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■ Sufren “trampas” urbanas en calles de la entidad

Lidera Zacatecas tasa nacional de población con discapacidad

■ Espacios inclusivos siguen siendo insuficientes

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Por: Jaqueline Lares Chávez •

En 1992, la Asamblea General de Naciones Unidas, mediante la resolución A/RES/47/3, proclamó el 3 de diciembre como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El objetivo de esta fecha es promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad y del desarrollo, así como concientizar sobre su situación en diversas dimensiones de la vida, entre ellas la política, social, económica y cultural, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

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El término “discapacidad”, según la Comisión se utiliza para referirse a una deficiencia física o mental, que puede incluir dificultades sensoriales, cognitivas o intelectuales, enfermedades mentales o padecimientos crónicos. Las personas con discapacidad enfrentan menos oportunidades económicas, menor acceso a la educación y niveles más altos de pobreza. Lo anterior está relacionado principalmente con la falta de servicios que garanticen el libre ejercicio de sus derechos, como el acceso a la información o al transporte, lo que limita su capacidad de defenderlos. Adicionalmente, la discriminación social y la falta de legislación adecuada continúan afectando a este sector de la población.

A nivel nacional, y de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) reportó que México tenía una población de 130.3 millones de personas. De ellas, 9.5 millones (7.3 por ciento) tenían alguna discapacidad: 5.1 millones eran mujeres (53.4 por ciento) y 4.4 millones hombres (46.6 por ciento). En cuanto a los grupos de edad, poco más de la mitad (50.9 por ciento) tenía 60 años o más, mientras que los porcentajes más bajos se registraron entre la población infantil y juvenil, con 7.8 por ciento y 9.3 por ciento, respectivamente.

La misma encuesta señaló que en 2024 existían en México 38.8 millones de hogares, de los cuales 7.8 millones (20.0 por ciento) tenían al menos una persona con discapacidad. En contraste, 31 millones de hogares (80.0 por ciento) no contaban con integrantes con discapacidad. Se informó también que 64.1 por ciento del total de hogares registró gastos en cuidados de la salud, con un promedio trimestral de 2 mil 506 pesos. En aquellos hogares donde habitaba al menos una persona con discapacidad, 70.8 por ciento reportó gastos en salud, con un promedio trimestral de 3 mil 415 pesos. Por su parte, los hogares sin personas con discapacidad registraron un gasto en salud de 2 mil 248 pesos trimestrales, equivalente a 62.4 por ciento del total.

En materia laboral, en 2023 se identificaron 102 mil 285 unidades económicas que emplearon a personas con discapacidad. De estas, más de la mitad (51.3 por ciento) pertenecen al sector comercio; los servicios representan 34.7 por ciento y las manufacturas, 11.0 por ciento. La dificultad más común entre el personal con discapacidad ocupado en el comercio fue la limitación para ver, aun utilizando lentes, con 35 mil 572 personas; mientras que la menos frecuente fue la dificultad para hablar o comunicarse, con 3 mil 148 personas.

Incluso, para 2023, la población de cinco años y más con discapacidad en México fue de 8.8 millones, de los cuales 46.5 por ciento eran hombres y 53.5 por ciento mujeres. Zacatecas se posicionó como el estado con el porcentaje más alto de población de cinco años y más con discapacidad, con 11.2 por ciento. 

En el caso de Zacatecas, la falta de infraestructura adecuada para personas con discapacidad constituye un problema persistente y visible en distintos espacios de la vida cotidiana. En escuelas, calles, plazas públicas y locales comerciales se observa de manera constante la ausencia de condiciones básicas de accesibilidad, lo que evidencia un rezago estructural. Esta situación se agrava por la propia configuración del Centro Histórico, una zona caracterizada por calles angostas, banquetas reducidas y pendientes pronunciadas que dificultan aún más el desplazamiento de quienes requieren movilidad asistida, ya sea mediante silla de ruedas, bastón o apoyos adicionales.

A pesar de algunos esfuerzos aislados por adecuar rampas y espacios inclusivos, estos siguen siendo insuficientes y, en muchos casos, no cumplen con las dimensiones, inclinaciones o materiales adecuados para garantizar un tránsito seguro. A ello se suma un problema cultural profundamente arraigado: la falta de respeto hacia los espacios designados para personas con discapacidad, como los cajones de estacionamiento exclusivos, que frecuentemente son ocupados por automovilistas que no los necesitan o que los utilizan sin contar con la acreditación correspondiente. Esta falta de conciencia social reproduce barreras adicionales que impiden el ejercicio pleno de los derechos de movilidad.

El sistema Braille, que debería estar presente en señaléticas, edificios públicos y espacios de uso común, tampoco se encuentra de manera extendida en la ciudad. Su presencia es mínima o inexistente, lo que limita la autonomía de personas con discapacidad visual. De igual forma, en muchos puntos de la ciudad faltan barandales, guías podotáctiles u otros apoyos táctiles que faciliten el desplazamiento seguro, particularmente en zonas con desniveles, escaleras o cruces peatonales complejos.

En lo que respecta al transporte público, si bien algunas unidades cuentan con ciertas adaptaciones, como rampas o espacios destinados a personas con movilidad reducida, estas soluciones no siempre se utilizan de manera correcta o no son funcionales en la práctica diaria. En algunos casos, las adaptaciones permanecen inutilizadas, funcionan de manera deficiente o los operadores no reciben capacitación adecuada para su uso. En otros, las personas prefieren no emplearlas debido a limitaciones técnicas o a la falta de condiciones que garanticen seguridad y comodidad. 

Este escenario provoca que la movilidad de personas con discapacidad siga siendo limitada, insegura y altamente dependiente de terceros, reproduciendo desigualdades que podrían reducirse significativamente con infraestructura adecuada, mantenimiento constante y una cultura ciudadana más consciente e incluyente.

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