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■ Señalamientos por abusos y quejas ante DH evidencian que aún hay mucho trabajo por hacer

Declaraciones de Godezac sobre el actuar de policías contrastan con denuncias ciudadanas

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Por: Jaqueline Lares Chávez •

Durante la ceremonia cívica realizada este lunes en la sede de la 176/a Compañía de la Guardia Nacional, en la comunidad de San Jerónimo, el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, afirmó que, tras cuatro años de gestión, Zacatecas ha iniciado un proceso de recuperación en materia de seguridad. Incluso sostuvo que el estado “ya tiene la mejor policía del país y aspira a convertirse en una de las mejores del mundo”, aunque esta valoración contrasta con una realidad que aún plantea desafíos importantes.

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Reyes Mugüerza, señalo que el arranque del actual sexenio estuvo marcado por una crisis de violencia que generó incertidumbre social y desafíos institucionales. No obstante, aseguró que, mediante la coordinación con autoridades federales y el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad, se ha logrado revertir ese escenario. 

El secretario destacó que este avance se debe al trabajo conjunto de la Policía Estatal, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y las instituciones encargadas de la procuración de justicia, así como al compromiso del personal operativo que participa diariamente en las labores de seguridad. Asimismo, recordó que, al inicio del actual gobierno, más de veinte municipios carecían de policías municipales funcionales y la corporación estatal operaba con recursos y capacidades limitadas.

En este contexto, Reyes Mugüerza sostuvo que la labor encabezada por la Secretaría de Seguridad Pública, ha permitido reposicionar a la Policía Estatal. 

No obstante, las afirmaciones oficiales conviven con diversos señalamientos públicos respecto al actuar policial. Uno de los casos más recientes ocurrió durante la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza), el 21 de septiembre, cuando comerciantes de la zona de bares denunciaron agresiones presuntamente cometidas por elementos policiales. Las imágenes difundidas provocaron indignación social y motivaron a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas a iniciar una queja de oficio y ofrecer acompañamiento jurídico y psicológico a posibles víctimas.

A estos hechos se suma la denuncia de la colectiva de madres buscadoras “Sangre de mi sangre”, cuyos integrantes aseguraron haber sido reprimidas por personal de tránsito y policías estatales mientras se desarrollaba el informe de gobierno de David Monreal Ávila. La organización manifestó que incidentes como este dificultan su labor de búsqueda y constituyen un agravio hacia quienes exigen justicia.

También permanece en la memoria pública lo ocurrido el 8 de marzo de 2024, cuando al menos 15 mujeres fueron detenidas y agredidas al término de la marcha conmemorativa del Día Internacional de la Mujer. 

En materia de derechos humanos, tanto la Comisión Estatal como la Comisión Nacional han emitido recomendaciones dirigidas a corporaciones de seguridad. El 13 de junio de 2024, la persona identificada como VI1 presentó una queja en favor de VD1 ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, señalando a elementos de la Policía Estatal Preventiva y a agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Trancoso por presuntas violaciones a derechos humanos. Tal queja se encuentra en el expediente CDHEZ/395/2024 y su acumulado CDHEZ/411/2024.

A nivel federal, la CNDH publicó la recomendación 272/2024 en la que señala responsabilidad tanto del titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas como del presidente municipal de Zacatecas por la actuación violenta de agentes policiales contra un grupo de mujeres que se manifestaban el 8 de marzo en Plaza de Armas.

Aunque el gobierno estatal sostiene que Zacatecas avanza en la recuperación de la seguridad y fortalece sus corporaciones policiales, los señalamientos por abusos, las quejas ante organismos de derechos humanos y las recomendaciones emitidas por instancias estatales y federales evidencian que aún persisten retos profundos. El contraste entre el discurso oficial y las denuncias ciudadanas refleja la necesidad de continuar revisando, supervisando y profesionalizando el actuar policial para garantizar una pacificación real y sostenible en la entidad.

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