Con el objetivo despresurizar el sistema penal mediante la atención inmediata de faltas administrativas, la mediación y la resolución temprana de conflictos vecinales, este martes en el pleno de la LXV Legislatura, Marco Vinicio Flores Guerrero (MC) propuso expedir la Ley de Justicia Cívica e Itinerante para el Estado de Zacatecas.
La justicia itinerante operaría con brigadas y módulos móviles para llevar audiencias, conciliación y servicios jurídicos a comunidades rurales y zonas sin infraestructura municipal, reduciendo desigualdades territoriales en el acceso a la justicia, planteó el legislador. La iniciativa recibió cuatro adhesiones.
Ante el diagnóstico nacional de la Secretaría de las Mujeres, que identifica a Zacatecas como un estado que limita la protección efectiva para víctimas de abuso sexual al carecer de suficientes agravantes, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), en voz de Renata Ávila Valadez, planteó una reforma amplia al artículo 237 Bis del Código Penal para elevar de manera significativa las penas por abuso sexual y violación, pasando el aumento previsto en agravantes de una mitad a dos terceras partes, y actualizando el catálogo de circunstancias que incrementan la sanción.
La iniciativa incorpora como nuevas hipótesis de agravación cuando el delito se comete en transporte público o privado con fines de servicio, o en lugares solitarios o que impidan solicitar auxilio; amplía sujetos activos para incluir a padrastros, madrastras, parejas, concubinos y cualquier figura con autoridad o vínculo familiar, y añade la pérdida de derechos sucesorios además de la patria potestad cuando el agresor tiene relación parental con la víctima.
María Dolores Trejo propuso crear un nuevo artículo 11 Bis en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para reconocer la violencia patrimonial, definiéndola como cualquier acción de pareja, expareja o familiar que limite o impida a la mujer usar o disponer de sus bienes. La iniciativa también ordena al Gobierno del Estado implementar apoyos para que mujeres regularicen vivienda y propiedad familiar, al señalar que esta forma de control económico es una de las barreras que más impiden salir de entornos de violencia.
Maribel Villalpando propuso reformar la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación para incluir el bienestar animal como criterio obligatorio en las actividades de investigación y desarrollo, con la intención de alinear la normatividad estatal con estándares internacionales y promover prácticas científicas que consideren el trato digno y responsable hacia los animales.
Carlos Peña presentó una iniciativa para reformar la Constitución Política del Estado de Zacatecas con el fin de fortalecer la protección de los derechos humanos e incorporar de manera explícita el bloque de constitucionalidad, lo que obliga a que autoridades estatales y municipales actúen conforme a la Constitución Federal y los tratados internacionales.
Por su parte, Ma. Teresa López presentó una iniciativa para modificar la Ley Orgánica del Municipio a fin de ajustar la integración de ayuntamientos en municipios con mayor población.
Santos González planteó reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo para crear un capítulo dedicado a la accesibilidad de la información y transmisiones del Congreso, con la intención de que sesiones, documentos y materiales audiovisuales cuenten con formatos y herramientas que permitan su consulta por personas con discapacidad, en cumplimiento de los principios de transparencia y acceso igualitario a la información.
La diputada del Partido Verde Ecologista, Fernanda Miranda propuso adicionar un artículo 54 Quáter a la Ley del Servicio Civil para que madres, padres y tutores que trabajan en el gobierno puedan salir antes del día del Consejo Técnico Escolar o, en su caso, llevar temporalmente a sus hijos a su centro laboral. La medida busca evitar que niñas y niños queden sin supervisión durante esas jornadas.
Además de las iniciativas turnadas a comisiones, el pleno aprobó dos dictámenes en segunda lectura. El primero reforma la Ley de la Juventud del Estado para incluir la educación financiera como componente obligatorio de la política pública dirigida a adolescentes y jóvenes. El segundo modifica el artículo 9 del Código Familiar para fortalecer el registro de deudores alimentarios y facilitar su consulta por parte de instituciones públicas y privadas.
El Grupo Parlamentario del PT presentó además un exhorto dirigido a dependencias estatales para que incorporen espacios de reflexión masculina en las actividades del Mes Naranja. La propuesta retoma la idea de que la prevención de la violencia requiere la participación activa de los hombres, y que las instituciones deben ir más allá de las campañas tradicionales centradas solo en mujeres.
