La Secretaría de Educación de Zacatecas (Seduzac) rescindió los contratos vigentes de docentes en todas las instituciones formadoras de docentes debido a que “se encontraron inconsistencias que deben ser subsanadas”; Antonio Reyes Carlos, subsecretario de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación de Zacatecas (Seduzac), quien había avalado las contrataciones, ahora instruyó la medida de rescindirlos.
Es decir, la esta subsecretaría identificó irregularidades en la contratación de personal en escuelas Normales, el Centro de Actualización del Magisterio (CAM) y Universidad Pedagógica Nacional (UPN) que previamente había autorizado.
Ante esta situación, el abogado Jorge Rada afirmó que el oficio SEMS-577/2025, emitido el 31 de octubre de 2025 por la Subsecretaría de Educación Media y Superior del Estado de Zacatecas, mediante el cual se instruye la cancelación generalizada de contratos del personal académico, constituye un acto manifiestamente ilegal y violatorio de derechos laborales y constitucionales.
Explicó que dicho oficio carece de fundamentación, motivación y procedimiento ya que no establece causa legal, no acredita competencia ni emite notificación individual, y por tanto contraviene los artículos 14 y 16 de la Constitución, al privar derechos sin procedimiento legal previo.
Además, detalló que viola el artículo 123 Constitucional y los artículos 47, 48 y 49 de la Ley Federal del Trabajo, al ordenar ceses sin observar causales ni derecho de audiencia, a la vez de que desconoce los principios de legalidad, debido proceso y estabilidad laboral, pilares del Estado de Derecho.
Por tanto, Rada afirmó que “esta instrucción, firmada por un encargado de despacho sin facultades expresas para rescindir relaciones laborales, carece de validez jurídica y debe considerarse nula de pleno derecho”.
Asimismo, señaló que esa medida representa una cancelación masiva e intempestiva de contratos en medio del semestre escolar, afectando no sólo el sustento de los trabajadores, sino también la continuidad académica de cientos de estudiantes.
Ante esa situación, promoverá una acción jurídica colectiva que comprende amparos indirectos por violación a derechos constitucionales, denuncias ante la Secretaría de la Función Pública y la Comisión de Derechos Humanos por abuso de autoridad y violación al debido proceso administrativo y solicitud de medidas cautelares para suspender la ejecución de esta orden mientras se resuelve su legalidad.
