuamente en la discusión pública la pertinencia presupuestal del proyecto, frente a otras demandas sociales.
