Con la presencia de activistas de la diversidad sexual, este jueves en el Congreso del Estado, la diputada Renata Ávila (PT) presentó la iniciativa para incorporar al Código Penal un artículo 309 Ter que defina el transfeminicidio, como el delito que prive de la vida a una mujer trans por razones de identidad o expresión de género, motivada por odio a dicha identidad o expresión.
La iniciativa establece una pena base de 35 a 50 años de prisión, y prevé que la sanción pueda agravarse hasta en una tercera parte cuando concurran elementos como ensañamiento o crueldad frente a la identidad de género, la participación de dos o más agresores, comisión del crimen frente a personas cercanas, o cuando la víctima sea menor de edad, adulta mayor, persona con discapacidad, se encuentre en situación de calle o ejerza trabajo sexual, además de amenazas previas motivadas por transfobia.
Pedro Martínez (PAN) planteó una reforma el Código Penal para ampliar las agravantes en delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes, incorporando sanciones específicas cuando los agresores sean ministros de culto, tutores o cualquier persona con poder o autoridad sobre la víctima, y cuando abusen de esa posición de confianza. Además, establece que quienes conozcan estos hechos y no los denuncien podrán recibir penas de uno a tres años de prisión y multas de hasta 300 UMA. La iniciativa sumó más de 10 adhesiones.
También, plantean reforma para
ampliar agravantes en delitos
cometidos contra niñas, niños y adolescentes.
Además, quienes conozcan estos
hechos y no los denuncien podrán
recibir penas de uno a tres años de
prisión y multas de hasta 300 UMA.
En nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, Alfredo Femat propuso un exhorto al gobernador para que dentro del Presupuesto de Egresos 2026 se destinen recursos a la Junta Intermunicipal para la Operación del Relleno Sanitario (JIORESA), indicando que el relleno sanitario opera desde hace meses sin maquinaria suficiente para compactación y cobertura, con deficiencias en el manejo de lixiviados y emisiones, además de acumular multas de PROFEPA imposibles de solventar sin más apoyo.
El petista recordó que JIORESA recibe más de 330 toneladas diarias de desechos, atendiendo a más de 400 mil habitantes de Zacatecas, Guadalupe, Morelos y Vetagrande, y que su operación es estratégica para la salud pública. Indicó que la falta de recursos podría agravar las sanciones ambientales.
Proponen exhortar al Ejecutivo
a destinar recursos del Impuesto
Ecológico para financiar la labor
de activistas que atienden casos
de abandono, maltrato, tortura o
extrema violencia contra perros y gatos..
Destacando que “donde hay crueldad animal hay violencia social” y a nombre de 15 grupos de rescate animal y 26 colectivos y profesionistas, Femat presentó otra iniciativa para exhortar al Ejecutivo a destinar recursos del Impuesto Ecológico para financiar la labor de quienes, con recursos propios y donaciones, atienden casos de abandono, maltrato, tortura o extrema violencia contra perros y gatos.
“Imaginen lo que implica acudir personalmente a estas escenas, recoger los cuerpos, rescatar a los que aún respiran y enfrentar directamente a quienes los violentan”, señaló el legislador al describir la labor de rescatistas que “atienden emergencias, trasladan animales heridos, gestionan esterilizaciones y hasta realizan labores de investigación comunitaria”, asumiendo una “tarea que, moral y legalmente, correspondería también al Estado”.
Para garantizar una respuesta inmediata frente al maltrato animal, Maribel Villalpando (Morena) propuso que las corporaciones de seguridad pública municipal actúen como primera instancia de atención, mediante la adición de una fracción al artículo 16 de la Ley para el Bienestar y Protección de los Animales.
