Autoridades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) entregaron este jueves 43 títulos de concesión en el Ecoparque Centenario, en el marco de un encuentro con productores zacatecanos para aclarar los alcances de la nueva Ley General de Aguas y de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales.
Las concesiones de uso agrícola otorgadas mediante el Decreto de Facilidades Administrativas tendrán una vigencia mínima de 10 años, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, informó Mauricio Rodríguez Alonso, subdirector general de Administración del Agua.
Rodríguez Alonso subrayó que el endurecimiento de la rectoría del Estado sobre el agua no está dirigido contra los productores agrícolas, sino contra los grandes acaparadores que terminan afectando las actividades de quienes trabajan en favor de la soberanía alimentaria. Como ejemplo, refirió que en Zacatecas se identificó a través de imágenes satelitales, un caso de concesiones de pozos otorgadas para uso agrícola que fueron utilizadas en desarrollos residenciales, “ellos sí le cobraban el agua a todos los que habitaban ahí, entonces era un negocio millonario”, describió.
Oscar Jovanny Zavala Gamboa, subdirector general jurídico de Conagua, detalló, sin embargo, que el mayor problema en Zacatecas no es de acaparamiento sino de regularización de las concesiones.
Abrió la sesión desmintiendo una serie de versiones que -dijo- formaron parte de una campaña de desinformación, entre ellas que la nueva legislación busca criminalizar a usuarios agrícolas, romper el binomio tierra-agua o impedir la herencia de concesiones. Afirmó que “la ley no busca criminalizar absolutamente a nadie” y que los derechos sucesorios “jamás estuvieron en tela de juicio”.
Dando lectura al artículo 37 Bis 1 de la Ley de Aguas Nacionales, el subdirector jurídico, subrayó que Conagua tendrá un máximo de 20 días hábiles para reasignar derechos de agua derivados de transmisión de propiedad, fusiones, escisiones o sucesiones.
Zavala Gamboa desmintió que el Fondo de Reserva de Aguas Nacionales funcione como un banco de agua al explicar que se integrará solamente con cesiones voluntarias, extinción legal de títulos o el etiquetado de volúmenes en transmisiones y sucesiones.
En lugar de prolongar la exposición, las autoridades de Conagua decidieron dar paso a las preguntas de los participantes que se dieron cita en un espacio que resultó rebasado por la asistencia.
Se plantearon dudas sobre la siembra de pinos para recargar acuíferos, pozos que empezaron a arrojar agua salina, la división de concesiones heredadas, regularización de pozos perforados sin concesión, la medición del consumo, así como la relocalización de agua en un mismo ejido, entre otros casos específicos.
Una de las respuestas que generó más alivio entre los asistentes fue que la obligación de reportar los volúmenes de agua utilizada aplica únicamente a las unidades y distritos de riego, y no a los pozos individuales o de pequeños grupos de productores.
Severiano Zamarrón, dirigente de la Unión de Pozos Agrícolas, solicitó precisar qué ocurrirá con las unidades de riego cuyos títulos están vencidos y no fueron consideradas en el Decreto de Facilidades Administrativas, situación que afecta a cientos de usuarios de presas y sistemas colectivos. Los funcionarios de Conagua explicaron que estos casos no quedan fuera de la regularización, pero deben atenderse por una vía distinta, a través del área específica encargada de unidades de riego.
Indicaron que estos casos los atiende Pedro Lázaro y se revisan en una mesa de trabajo que sesiona todos los martes, en la que participan Conagua, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE
).
Las respuestas despejaron otras dudas puntuales, aclarando que la relocalización de pozos es posible cuando se trate del mismo titular y se cierre el pozo original; que la combinación de usos agrícola, pecuario y acuícola no constituye un cambio de uso; que contar con un medidor ya es una responsabilidad que se adquiere con la concesión; y que transportar agua concesionada sin fines de lucro, por ejemplo para dar de beber al ganado, no constituye delito, pues las sanciones están dirigidas a la extracción ilegal con fines comerciales.
Al término del evento, Severiano Zamarrón, señaló que la entrega de concesiones representa un avance, frente a un rezago de casi 3 mil trámites pendientes. Informó que los títulos entregados este jueves fueron representativos y que para la próxima semana está agendada la entrega de más concesiones.
