Productores agrupados en el Frente Nacional de Lucha por el Campo Mexicano realizaron una manifestación pacífica en las instalaciones del Grupo Modelo, en el municipio de Calera, como parte de una movilización que, afirmaron, se mantiene en 17 estados del país. El movimiento demanda la defensa del agua como bien nacional, la regulación de precios de garantía para granos y la solución a problemas en centros de acopio y adeudos energéticos.
Las intervenciones durante la protesta recriminaron que las instituciones encargadas de atender al sector agropecuario no conocen “los problemas de raíz” y reprocharon que “desde que se hizo la República, ningún partido nos ha cumplido”. Alberto de Santiago Murillo señaló que la situación es el resultado de decisiones históricas: “Todos nos salen debiendo y debido a eso que nos deben, estamos jodidos”.
De Santiago criticó que, mientras el frijol se paga en ocasiones a “cuatro o cinco pesos”, exista capacidad económica y logística en otros eslabones de la cadena para sostener precios mayores. Subrayó la necesidad de que la ley “obligue y regule los precios de garantía” y denunció prácticas desleales en la cadena de transformación del maíz: “No es posible que Altagracia Gómez Sierra, la asesora técnica de la Presidencia de la República, sea la dueña de Minsa y de Maseca, y que ella compre e importe deslealmente maíz a 3.20 pesos… y que esté vendiendo la harina de maíz a los tortilleros a 25 o 30 pesos”.
En relación con las movilizaciones y los paros nacionales, De Santiago señaló que continuarán “tomando acciones civilizadamente” y defendió la presencia de la gente en la protesta: “Si ustedes ven aquí no es gente acarreada, es gente con necesidad.” Enumeró demandas concretas: pago justo por el frijol, regularización de títulos vencidos, atención a cuotas energéticas, saneamiento de adeudos ante la Comisión Federal de Electricidad y políticas públicas que “nos protejan y no que nos agredan”.
El dirigente acusó intentos oficiales por politizar y dividir el movimiento. Sobre señalamientos de la Secretaría de Gobernación, afirmó que “Rosa Isela salió a manifestar que pertenecíamos a ciertos grupos políticos, que pertenecíamos a ciertos partidos, que teníamos algunos de nosotros denuncias penales”, y sostuvo que muchas de esas denuncias provienen de administraciones anteriores o surgieron a raíz de la propia criminalización del movimiento.
Respecto a las negociaciones en la Ciudad de México, apuntó que “están sentados en Gobernación, tratando de resolver los 5 puntos principales”, que incluyeron la exclusión de granos del T-MEC la regulación de precios de garantía, la creación de una banca de desarrollo adecuada para productores, la conformación de mecanismos de aseguramiento más justos y el fortalecimiento de canales comerciales para ventas directas.
El tema del agua fue señalado como el más crítico. De Santiago cuestionó las cifras oficiales y exigió estudios serios: “No es posible que digan que nosotros estamos gastando el 76 por ciento del agua a nivel nacional, cuando ahorita en el Valle de Loreto, en el Valle de Calera, en los cañones de Juchipila, en el desierto, en el semidesierto y en la zona norte, ahorita está sin operar el 95% de los pozos.” Planteó la necesidad de un estudio hidrológico nacional y de leyes hídricas regionalizadas, porque “las condiciones de cada estado son diferentes”.
Asimismo, denunció que la reforma propuesta a la Ley de Aguas Nacionales favorece a las empresas al facilitar concesiones: “La nueva reforma a la ley… da las facilidades administrativas para que las empresas concesionen tierras, concesionen ríos, concesionen arroyos y puedan hacer sus desfogues de desechos tóxicos a esas aguas. Entonces, ahí la ley agrede, agrede al productor y favorece a las empresas”.
Fernando Galván, productor frijolero, urgió a diputados y autoridades federales y estatales a poner fin al “huachicoleo” del agua y a regular los precios de garantía para el frijol y otros productos agrícolas. Indicó que, aunque oficialmente deberían operar más de 30 centros de acopio, apenas seis o siete están realmente en funcionamiento, lo que ha retrasado la compra del grano y provocado pérdidas por humedad ante la falta de costales y personal.
Denunció además que algunos productores están siendo obligados a vender frijol a precios tan bajos como cinco pesos por kilo, cifra insuficiente incluso para cubrir el costo de un litro de diésel.
El productor también señaló presuntos casos de abuso y concesiones irregulares de agua otorgadas desde administraciones pasadas. Subrayó que el agua es un recurso de la nación y no propiedad de funcionarios ni gobiernos.
Galván afirmó que diversas empresas extranjeras contaminan los mantos acuíferos y afectan a comunidades del valle de Calera mediante el desfogue de aguas residuales. Por ello, pidió que la ley se aplique de manera estricta contra quienes dañen el medio ambiente y pongan en riesgo la producción agrícola.
El movimiento campesino anunció que mantendrá las movilizaciones hasta que se regularice tanto la ley del agua como los precios de garantía, además de exigir que las autoridades actúen con responsabilidad, voluntad y conciencia. “Los recursos naturales son del pueblo y deben preservarse para las nuevas generaciones”, sostuvo.
Finalmente, advirtió que, de no haber soluciones, los productores están dispuestos a continuar las manifestaciones e incluso trasladarse a la Ciudad de México.