Presentan una iniciativa para
endurecer las sanciones contra
abogados que abusen de su
conocimiento procesal para
afectar el acceso a la justicia
Ruth Calderón (Morena) presentó una iniciativa para endurecer las sanciones contra abogados que abusen de su conocimiento procesal para afectar el acceso a la justicia, proponiendo reformas a los artículos 210 y 211 del Código Penal a fin de tipificar el retraso deliberado de juicios como una conducta punible. La propuesta sanciona a quienes entorpezcan o dilaten intencionalmente un procedimiento mediante recursos frívolos, incidentes improcedentes, ocultamiento de información o simulación de actos procesales, y refrenda penas que van de uno a ocho años de prisión para conductas ilícitas cometidas por abogados en ejercicio de su profesión.
Señalando que en Zacatecas se atienden más de 2 mil delitos cibernéticos al año y que la Policía Cibernética resulta insuficiente, Renata Ávila propuso la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos Digitales y Cibernéticos. La nueva fiscalía sería responsable de diseñar, investigar y perseguir penalmente delitos cometidos mediante tecnologías de la información, redes sociales, sistemas informáticos, inteligencia artificial y otros entornos electrónicos, además de garantizar protección, acceso a la justicia y no revictimización de quienes sufran fraudes, hackeos, extorsiones o violencia digital.
Ma. Teresa López (PAN) presentó una iniciativa para reformar el artículo 106 del Código Familiar del Estado, con el fin de prohibir de forma expresa e inequívoca el matrimonio y las uniones libres entre personas menores de 18 años, armonizando la legislación local con el Código Civil Federal. Señaló que una obligación del Estado evitar prácticas que vulneran su bienestar, restringen su desarrollo y los exponen a dinámicas de violencia y desigualdad.
La morenista Susana Barragán presentó una reforma al artículo 181 del Código Penal para ampliar la definición del delito de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado, incorporando modalidades como la participación indirecta, el apoyo logístico, la vigilancia, el traslado o almacenaje de objetos ilícitos y el adiestramiento orientado a integrar estructuras delictivas.
Eleuterio Ramos (PRD), propuso reformar la Ley del Servicio Civil para que todo acto o consentimiento obtenido bajo coacción, intimidación o condicionamiento económico en contextos de transferencia administrativa sea nulo de pleno derecho, y que ninguna disposición pueda interpretarse para reducir derechos o romper la progresividad laboral.
Buscan ampliar las atribuciones
del Incufidez para que brinde
acompañamiento médico, psicológico,
nutricional, pedagógico y de trabajo
social a deportistas de alto rendimiento
y talentos emergentes
María Dolores Trejo (Morena) propuso ampliar las atribuciones del Incufidez para que brinde acompañamiento médico, psicológico, nutricional, pedagógico y de trabajo social a deportistas de alto rendimiento y talentos emergentes, y para que, en coordinación con la Secretaría de Educación, implemente programas permanentes de detección de talentos en escuelas y comunidades.
Fueron turnadas a comisiones, sin lectura en el Pleno, las iniciativas de Karla Estrada (PAN), Lyndiana Bugarín (PVEM) y José David González (PRI), relativas a la cohabitación forzada de niñas, niños y adolescentes; delitos digitales y al establecimiento del 11 de septiembre como Día Estatal del Voluntariado Zacatecano, en reconocimiento al legado de Luz González Cosío.
Al cerrar la sesión, Karla Estrada fue la única oradora en Asuntos Generales y utilizó su intervención para descalificar la estrategia federal de Farmacias del Bienestar, a la que describió como “apapachos para no enfermarse” y “puestos de chicles con paracetamol”. La diputada y presidenta honorífica del DIF Municipal de la capital, leyó un posicionamiento en el que afirmó que el programa funciona “en la oscuridad” como una “caja chica”. Ma. Teresa López (PAN) y Ana María Romo (MC) respaldaron la lectura de la panista, reivindicando hospitales construidos en el sexenio de Felipe Calderón y señalando que debía fiscalizarse la instalación de módulos afuera de los IMSS, ISSSTE y hospitales estatales.
