Con un llamado a frenar la mercantilización del vital líquido y a garantizar el derecho humano al agua, productores, representantes sociales, académicos y autoridades locales participaron en el Foro Parlamento Abierto “Legislación hídrica que México necesita”, convocado por la Cámara de Diputados, la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, la Comisión Nacional para el Agua (Conagua) y el Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ).
El encuentro reunió a diversos sectores del estado con el objetivo de analizar las iniciativas de ley presentadas recientemente por el Ejecutivo Federal para reformar la Ley de Aguas Nacionales y la Ley General de Aguas. Los participantes manifestaron su preocupación por que, a su juicio, las propuestas mantienen la misma estructura que la normativa impulsada en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, la cual, señalaron, no garantiza el acceso equitativo ni protege al medio ambiente de la explotación corporativa.
Durante la inauguración, el coordinador del Frente Popular de Lucha de Zacatecas, Adán González, destacó la importancia de que el foro se convirtiera en un espacio para reunir inquietudes y propuestas desde el territorio. “La iniciativa presidencial no toma en cuenta las características particulares de cada región ni la realidad del campo zacatecano”, advirtió. Añadió que concentrar el control del agua en manos de la Conagua “no es favorable para el estado ni para los productores”.
Los ponentes coincidieron en que la ley debe atender la problemática de los grandes monopolios que acaparan el recurso, como las mineras y las cerveceras, y señalaron que las concesiones actuales favorecen a las corporaciones mientras los productores del campo enfrentan restricciones cada vez más severas. “No se puede hablar de una legislación justa si no se revisan primero las concesiones de los grandes”. Además, denunciaron que la corrupción existente en la distribución del agua y la falta de sanciones a empresas que contaminan los mantos freáticos.
Se recordó que Zacatecas depende casi por completo del agua extraída de pozos profundos, muchos de los cuales ya presentan altos niveles de contaminación por metales pesados debido a las operaciones mineras. Se resaltaron casos como el de Mazapil, donde la explotación de la empresa Newmont agotó manantiales comunitarios y provocó graves afectaciones a la salud de los habitantes. “El agua del semidesierto zacatecano está contaminada y no existe regulación efectiva por parte de la Profepa”.
Otro de los temas que generó amplio debate fue el de la presa Milpillas, proyecto que diversos ponentes calificaron como “viciado de origen” y “herencia del periodo neoliberal”. Según los participantes, su construcción no resolvería el déficit hídrico de Zacatecas, pues solo aportaría una mínima parte del agua necesaria para cubrir el consumo anual. Además, alertaron que el costo energético para bombear el líquido sería insostenible. “Aunque se inviertan miles de millones, la presa no resolverá el problema de fondo”.
Por su parte, el productor Guillermo Ávila advirtió que el campo mexicano atraviesa una crisis sin precedentes debido a los altos costos de los insumos, los bajos precios de los productos y la falta de políticas públicas efectivas. “En lugar de apoyar al sector agropecuario, el Gobierno impulsa medidas que desmotivan a la gente a seguir produciendo”, expresó. Señaló que las reformas propuestas a la Ley de Aguas Nacionales ponen en riesgo el futuro del campo y la soberanía alimentaria del país.
El joven agricultor Édgar Muñoz, expuso la preocupación de las nuevas generaciones por la falta de oportunidades en el sector rural. “Si no hay agua, no hay campo, y si no hay campo, no hay futuro”, dijo, destacando que menos del 20 por ciento de los agricultores en México tienen menos de 40 años. Planteó la necesidad de políticas que incentiven la producción sustentable y faciliten el acceso al agua, así como la tecnificación del riego.
Durante su intervención, Luis Medina advirtió que la reforma hídrica representa un desafío directo a poderosos intereses económicos, entre ellos las empresas mineras, refresqueras y cerveceras que operan en el país. “Son poderes ocultos que no dan la cara, pero manipulan la información y condicionan las decisiones legislativas”, denunció. Enfatizó la necesidad de fortalecer la organización democrática de los productores y recuperar la soberanía alimentaria y energética de México.
Otros participantes, resaltaron las implicaciones sociales de la reforma. “Si se aprueba como está planteada, miles de trabajadores del campo podrían quedarse sin empleo. ¿Cuál es el plan del gobierno para ellos?”, cuestionó, al tiempo que llamó a la sensibilidad de las autoridades para considerar las realidades económicas de quienes dependen del agro.
Además, se alertó sobre la “guerra del agua” que se avecina y propuso medidas alternativas como la captación pluvial, la reforestación masiva y la nacionalización de las presas privadas. También exigió un trato digno para los jornaleros, quienes, dijo, laboran jornadas de hasta 12 horas con salarios por debajo del mínimo.
Al cierre del foro, se acordó integrar un documento con las propuestas y resolutivos emanados del encuentro, los cuales serán presentados el 11 de noviembre en la Ciudad de México, en un foro nacional que reunirá a representantes de todo el país. Los organizadores destacaron que el propósito final es garantizar que cualquier nueva legislación en materia hídrica respete los derechos de las comunidades y priorice el consumo humano sobre los intereses económicos.
“Defender el agua es defender la vida”, concluyeron los asistentes, quienes reiteraron que la discusión debe ser amplia, participativa y transparente, sin imposiciones ni aprobaciones apresuradas desde el Congreso.
