En el marco del paro nacional campesino y transportista, productores del Barzón y de la organización Alianza Productiva realizaron ayer al mediodía una rueda de prensa en la entrada del Congreso del Estado, donde manifestaron su rechazo a la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, denunciaron la descapitalización del campo y la falta de acceso al precio de garantía frente a extorsionadores que imponen precios a través de prácticas de violencia.
Manuel Alvarado Pérez, dirigente estatal del Barzón, afirmó que las decisiones del Gobierno federal “se están tomando desde las cúpulas, sin escuchar a los productores”, motivo por el cual se sumaron a la jornada nacional de resistencia que, señaló, se replicó en 28 estados de la república.
El dirigente explicó que, pese a la realización de foros, entrevistas con expertos y recepción de demandas para discutir la Ley de Aguas, los productores tienen la convicción de que a la presidenta le llega información distorsionada sobre sus demandas. Detalló que la falta de experiencia de legisladores y la ausencia de asesores conocedores del campo han derivado en propuestas hechas “desde el escritorio” que, advirtió, atentan contra la soberanía alimentaria.
Dicho señalamiento lo reiteraron los productores Karina López y Luis Flores desde la caseta de Calera y Alberto de Santiago Murillo, de la Asociación de Áreas Agrícolas y Pecuarias de Zacatecas, desde la toma de las instalaciones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
De Santiago Murillo se quejó de que el decreto para regularizar concesiones fue “mal dado”, al limitarse únicamente a títulos emitidos entre el 1 de octubre de 2017 y marzo de este año, lo que deja en indefensión, dijo, tanto a las concesiones vencidas antes de 2017 como a aquellas que no han podido actualizarse desde marzo a la fecha.
Alvarado Pérez explicó que la producción de riego requiere más de 50 mil pesos de inversión por hectárea, cifra imposible de recuperar con los precios actuales. Por ello, destacó la exigencia de sacar del T-MEC los granos básicos —maíz, frijol y sorgo—, al explicar que Estados Unidos y Canadá sí tienen subsidios agrícolas, mientras que México importa hasta 22 millones de toneladas de maíz cada año.
Sobre la reforma del agua, productores de Trancoso, Cuauhtémoc, Guadalupe y Jerez señalaron que la iniciativa afectaría a quienes dependen de pozos familiares, de la colecta de agua de ríos y unidades de riego, al exponerlos a restricciones que acabarían con el valor de la tierra, al no tener acceso al vital líquido ni para consumo ni para producción.
“Todos somos conscientes que nos queda muy poca agua, pero el querer monopolizarla ellos como Gobierno, como humanidad, habla muy mal”, expresó Ma. Isabel Murguía García, quien participó en la marcha denominada Generación-Z el pasado 15 de noviembre y destacó que el derecho al agua está establecido dentro de la Biblia, no solo por derechos humanos.
Por su parte, José Abraham Sabag Gurrola, quien se presentó como un pequeño productor, expresó que “El agua le pertenece a los campesinos que fueron los que hicieron la revolución”.
El Barzón denunció además la paralización de la banca de desarrollo, la falta de seguro agrícola, la ausencia de investigación pública en semillas y el control del mercado por parte de corporaciones trasnacionales como Bayer.
Manuel Alvarado cuestionó que en el estado se consuman maíces provenientes de Jalisco y Sinaloa. Subrayó que el modelo de producción basado en parcelas demostrativas puede abastecer a la industria local. Puso como ejemplo el caso de Octavio, productor de Tacoaleche, con quien han obtenido rendimientos de 18 toneladas por hectárea.
Recordó que las bodegas de Zacatecas están saturadas con más de 80 mil toneladas de frijol y, al destacar que el Gobierno no comprará ni una tercera parte de las 300 mil toneladas producidas este ciclo, propuso que 100 mil se destinen a los estados damnificados por los recientes desastres naturales y las restantes 100 mil sean adquiridas por grandes compradores bajo reglas que no permitan distorsiones de precio.
“Que la Guardia Nacional venga, recoja la semilla y la lleve para que no se la quiten. Porque los que vienen aquí a la zona frijolera a comprar arriba de 20, les quitan el camión, les ponen una chinga y ya no se vuelven a parar”, señaló.
El dirigente reclamó la falta de respuesta de los diputados locales y federales, a quienes señaló por no asumir la defensa del campo. “Tenemos un Chuy Padilla de la zona frijolera, tenemos un Femat que viene de México como diputado federal… O sea, ya conocen muy bien el procedimiento y los que llegan como nuevos prácticamente son manipulados por los que ya tienen tiempo”, reprochó.
