A pesar de que autoridades de Gobierno del Estado y de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) anunciaron que la entrega de costales se realizaría durante los primeros días de noviembre y los 52 centros de acopio ubicados en el territorio zacatecano abrirían sus puertas el 10 de noviembre, al día de hoy, la entrega de costales no se ha dispersado y únicamente un centro de acopio se encuentra abierto, denunciaron productores locales, quienes señalaron que, incluso, varios centros de acopio aún resguardan granos del año pasado como es el caso del que se encuentra en el municipio de Río Grande.
Por otra parte, integrantes de la Asociación de Áreas Agrícolas y Pecuarias del Estado de Zacatecas (Aaaprizac) informaron que, tras las jornadas y manifestaciones realizadas en la Ciudad de México, se logró detener la discusión de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales en la Cámara de Diputados. Señalaron que este avance es el principal acuerdo alcanzado por el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) durante las reuniones sostenidas con la Secretaría de Gobernación y legisladores federales. Aunque reconocieron este resultado como “un logro significativo”, advirtieron que permanecerán atentos y organizados hasta que los compromisos se formalicen por escrito.
Durante una conferencia de prensa, los dirigentes explicaron que la semana de trabajo en la capital del país incluyó reuniones con la Comisión Hídrica, la Comisión de Agricultura y Ganadería, y legisladores que escucharon sus peticiones. Según relataron, fue el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar quien abrió las puertas del Congreso para que se instalara una mesa de diálogo. “Se llegó al acuerdo de que la nueva ley se para, y esta no va a ser aprobada”, afirmó Alberto de Santiago Murillo. Señaló que esto representa un respiro para quienes venían “en la incertidumbre de que la ley nos reprimía y nos despojaba del agua”.
Los agricultores habían manifestado preocupación por disposiciones de la reforma que impedían heredar, transmitir o vender títulos de concesión. Uno de los puntos más polémicos, denunciaron, era que, en caso de fallecimiento del titular, el documento pasaría automáticamente al Estado. “Pensé: y mis hijos, ¿se van a quedar sin el patrimonio?” expreso Arnulfo Jaramillo, un productor de Loreto, quien aseguró que la iniciativa habría arrebatado no solo el agua, sino “toda una vida de trabajo”.
Los productores enfatizaron que sin certeza jurídica en torno al agua resulta imposible acceder a créditos, renovar permisos o planear cultivos. Subrayaron que el agua y la tierra funcionan como un binomio inseparable para la producción. “El que le da valor a la tierra es el agua”, sostuvo De Santiago Murillo, al recordar que sin ese recurso no hay maíz, frijol, hortalizas ni producción derivada del campo. Por ello insistieron en que cualquier modificación a la ley debe considerar las necesidades reales del sector rural.
Los representantes agrícolas también abordaron la compleja situación económica que atraviesa el campo. Explicaron que los precios del maíz, sorgo, trigo y hortalizas se encuentran en niveles históricamente bajos, lo que ha provocado crisis económicas en municipios como Loreto y en todo el valle agrícola de la región. “Las lechugas, los repollos y las cebollas están demasiado baratos; no regresan los costos de inversión”, además advirtieron que muchos productores ya trabajan con capital insuficiente para el siguiente ciclo agrícola.
A esto se suma, dijeron, la falta de financiamiento y de cadenas comerciales justas. Los líderes señalaron la necesidad de regular el coyotaje, aunque aclararon que no buscan eliminarlo, sino que se establezcan condiciones equitativas. “Que la ganancia sea compartida, que fortalezca la economía del productor y la del pueblo”, mencionaron, al considerar que actualmente los intermediarios ejercen prácticas que afectan la rentabilidad de los agricultores.
Afirmaron que la lucha no solo tiene que ver con el agua, sino con un llamado urgente a revisar lo que consideran un abandono prolongado al campo mexicano. “El agricultor no tiene ni ganas ni necesidad de andar en manifestaciones”.
También hicieron fuertes señalamientos hacia el gobierno federal, particularmente contra la Secretaría de Agricultura. Acusaron al titular de la dependencia, Julio Berdegué Sacristán de “traicionar y engañar” a los productores al no resolver problemas como la renovación de títulos de concesión o la gestión de la cuota energética. De Santiago Murillo afirmó que ya solicitó directamente en el Zócalo que se realice una reestructuración en el gabinete federal y que se designe a funcionarios que realmente atiendan las necesidades del sector.
Ante el riesgo de que los compromisos no se cumplan, los productores anunciaron que el día 24 realizarán acciones coordinadas en 25 estados, entre ellas tomas de aduanas, paros en carreteras y levantamiento de plumas en las casetas para permitir el paso libre. “No queremos afectar a terceros”, aclararon, pero insistieron en que la situación es urgente y requiere respuesta inmediata. “Lo que menos queremos es afectar, pero sí queremos que el gobierno federal preste la atención y el respeto que merecemos”, sostuvo.
Los agricultores también exhortaron al gobierno estatal a evitar favoritismos y a no concentrar apoyos en pequeños grupos de productores. Señalaron que este no es momento para disputas entre gobernadores, presidentes municipales, diputados o senadores, sino para trabajar de manera conjunta en la atención a las necesidades del campo. Denunciaron que, pese a las movilizaciones realizadas, ningún legislador local o federal ni senadores han acompañado su causa. Afirmaron que “el mejor” representante será aquel que se sume a la construcción de soluciones reales tanto en el estado como a nivel nacional.
Finalmente, los líderes del movimiento aseguraron que continuarán con las mesas de trabajo mientras prevalezca la voluntad de resolver los problemas de fondo. Indicaron que el campo requiere planeación, modernización administrativa y procesos más ágiles. “Nuestros tiempos de producción son cortos; esto es urgente”, reiteraron. Confiaron en que los avances logrados son el inicio de un cambio positivo, pero advirtieron que la lucha seguirá hasta garantizar la seguridad jurídica y económica de los agricultores de Zacatecas y de todo el país.
